Escribe Mariano Barba

Desde el gobierno nacional se ataca permanentemente a las organizaciones de la Unidad Piquetera, porque son las que lo enfrentan y denuncian. En cambio, otras organizaciones, como el Movimiento Evita liderado por Emilio Pérsico y Fernando “Chino” Navarro son aliadas de Alberto Fernández; lo mismo que la CTEP dirigida por Juan Grabois y la Corriente Clasista y Combativa (CCC) conducida por Juan Carlos Alderete del PCR. Varios de esos dirigentes son funcionarios del gobierno. El más destacado e influyente de los oficialistas es Pérsico, actual Secretario de Economía Social, integrado al ministerio de Desarrollo Social, y que coordina la distribución del programa Potenciar Trabajo. Con un presupuesto asignado para el 2022 de 243.000 millones de pesos destinado a 1.271.215 titulares activos.

Tanto Pérsico como el ministro Juan Zabaleta ratificaron en varias oportunidades que la inscripción al Potenciar Trabajo “no se abre”. Ese es uno de los principales reclamos de la Unidad Piquetera, que exige la “universalización” de este programa social “para todas y todos los que lo necesiten”.

Pero no están solos en el ataque a los piqueteros. Desde el interbloque de Juntos por el Cambio, a través del diputado Gerardo Millman, proponen una ley contra las protestas en la vía pública con prisión de hasta dos años para los dirigentes que estén al frente de las manifestaciones de los desocupados. También, Horacio Rodríguez Larreta, jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, luego del acampe de marzo le solicitó al gobierno nacional que quite los planes para los que cortan las calles e interrumpen la circulación. Por su lado, Javier Milei, por intermedio del diputado Ramiro Marra lanzó el Movimiento Anti Piquetero Argentino (MAPA) amenazando enfrentar en las calles las acciones de los piqueteros.

Todos estos sectores apoyan los recortes que intenta poner el gobierno y apuntalan el ajuste de Alberto Fernández, más allá de las diferencias que puedan expresar en el terreno político. Lo concreto es que apoyan el acuerdo con el FMI y plantean imponerlo como de lugar.

Repudiamos el achique que pretende el gobierno sobre los planes y las partidas de alimentos y el ataque sistemático de todos los partidos patronales al derecho a la protesta y los movimientos sociales.