Escribe Reynaldo Saccone, ex presidente de la Cicop

Gilda Zurita, enfermera del hospital Penna, esperó varios días una cama de UTI en su obra social ObsBA. Cuando la obtuvo ya era tarde, falleció a las pocas horas. Fernando Gallego, kinesiólogo del mismo hospital, falleció luego de permanecer días en la sala de guardia sin lograr el ingreso a una terapia intensiva. Dos casos de trabajadores de la salud del hospital Penna, dos vidas perdidas por insuficiencia de recursos que revelan el desborde de todo el sistema.

“El sistema llegó a su límite” es la explicación oficial, como si fuera una maldición bíblica imposible de cambiar. No es así. Es producto de décadas de descuido por parte de los distintos gobiernos patronales del sistema público de salud y, en el caso de prepagas, obras sociales y sanatorios privados, es consecuencia del pillaje de sus fondos por parte de empresarios y burócratas sindicales. El límite no es un hecho de la fatalidad, lo está fijando el gobierno al no tomar las medidas necesarias que requiere la gravedad del momento.

El sistema privado busca ampliarse con más fondos públicos de los que ya recibe. El ministro de Salud de CABA entregó gratuitamente cincuenta respiradores al sector privado, luego quiso dar dos salas del hospital Muñiz a los privados, pero la reacción del personal lo impidió. Ni un centavo del Estado debe ir para obras sociales y sindicatos, los cuales tienen fondos multimillonarios. Que sus hoteles, escuelas y otras instalaciones sirvan para ampliar la oferta de camas. Tampoco para las prepagas, muchas de las cuales cobran 18.000 pesos al afiliado individual. Tienen los fondos para construir y alquilar. Por ejemplo, en Nueva York, en marzo del año pasado, un importante sanatorio privado, Mount Sinai, montó un hospital de campaña en pleno Central Park (La Nación, 31/3/2020). Es lo mismo que en nuestro país una gran prepaga, como OSDE o Medicus, instalara con sus propios recursos un hospital de campaña en Palermo para dar respuesta a la demanda.

Desde Izquierda Socialista venimos planteando la centralización nacional del sistema de salud en sus tres subsectores. No para salvar del colapso al sector privado y las obras sociales sindicales con los fondos que deben ir al sistema público, sino para planificar la atención de toda la población y controlar que los privados y las obras sociales presten la atención debida. Para que no se limiten a facturar, para que contraten el personal necesario. El ejemplo de Irlanda muestra que esto es posible. Tempranamente, en marzo del año pasado, su ministro de Salud anunció que “… los pacientes con este virus serán tratados de forma gratuita y como parte de un solo servicio hospitalario nacional. Mientras dure esta crisis, el Estado tomará el control de todas las instalaciones hospitalarias privadas y gestionará todos los recursos en beneficio común de todo nuestro pueblo” (The Journal.ie, Mar 24th 2020, Dublin).

Esta centralización debe ser acompañada por el fortalecimiento de todo el sistema de salud, que incluye la designación del personal necesario, la eliminación de la precariedad laboral y sueldos dignos que permitan vivir sin el pluriempleo. La centralización debe ser extensiva a las campañas de testeo, detección y rastreo y a la fabricación de vacunas en nuestro país, incautando las producidas en Garín por mAbxience del empresario peronista Hugo Sigman. Planteamos también el sostén económico de la población que deba aislarse con partidas de emergencia que engrosen los presupuestos de salud sobre la base de un verdadero impuesto a la riqueza y de la suspensión del pago de la deuda externa.