Escribe Daniel Vera, docente, miembro de la Red de Sobrevivientes de Abusos Eclesiásticos de Argentina

El 30 de abril pasado fue un día histórico en la lucha por la separación de la Iglesia del Estado. En la conservadora y religiosa Catamarca se condenó a doce años de prisión efectiva al cura abusador Juan de Dios Gutiérrez, que había manipulado y abusado de una joven de 16 años.

Las desesperadas artimañas usadas para postergar y obstruir el juicio por parte de la defensa del cura dan una muestra acabada de los “recursos” de que dispone esta institución para defender y encubrir sistemáticamente los abusos de sus miembros. Recursos que salen de nuestros propios bolsillos. El gobierno nacional y los gobiernos provinciales le otorgan a la Iglesia subsidios, privilegios y exenciones de impuestos a los cuantiosos inmuebles que destinan al “mantenimiento del culto”.

En esta misma línea, el lunes comenzó en Mendoza el tercer juicio por abusos en el instituto Antonio Próvolo, un colegio católico que “albergaba” niñas y niños hipoacúsicos y con otras discapacidades. Ya fueron condenados por la misma causa dos curas, a más de cuarenta años de prisión, y el jardinero. Ahora hay nueve mujeres imputadas, entre ellas dos monjas. El albergue se transformó en un lugar de abusos. Los relatos de las niñas y los niños son terroríficos.

Estos privilegios que encubren la impunidad de la Iglesia fueron ratificados por la última dictadura militar. Mediante el “decreto ley” 21.540, firmado por Videla, el Estado debe pagar con fondos del presupuesto general “una asignación mensual vitalicia” a los miembros de la “alta jerarquía católica, apostólica y romana” que se jubilen “por razones de edad o de invalidez”. Vale aclarar que jamás hicieron un aporte. Y lo más grave en esta connivencia entre Estado e Iglesia es que ningún gobierno, desde la vuelta a la “democracia” en 1983 hasta ahora, propuso derogar este y muchísimos decretos leyes que vienen de esa época nefasta.

Hoy, las instituciones educativas católicas no solo reciben cuantiosos subsidios del Estado, que deberían estar destinados a la educación pública, sino que cuentan con una “excepcionalidad” donde el mismo Estado permite que se viole la ley al no incluir en los programas la educación sexual integral (ESI), o que se la modifique de tal modo que los contenidos desaparezcan. Contenidos que, objetivamente comprobado, colaboran para evitar el abuso de niñas y niños en las escuelas.

Por eso hoy, con la fuerza incontenible de la marea verde de las mujeres y continuando esa lucha que ellas comenzaron, es el momento oportuno para luchar contra una institución que “predica” el patriarcalismo y utiliza su poder en contra de los derechos de los más vulnerables. Debemos exigir la separación ya de la Iglesia del Estado y la quita de todos los beneficios económicos que se le otorgan a la Iglesia Católica. Que los cultos sean mantenidos por sus seguidores, no por el Estado.