Escribe Guido Poletti
El gobierno del Frente de Todos viene preparando el tarifazo en los servicios públicos privatizados (gas, electricidad, transporte), acompañando el que ya comenzó con la suba de los combustibles. Es un secreto a voces que eso es parte de las exigencias del Fondo Monetario Internacional. En concreto, el organismo ha puesto la mira en los 11.000 millones de dólares que el gobierno destina a subsidios a este sector. Exige su reducción, pero como por supuesto el gobierno va a garantizar a las empresas privatizadas que sigan con sus ganancias, quienes terminarán pagando serán los usuarios, el pueblo trabajador, por medio de los tarifazos.
La electricidad y la mentira de la segmentación
El gobierno ya anunció un incremento general de 20%. A eso se sumarán otros aumentos, teóricamente “segmentados” según el poder adquisitivo. Por eso se había dado a publicidad un mapa que afirmaba que el tarifazo pleno sólo alcanzaría a quienes vivían en barrios ricos de CABA y la zona norte del Conurbano. Pero inmediatamente, desde el propio ministerio de Economía se comenzó a decir que con eso solo “no alcanzaría” para cumplir con el recorte exigido por el Fondo. Un reciente borrador del acuerdo con el FMI empezó a mostrar la verdad: ya se habla de otras nueve áreas que también serán alcanzadas por el tarifazo, afectando esta vez claramente a sectores populares.
El aumento del gas
Ya está pautada una suba generalizada de 13%. A esto se le sumarán otras que, al igual que en el caso de la electricidad, deberán alcanzar porcentajes enormes si se quiere cumplir con el recorte exigido por el Fondo.
Acá hay una particularidad. Es quién se queda con “la parte del león” de los subsidios. Se trata de los grandes monopolios de la extracción de gas (que son las mismas que las de petróleo). Empresas locales como Bulgheroni o Techint o, sobre todo, pulpos como la Total francesa, la yanqui Chevron, la china Sinopec o la angloholandesa Shell. Se llevan millonadas a partir de que el gobierno les garantiza un valor a boca de pozo totalmente desproporcionado y por encima de los costos locales.
Las tarifas de transporte y el falso federalismo
El tema de las tarifas del transporte de pasajeros de CABA y el Gran Buenos Aires dio lugar a otro debate. Es cierto que la tarifa es más barata que en el resto del país. Pero también lo es que diariamente millones tienen que recorrer largas distancias, de ida y vuelta, hacia sus lugares de trabajo, usando uno, dos y hasta tres medios de transporte.
El gobierno de Alberto Fernández plantea sacarle los subsidios a los colectivos que circulan exclusivamente por la Ciudad de Buenos Aires. Supuestamente para destinar ese dinero a un fondo federal de transporte. ¡Mentira! Lo que se busca es seguir ahorrando para cumplir con el FMI. Párrafo aparte para Larreta, que, por supuesto, no piensa en hacerse cargo él de los subsidios, sino directamente trasladarlos con tarifazos al usuario, como ya hizo hace algunos años con el subte.
¿Cuál es la salida?
La solución no pasa ni por achicar los subsidios ni por incrementar las tarifas. Mucho menos si la rebaja a los subsidios no es para redireccionar esos fondos para gastos sociales sino para pagarle al FMI.
Hay que romper la trampa entre seguir subsidiando las ganancias de estos pulpos, prestadores a la vez de pésimos servicios, versus subirle la tarifa a los usuarios.
La única salida es la reestatización inmediata de todos los servicios públicos privatizados, bajo gestión de los trabajadores y usuarios, única garantía de que todos esos recursos se vuelquen efectivamente a brindar un servicio de calidad, con tarifas accesibles para todos y populares para quiénes las necesiten.