Escribe José Castillo

El aumento cada día mayor de los precios se come los salarios y las jubilaciones. ¿Cómo hacer para recuperar el poder adquisitivo perdido y que este no se siga deteriorando?

El gobierno del Frente de Todos dice que está preocupado por la inflación y le “declara la guerra”. La oposición patronal de Juntos por el Cambio también declara que una de sus prioridades es combatir la inflación. Pero sus supuestas recetas “contra la suba de precios” terminan siendo justificaciones de mayores ajustes contra la clase trabajadora.

El gobierno habla de “las empresas formadoras de precios” y sus abusos. Pero no toma ninguna medida contra ellas y su única política pasa a ser “la concertación de precios y salarios”. Traducido: los empresarios se comprometen a no aumentar los precios (y después no cumplen, total nadie los sanciona), mientras la burocracia sindical sí les garantiza acuerdos salariales a la baja.

Juntos por el Cambio, al igual que los libertarios de Milei y Espert, dicen que  la inflación se debe exclusivamente a la emisión de dinero para financiar el gasto público. Su receta, entonces, pasa a ser ajustar echando a trabajadores estatales, bajar jubilaciones y achicar el gasto en salud, educación y vivienda.

En ambos casos, los precios siguen subiendo, pulverizando los ingresos de la clase trabajadora. Macri había prometido que iba a terminar con la inflación en cinco minutos, y terminó con índices superiores a los de los años kirchneristas. Ahora Alberto vuelve a batir el récord superando al macrismo.

¿Qué hacer?

Lo fundamental es preservar el poder adquisitivo de los salarios y jubilaciones, y recuperar lo que perdieron. Cualquier “lucha contra la inflación” que no empiece por esto no es más que una excusa para justificar un nuevo y mayor ajuste.
Por eso nuestra primera y fundamental medida es un aumento salarial de emergencia, para que nadie gane menos que el valor de la canasta familiar (calculado por los trabajadores de ATE Indec en 136.104 pesos), ajustado automáticamente mes a mes de acuerdo a la inflación. Y la reapertura inmediata de todas las paritarias, sin techo de ningún tipo. Con respecto a las jubilaciones, también se debe otorgar un aumento de emergencia, para que nadie quede por debajo de la canasta de la Tercera Edad (85.000 pesos), y la aplicación inmediata del 82% móvil.

Otorgados estos aumentos, el desafío siguiente es cómo evitar que las patronales los transfieran a los precios. Para ello hay que imponer precios máximos a todos los productos de la canasta familiar. Acá no se trata de ninguna “concertación” ni “acuerdo voluntario” que después nadie cumple. Nuestro planteo es lo opuesto a los “precios cuidados” de Roberto Feletti. Si, como suele decir retóricamente el gobierno, están identificados los monopolios formadores de precios (Arcor, Molinos, Coca Cola, Pepsico, Mastellone, Unilever y unos pocos mas) y los abusos de las cadenas de hipermercados (Disco, Vea, Chango Más, Carrefour, La Anónima, Coto), lo que hay que hacer es sancionar fuertemente la violación de los controles de precios o el desabastecimiento. Alcanza con aplicar de verdad la Ley de Abastecimiento, que autoriza a multar, clausurar y hasta expropiar a los infractores.

A esto debemos complementarlo con otras medidas. Hay que eliminar el IVA a todos los productos de consumo popular. Así automáticamente los precios se reducirán un 21%. Con un control como el del párrafo anterior esto podría garantizarse evitando las “avivadas” de las patronales.

También contribuyen a la inflación los aumentos de aquellos precios que dependen directamente del gobierno: los combustibles y las tarifas de los servicios públicos. Tenemos que salir de la trampa de que, o se aumentan los subsidios a los monopolios privados que usufructúan del sector, o se pasa eso a tarifas que tiene que pagar el pueblo trabajador. En ambos casos se garantizan las superganancias de esos grupos económicos, la mayoría transnacionales. Por eso, la salida es la reestatización de todas las empresas de servicios públicos privatizados, de todo el complejo gasífero-petrolero, la recreación de una YPF 100% estatal y una nueva Gas del Estado y la gestión de todas estas firmas nacionalizadas por sus propios trabajadores y usuarios. Así se garantizan tarifas sociales para quiénes efectivamente las necesitan.

Finalmente, tenemos aquellos productos que, formando parte de la canasta alimentaria popular, son a la vez productos de exportación. Tal el caso del trigo (materia prima de la harina y, por lo tanto, del pan y los fideos), el maíz (base de muchos comestibles) o el girasol (junto con el anterior, utilizado para el aceite). Lo mismo sucede con la carne. Los productores, al ver la suba de los precios internacionales en dólares, tratan de cobrar lo mismo en el mercado interno, obteniendo así una superganancia. Para ello, muchas veces acaparan, o generan escasez artificial de estos productos. Obviamente, hay que “desenganchar” los precios con que se vende en el mercado interno de los internacionales. Pero esto no se va a lograr con medidas tibias de medio camino, como hace el gobierno cuando sube sólo dos puntos de las retenciones a la harina y el aceite de soja, o crea “fideicomisos” de unos pocos productos. La salida debe ser de raíz: hay que nacionalizar el comercio exterior. Esta medida consiste en la creación de una ente estatal que compre toda la producción de esos bienes exportables, pagando en pesos, con precio sostén al pequeño productor y evitando los abusos del grande. Ese ente nacional volcará al mercado interno esos bienes, a precios populares, y luego de cubiertas estas necesidades, exportará el resto, quedándose con los dólares que podrán usar luego para financiar otros programas que atiendan urgencias populares. La nacionalización del comercio exterior, junto con la de la banca, evitará también las maniobras especulativas con el dólar y las bicicletas financieras, terminando con otra de las razones de la desestabilización que es utilizada como excusa para la suba de precios.

Todo este conjunto de medidas, que planteamos desde Izquierda Socialista y el Frente de Izquierda Unidad, son las que garantizan bajar la inflación y, lo más importante, la defensa de los  salarios y las jubilaciones.