Escribe Adolfo Santos
 
La actual pelea por el manejo del Consejo de la Magistratura ocupa los principales titulares de los medios de comunicación. El Frente de Todos propone elevar el número de miembros de dicho Consejo de 13 a 19, para tener la posibilidad de designar más jueces y cambiar el mecanismo de decisión, desde una mayoría de dos tercios hacia una mayoría simple. Con eso, Cristina intenta hegemonizar el control de los jueces.

Pero no son serias las acusaciones de la oposición patronal de Juntos por el Cambio de que el gobierno quiere “avasallar la justicia”. Ellos defienden una justicia con rémoras de los peores momentos de nuestra historia reciente, con jueces que juraron por los estatutos del Proceso de Reorganización Nacional, que orientaba la dictadura.

Cristina Kirchner, Sergio Massa y Juntos por el Cambio se pelean para ver quién pone algún miembro más en el Consejo de la Magistratura. “Debaten” mientras millones sufren con la desocupación, y los salarios son devorados por la inflación. Es una disputa alejada de las necesidades obreras y populares y cuyo único fin es manipular la justicia y colocarla a su servicio.

La pelea entre la dirigencia política patronal pasa por cuidarse las espaldas y evitar que sean condenados funcionarios, tanto de este gobierno peronista como del anterior de Macri, por enormes causas de corrupción. Cualquiera que sea el resultado de este debate, no irá a beneficiar a los trabajadores y sectores populares.

Pero podemos sacar dos importantes conclusiones de esta puja: esta Justicia es el poder más antidemocrático y no es para nada independiente de los gobiernos de turno.

Sus miembros son designados a dedo por el poder político, hoy con la magistratura y antes con el método (previo a la reforma de 1994) de una terna propuesta por el ejecutivo y la votación en el Senado.

No existe una “justicia independiente” como pregonan algunos. En cualquier tiempo los jueces han sido instrumentos de los poderosos. Fallan siempre contra los trabajadores y sectores populares. Cuando, presionados por la movilización, fallan a favor de los trabajadores, después no hacen cumplir las sentencias.

Las escasas condenas a políticos patronales por casos de corrupción responden a intereses partidarios de los mismos jueces. Inmediatamente el oficialismo denuncia la influencia de la oposición patronal y viceversa en un claro oportunismo político. Pero son parte del mismo juego.

Por eso denunciamos la justicia de los ricos, donde el que roba por necesidad para comer va preso y los grandes corruptos gozan de libertad. Por eso, además, los distintos gobiernos los protegen y toleran que se asignen salarios fantásticos, que no paguen impuesto a las ganancias y que tengan beneficios jubilatorios que no tiene un trabajador común. Siempre constituyeron una élite privilegiada.

Con el nombramiento de los jueces a dedo por el presidente o designados por el Consejo de la Magistratura no se va a terminar con esta justicia elitista que avala los negocios de los grandes empresarios y multinacionales, el saqueo y la contaminación ambiental y este sistema capitalista-patriarcal.

Los jueces deben ser electos por el voto popular, sus cargos deben ser revocables (no vitalicios), deben ganar lo mismo que lo que gana un docente con diez años de servicio o un trabajador especializado y se tiene que implementar el juicio por jurados. Estos serían los primeros pasos para construir una justicia al servicio de los derechos de las mayorías populares.