Escribe José Castillo

Finalmente, la semana pasada se conoció el índice oficial de inflación del mes de julio. Resultó ser de 7,4%, la más alta de los últimos 20 años. En el año, ya acumula un 46,2% y, anualizada, un 71%. Nos vamos acercando peligrosamente a terminar el 2022 con una inflación para todo el año cercana al 100%.

Pero, más allá de estos fríos números estadísticos, la dramática realidad es la suma de aumentos que, semana a semana, tienen todos los productos de la canasta familiar, tanto alimentos como artículos de limpieza y tocador. Lo mismo que los medicamentos y otros productos de los que el pueblo trabajador no puede privarse. Para agosto, los números no vienen mejor: en la primera quincena hubo otras tandas de aumentos en las góndolas de los supermercados. Pero también el gobierno del Frente de Todos autorizó incrementos en el transporte (colectivos, tren y subte), la medicina prepaga, los colegios privados. Y se vienen, por exigencia del FMI, varios meses con subas sistemáticas de las tarifas de los servicios públicos privatizados.

Frente a esta realidad, el nuevo secretario de Comercio Interior y Exterior, Matías Tombolini, no tuvo vergüenza en debutar diciendo que el problema es que la gente mira los precios que suben y no los que bajan, y que la alta inflación es una “sensación”, mientras repetía la vieja fórmula de volver a reunirse “para la tribuna” con los remarcadores, las grandes empresas monopólicas de alimentos y artículos de limpieza y tocador (Arcor, Molinos, Quilmes, La Serenísima, Procter&Gamble, Unilever) y los dueños de los hipermercados (Jumbo, Disco, Coto, Changomás, La Anónima, Día), para volver a rediscutir el programa de “Precios Cuidados”. Que, como todos ya sabemos, luego estas mismas empresas violarán descaradamente, con la tranquilidad de que nunca serán sancionadas.

La contracara de todo esto es la pulverización más absoluta de los salarios, las jubilaciones y los montos de los planes sociales. Para los trabajadores en blanco, todos los acuerdos paritarios volvieron a quedar por detrás de la suba de precios de estos meses. Ni hablemos de los precarizados, que ya directamente cobran ingresos de indigencia. O de los estatales de todas las categorías (incluyendo a los docentes y a los trabajadores de la salud), a los que el propio gobierno, como su patrón, toma como variable de ajuste para cumplir con el FMI. Ya suman millones los trabajadores que, aún teniendo un empleo, caen bajo la línea de pobreza.

Que, en medio de todo esto, la burocracia de la CGT y las CTA sigan manteniendo su pacto con el gobierno, o hagan su marcha anunciando que “no es un acto opositor”, es directamente indignante. Justamente por eso, para marcar el camino de lo que hay que hacer, es que el 17 de agosto marchamos en forma diferenciada con el sindicalismo combativo a Plaza de Mayo. Exigiendo lo básico frente a esta realidad: que haya un aumento de emergencia, para que nadie gane menos que el valor de la canasta familiar, hoy calculado en 179.990 pesos por los trabajadores de la Junta Interna de ATE-Indec. Y que ese monto se actualice mensualmente de acuerdo al incremento del costo de vida. Al mismo tiempo, hay que reabrir todas las paritarias, para reajustar los salarios de todas las categorías  con las subas que correspondan para que no se achate la pirámide y nadie pierda poder adquisitivo.

Por supuesto que ni las patronales ni el gobierno van a aceptar fácilmente otorgar estos aumentos. Las patronales, para mantener sus superganancias. Y el gobierno, porque el hecho de que la inflación se coma los salarios estatales le conviene para hacer pasar más fácil el ajuste exigido por el FMI.

Entonces, al mismo tiempo que denunciamos la traición de las direcciones burocráticas de la CGT y las CTA, tenemos que seguirles exigiendo que llamen a un paro nacional y un plan de lucha contra el ajuste en curso.