Escribe José Castillo

El martes 12, el gobierno de Alberto Fernández dio a conocer los detalles del anunciado tarifazo a los servicios públicos privatizados de electricidad, gas y agua. Tal como se venía sospechando, terminó siendo mucho mayor al anunciado a principios de año. Van desde el 50% para la luz hasta el 150% para el agua. Alcanzando, además, a amplias franjas del pueblo trabajador. Muy lejos quedaron los debates de que Cristina “se oponía” al incremento de tarifas. El aumento es obra del superministro Sergio Massa, con pleno aval de Alberto y Cristina Fernández.

¿Cómo será el tarifazo?

El gobierno dividió a la población en tres niveles: el grupo A, que perderá todo subsidio (399.000 hogares), el grupo B, el más bajo socialmente (5 millones de hogares) y un grupo intermedio C, integrado por 3.451.000 hogares, sobre los que caerá una parte sustancial del tarifazo.

Pero no será solamente esta división la que establecerá quién pagará tarifa plena (grupo A), quién tendrá aumentos pero parciales (grupo B) y quiénes sufrirán solo el incremento del 20% que ya se produjo (grupo C). Se establece también un tope de consumo de 400 kWh mensual por hogar (o 550 kWh para las localidades que no cuenten con gas natural), traspasado el cual se paga plenamente el tarifazo por la diferencia.

En concreto, en la franja promedio, el aumento será, como mínimo, de un 50%. Como ejemplo: un cliente de Edesur que consume 300 kWh mensuales pasará de pagar 1.467 pesos mensuales a 2.285 pesos. Como ya dijimos, será mucho más si se pasa del máximo de los 400 kWh.

No es cierto que el aumento de tarifas eléctricas solo alcanza a los ricos. Muchas familias populares gastan mucho más en electricidad que el límite de 400 kWh, debido a que tienen artefactos más viejos que consumen más energía. Los sectores más postergados viven en lugares donde no llega la red de gas y se calefaccionan con electricidad, superando fácilmente dicho límite. Muchas familias de dos o tres generaciones viven en un domicilio donde, más allá que haya dos o tres unidades de vivienda, comparten un solo medidor, pasando también fácilmente el máximo establecido. Sobre el bolsillo de todos ellos caerá el tarifazo.

También se anunciaron incrementos en las boletas de gas, que se efectivizarán en los próximos tres bimestres. Se trata de un aumento cercano al 100%. Los usuarios con consumo promedio (97 metros cúbicos mensuales) pasarán de una boleta de 1.650 pesos en junio a otra de 3.100 pesos en enero. En la franja intermedia, los hogares que conservarán una parte del subsidio pasarán a pagar 2.146 pesos al cabo de los tres aumentos. Las tarifas de agua también subirán en un promedio de 100% de acá a junio de 2023. A los aumentos domiciliarios hay que sumarle los tarifazos de los tres servicios que caerán sobre los comercios, y que luego, trasladados a los precios, sumarán a la carestía.

¿Quienes se beneficiarán?

El aumento que se acaba de informar es parte del plan de ajuste acordado por el gobierno del Frente de Todos con el FMI. Tiene el objetivo explícito de reducir el gasto público en subsidios para ahorrar alrededor de 47.000 millones de pesos este año y entre 500.000 y 600.000 millones el año próximo, y así cumplir con las metas del Fondo y demostrar que tiene dinero para seguir pagando la deuda externa.

Pero la reducción de subsidios no perjudica a los dueños de las empresas privatizadas. Ellos siempre ganan: si no es con tarifazos, es con subsidios. O les paga el pueblo trabajador con los aumentos en las boletas o las sostiene el gobierno con subsidios. Así viene siendo desde que Menem llevó adelante las privatizaciones, en la década del ‘90. Las empresas, a lo largo de todas estas décadas, brindaron servicios pésimos, nunca cumplieron con los planes de inversión a los que estaban obligadas por los contratos, pero siguieron embolsando superganancias con la anuencia de absolutamente todos los gobiernos, sea Menem, De la Rua, Duhalde, Néstor Kirchner, Cristina Fernández, Mauricio Macri o ahora Alberto Fernández.

Hoy, con el tarifazo, ganan Daniel Vila, José Luis Manzano y Mauricio Filiberti, los dueños de Edenor. Vila, propietario también del Grupo América. Manzano, ex ministro de Menem, con una fortuna hecha en base al robo y la corrupción, y con negocios junto con Vila en el petróleo y la megaminería contaminante. Y Mauricio Filiberti, llamado “el rey del cloro” por sus negocios con Aysa, la empresa estatal de aguas manejada por Malena Galmarini, esposa de Sergio Massa.

También gana el grupo multinacional ENEL, dueño mayoritario de Edesur. En el gas, los que se embolsarán el tarifazo serán los propietarios de las distintas empresas que prestan el servicio de distribución en las diferentes zonas del país. Así tenemos a Metrogas (cuyo accionista mayoritario es YPF, pero hay un 30% de acciones en manos privadas), GasNor S.A. (propiedad del grupo transnacional Naturgy), GasNea S.A. (donde entre los dueños aparece Panamerican Energy y el Grupo Roggio, junto con el gobierno de Entre Ríos), Distribuidora de Gas del Centro y Distribuidora de Gas Cuyana S.A. (con dueños mayoritarios en el Grupo financiero Puente), Litoral Gas (grupo financiero transnacional Sociedad Tibsa Inversora y Tecpetrol-Techint), Gas Natural BAN (de la transnacional española Fenosa), Camuzzi Gas Pampeana S.A. y Camuzzi Gas del Sur (del holding italiano Camuzzi Gas Inversora).

Repudiamos este tarifazo que pega directamente al bolsillo del pueblo trabajador. Para que los ganadores de siempre no sean el FMI y los dueños de las privatizadas, decimos que hay que rescindir todas las concesiones y reestatizar todas las empresas de servicios públicos privatizados, colocándolas bajo gestión de sus trabajadores y usuarios. Solo así habrá servicios de calidad, con tarifa social para quién la necesite.