Escribe José Castillo
Las grandes cámaras patronales (Unión Industrial Argentina -UIA-, Asociación Empresaria Argentina -AEA-) han instalado una afirmación: que en la Argentina el problema son “los impuestos que nos abruman”. En particular, insisten que una enorme carga impositiva aplasta a los empresarios, ya que en nuestro país existen “165 impuestos” (según datos del IARAF).
Comencemos por el principio. No es cierto semejante número. El dato publicitado e impactante incluye tasas (o sea lo que se paga por una contraprestación, por ejemplo, luz, servicios de agua, etcétera), y pagos por otros conceptos como aportes jubilatorios. En concreto, el número real de impuestos es 70. Pero no es cierto que todos se cobran “a la vez”, ya que en muchos casos se trata de tributos distintos que se cobran en cada provincia, y por lo tanto el que se domicilia o ejerce su actividad económica en otra no lo paga.
Señalamos esto porque es mentirosa la afirmación de que el “problema” de la pobreza o la recesión en nuestro país se debe al exceso de impuestos. Rotundamente falso: se debe a la sangría permanente por los pagos de la deuda externa y al saqueo de nuestras riquezas. A lo que le podemos sumar la fuga de capitales, las evasiones impositivas y los mil y un delitos que llevan adelante impunemente las patronales que actúan en nuestro país, tanto nacionales como extranjeros.
Hablemos seriamente de impuestos
El interrogante de si en nuestro país se pagan muchos o pocos impuestos está mal formulado. La clase trabajadora paga muchísimos impuestos, tal el caso del IVA, del vergonzoso impuesto a las “ganancias” sobre el salario, del impuesto a los ingresos brutos que encarece los productos en cada provincia y de otros tributos perversos como el impuesto al cheque, que hace que un trabajador despedido, por ejemplo, al cobrar su cheque de indemnización, se le descuente automáticamente en ese concepto.
Por contraposición, las empresas que actúan en la Argentina pagan poquísimo de impuestos. Las alícuotas del impuesto a las ganancias son mucho más bajas que en otros países del mundo. Existen infinidad de mecanismos “legales” para eludir el pago. Peor aún, aún aquellos que evaden ilegalmente luego son sistemáticamente “perdonados” por infinitos blanqueos.
A nivel provincial, el impuesto inmobiliario es escandaloso: grava con fuerza a las pequeñas viviendas individuales y es bajísimo para las empresas y el inmobiliario rural.
Los grandes exportadores pagan retenciones al comercio exterior, que trasladan sistemáticamente al pequeño productor. Lo hacen en base a declaraciones juradas en los puertos que nadie verifica. Los grandes monopolios exportadores de gas, petróleo o megaminería gozan de enormes exenciones de sus obligaciones impositivas.
Los ricos individualmente también están escandalosamente privilegiados en términos impositivos. Solo deben pagar el impuesto a los bienes personales, que la mayoría también evade sistemáticamente. El impuesto a la herencia, eliminado por la dictadura con Videla y Martínez de Hoz, sigue sin existir en la inmensa mayoría de las provincias.
Un debate no menor: ¿a dónde va la plata?
La discusión no se agota en la estructura impositiva. El otro problema de la economía argentina es que lo recaudado no se destina centralmente a educación, salud, vivienda, obra pública, o a mejorar los salarios de los docentes o trabajadores de la salud. Por el contrario, la mayor parte de lo que se recauda se termina destinando a los pagos de deuda externa, o a subsidiar a las grandes empresas.
Que paguen los ricos y los que más ganan
Hay que modificar de raíz la estructura impositiva de nuestro país. Con un fuerte e imposible de evadir impuesto a las ganancias a las empresas. Con sanciones reales para aquellos que evaden. Con un impuesto extraordinario a las superganancias de las grandes patronales. Hay que reimponer el impuesto a la herencia. Y que el impuesto inmobiliario, urbano y rural, sea con valuaciones reales, priorizando a las empresas y eximiendo a la vivienda popular. Al mismo tiempo, se debe terminar con todas las exenciones impositivas que gozan las patronales, tanto las megamineras, como los monopolios del gas y el petróleo, incluyendo la necesidad de reinstalar los aportes patronales. También se deben cobrar fuertes impuestos a las riquezas individuales de los multimillonarios de nuestro país, independientemente que su domicilio legal se encuentre en Argentina o en el extranjero.
Por contraposición, hay que terminar con los impuestos que afectan a los sectores populares. Se debe eliminar el IVA a los productos de la canasta familiar y el impuesto al salario (falsamente llamado impuesto “a las ganancias” sobre el salario).
Este es el auténtico programa para que los impuestos, junto el no pago de la deuda externa, aporten al financiamiento de un programa alternativo que resuelva los más urgentes problemas populares.