Escribe José Castillo
El 6 de junio pasado, el gobierno del Frente de Todos presentó con bombos y platillos el llamado “proyecto de ley para gravar la renta inesperada”. El presidente Alberto Fernández y su ministro Martín Guzmán explicaron su alcance.
Se trata de una sobre-alícuota del 15% en el impuesto a las Ganancias aplicable a aquellas empresas que tuvieron ganancias superiores a 1.000 millones de pesos. Pero, para estar alcanzadas por esta mayor tasa, las empresas deben haber tenido una márgen superior al 10% este año con respecto a sus ingresos, o que sus ganancias totales sean en 2022 un 20% superiores a 2021. Como se puede apreciar, más allá de los tecnicismos, son muy pocas las firmas que pueden quedar alcanzadas, como el mismo gobierno lo reconoce (se habla de 350 empresas y de una recaudación posible de, como mucho, 1.000 millones de dólares).
Permítasenos expresar nuestra desconfianza de que el gobierno quiera, efectivamente, que este proyecto avance y se apruebe. Daría la sensación de que se trata de toda una puesta en escena para posar de “progresistas” sabiendo que, al final, será rechazado por Juntos por el Cambio en Diputados. Al tratarse de un simple aumento de tasa en el impuesto a las ganancias, el gobierno podría haber recurrido a ejecutarlo por medio de una resolución de la AFIP. Como explicó el propio Martín Guzmán, “no se trata de un nuevo impuesto”. Sin embargo, se lo manda al Congreso como si así lo fuera, conociendo que no tienen ni de lejos los números para que se apruebe.
Un último detalle, no menor. El FMI no se opone a este proyecto. Porque sabe que, de última, si llega a implementarse e incluso cobrarse, el dinero recaudado irá a engrosar los pagos al organismo, tal como fue establecido en el acuerdo firmado por el gobierno en marzo.
