Escribe Sue Ceballos, Ambiente en Lucha Rosario (Izquierda Socialista e independientes)

Una masiva movilización se había llevado la semana pasada la promesa de que este jueves 29 habría dictamen por la Ley de Humedales. Pero el lobby de los empresarios y gobernadores del Frente de Todos y Juntos por el Cambio volteó el avance del proyecto que defienden las asambleas ambientales.

El pasado jueves 22 se llevó a cabo el Plenario de Comisiones en la Cámara Baja para discutir los proyectos Ley de Humedales. Una multitud de organizaciones socioambientales, políticas, autoconvocados e incluso delegaciones de otras localidades (como los que venimos de protagonizar el corte del puente Rosario – Victoria con más 10.000 personas) viajaron para defender el proyecto consensuado por más de 500 organizaciones de todo el país.

Como parte de esa movilización estuvimos también desde Ambiente en Lucha junto a nuestro diputado nacional electo, Juan Carlos Giordano, y también la Coordinadora Basta de Falsas Soluciones.
El funcionamiento del Plenario de Comisiones  (Recursos Naturales, Economía, Agricultura y Ganadería) mostró una mayoría de intervenciones a favor de la Ley de Humedales, pero la firma del dictamen para que el proyecto pueda tratarse en la cámara de diputados fue frenada ante el pedido de Ricardo Buryaile (de la UCR y la Sociedad Rural Argentina) de “tiempo” para reflexionar sobre las propuestas en debate. Leonardo Grosso (Movimiento Evita - Frente de Todos), como presidente de la comisión de Recursos Naturales, accedió a dicha propuesta, y luego ante el activismo que se había movilizado esbozó la explicación de que si bien “los votos estaban”, con una semana más se conseguiría un dictamen favorable con más peso.

La realidad fue que los días siguientes fueron utilizados por la Mesa de Enlace y las corporaciones mineras para realizar un lobby furioso contra la ley. Los gobernadores (peronistas y macristas) impulsaron en sus legislaturas provinciales pronunciamientos contra el proyecto, como hizo Juan Schiaretti en Córdoba. Y la frutilla que coronó todo fue la suspensión de la nueva sesión que había sido convocada para este 29/9.

La Red Nacional por los Humedales definió esta maniobra como una traición. Está claro que el avance de esta ley sólo podrá venir como fruto de la movilización y la organización, no por regalo de ningún gobierno. No descansaremos hasta que sea ley.

Queremos la ley de humedales consensuada, no cualquier ley

El proyecto de Ley de humedales pretende defender un ecosistema que abarca el 21,5% del territorio argentino, el 40% de la biodiversidad mundial vive o se reproduce en ellos y además son importantes reservorios de agua dulce. También cumplen la función de “esponja” nivelando el nivel del río previniendo inundaciones y almacenando más gases de efecto invernadero que ningún otro ecosistema, mitigando los efectos de la crisis climática producida por la depredación capitalista favoreciendo a las multinacionales del agronegocio, las mineras y el negocio inmobiliario. A su vez tenemos que considerar que, en nuestro país una buena parte de la reserva de litio se encuentra en humedales, en territorios donde habitan comunidades originarias o en zonas periglaciares.

Alrededor de diez proyectos están puestos en debate, entre ellos el que impulsa el Consejo Federal del Medio Ambiente (Cofema) de la mano del ministro Juan Cabandié y el gobierno peronista del Frente de Todos, también uno presentado por la oposición de Juntos por el Cambio. Estos proyectos están al servicio del lobby extractivista, eliminando muchos artículos y consideraciones del proyecto consensuado, modificando gravemente la definición de humedal, reduciendo el ámbito de la aplicación de la ley y los ecosistemas que protege, suprimen las expresiones como “uso racional”, “integridad ecológica”, “evaluación de impacto estratégica”, y “evaluación de impacto ambiental”, “preservación” y “enfoque ecohidro geomórfico”.

Desde Izquierda Socialista y el FIT Unidad, insistimos además con que deberían ser considerados la inclusión de los castigos penales para quienes comenten los crímenes ecocidas de los incendios sistemáticos, y garantizar la aplicación de la ley de la mano de organismos de consulta democráticos.