Escribe José Castillo

La inflación oficial de agosto cerró en 7%, más arriba incluso de lo que preveían las consultoras privadas. La aceleración que se está dando desde julio pasado ya nos marca una certeza, se va a terminar el año con un suba de precios de alrededor de 100%.

La suba de septiembre será de, al menos, un 6,5% en promedio, y para octubre va camino a otro 7%. Todo esto sin contar cualquier eventual devaluación, que termine tirando los precios aún más arriba.

Este incremento de la carestía tiene sus consecuencias. Esta semana se conocerá el dato de pobreza al final del primer semestre del año. Diversos estudios calculan que rondará el 37%, o sea 17,2 millones de personas. Pero prestemos atención, ese número nos marcará la situación antes del descalabro inflacionario total, que estalló a partir de julio. Que, sin duda, aumentó la pobreza por sobre el valor del primer semestre. Por eso podemos afirmar que actualmente la población en esas condiciones supera largamente el 40%.

Mientras tanto, el gobierno del Frente de Todos sigue autorizando aumentos. Ya le dio el visto bueno a un incremento del 29,6% para las empresas prestadoras de servicios de telefonía, internet y televisión. Tenemos ya corriendo el tarifazo del gas y la electricidad, que aparecerá en las facturas a pagar en octubre o como mucho en noviembre en la primera cuota, con más aumentos en diciembre y febrero de 2023. Y, por si todo esto fuera poco, quedan dos aumentos autorizados para octubre y diciembre de las prepagas de salud, de 10,5% cada uno.

Mientras tanto, los precios de los productos de la canasta familiar siguen subiendo en las góndolas. El secretario de Comercio Matías Tombolini se reunió con las principales empresas de la alimentación y artículos de limpieza y tocador (Molinos, Arcor, Coca-Cola, Quilmes, Procter & Gamble, Unilever) que se comprometieron a “moderar” las subas. Pero la realidad es que está pasando exactamente lo contrario. Casi la mitad de estas empresas ya mandaron listados con incrementos. Veamos: Coca-Cola, un 20%; Molinos, 20%, Quilmes, 6%. Arcor, Unilever y Procter & Gamble disimulan, no subiendo en los supermercados, pero sí haciéndolo en los listados que envían a los negocios de cercanías (supermercados chinos y almacenes). Lo concreto es que entre treinta y cuarenta productos de la canasta básica subieron esta quincena en valores que van desde 40 hasta 90%. La consultora LCG asegura que la suba promedio de alimentos y bebidas para este mes de septiembre será de 7,7%. Otro informe, esta vez de Ecolatina, sostiene que en el rubro de indumentaria el incremento fue de 17,7%.

La contrapartida a todo esto es que los salarios están por el piso. Todos los trabajadores, sin excepción, estén en blanco o precarizados, vienen perdiendo frente a la inflación. Muchos gremios tienen como último acuerdo un 60% anual y en cuotas. Ahora, tras el descalabro antes mencionado, quieren arreglarlo llevando el techo a un 80% (por supuesto, nuevamente en cuotas), cuando ya todas las proyecciones dan una inflación de 100%. O se empieza a hablar de un supuesto “bono” recién para fin de año.  

Hay que exigirle a la burocracia sindical de la CGT y las CTA que rompan su pacto con el gobierno y que salgan a enfrentar las consecuencias de este ajuste brutal que está pulverizando los salarios. Es necesario un aumento de emergencia para todos, pero ahora mismo, no “a fin de año”. Y no puede ser un monto insignificante: tiene que alcanzar para que ningún trabajador quede por debajo de la línea de pobreza, hoy calculada por los trabajadores de ATE Indec en 192.651 pesos. Que se actualice mensualmente de acuerdo al alza del costo de vida. Para, a partir de allí, reabrir la discusión en todas las paritarias. Esto, y una real control de precios, fijando valores máximos para todos los artículos de la canasta familiar y sancionando de verdad a quiénes lo violen, con la aplicación de la ley de abastecimiento, son las auténticas medidas para enfrentar el flagelo inflacionario.