Escribe Guido Poletti

El gobierno del Frente de Todos trabaja a toda velocidad para lograr meter el incremento de las tarifas de luz y gas en el mes de septiembre. La duda es cuántos usuarios lograrán conservar los subsidios, y cuántos caerán en las garras del aumento pleno de las facturas.

Según los datos del Registro de Acceso a los Subsidios de Energía, se anotaron para conservarlos 9,7 millones de hogares, de los cuales solo 428 mil califican como “de altos ingresos” y por lo tanto perderían el beneficio. El problema es que en total hay 15,5 millones de usuarios de energía eléctrica. ¿Qué pasa con los 5,8 millones no inscriptos en el registro? ¿Acaso son todos millonarios? ¿Todos ganan más de 350.000 pesos, o son propietarios de tres inmuebles, o tienen un avión privado o un barco? Evidentemente no, pero la realidad es que a hoy estarían perdiendo el subsidio y les tocaría plenamente el tarifazo eléctrico, con aumentos promedio de 2.000 pesos. En el caso del gas, este universo estaría alcanzando a cuatro millones de hogares.

Todo esto demuestra la improvisación y el desmanejo de un gobierno que lo único que quiere es que se avance “rápido” para dar una señal al FMI. En el medio de todo esto quedan millones que no se pudieron inscribir por desconocimiento, por falta de acceso a internet o por situaciones como encontrarse con contratos de alquiler en negro.

Se saltean las audiencias públicas

El gobierno, en su afán de avanzar con el ajuste, está dispuesto a pasar por alto hasta las exigencias más básicas de los contratos de concesión de las privatizadas. Así, descarta realizar las obligatorias audiencias públicas previas a cualquier aumento. En el caso del gas, desde la secretaría de Energía anuncia increíblemente que la audiencia se realizará…¡después del aumento! Para el caso de la electricidad es peor aún, ya que se argumenta que “no hace falta audiencia pública, ya que se trabajará sobre la realizada en el primer semestre”. Frente a esto, 30 asociaciones de consumidores amenazan con judicializar el tarifazo diciendo en su escrito que en las audiencias anteriores “no se puso en discusión la segmentación en niveles de ingresos y patrimonio, como sí se hizo posteriormente a través del decreto 332/2022, ni los topes al consumo y la quita del subsidio por los consumos excedentes. Por lo tanto,  no puede considerarse válida la aplicación de la quita de subsidios fundamentado en la realización de la Audiencia Pública del 12 de mayo de 2022”.

Hay que rechazar los tarifazos y reestatizar las privatizadas

Los inminentes tarifazos no solo serán una prueba más del ajuste del FMI. También son una demostración de que se le sigue garantizando las superganancias a los monopolios que manejan estas privatizadas (sea el Grupo Vila-Manzano o la multinacional italiana ENEL en el caso eléctrico, o los pulpos energéticos en el gas). A ello se le agrega que los tarifazos serán manifiestamente ilegales.

No podemos seguir girando entre subsidiar con millones a las privatizadas versus sufrir tarifazos que agujerean el bolsillo del pueblo trabajador. Hay que rescindir inmediatamente todos los contratos, ya que las empresas no cumplieron ni con las inversiones prometidas ni con los estándares mínimos de calidad requeridos. A partir de allí hay que reestatizar todas las empresas de servicios públicos privatizados, poniéndolas bajo la gestión de sus propios trabajadores y las organizaciones de usuarios. Solo así tendremos auténticos servicios de calidad, con tarifas sociales para quiénes la necesiten.