Escribe José Castillo

La Cámara de Diputados de la Nación vota esta semana el proyecto de presupuesto nacional 2023. Todo el texto está orientado en una única dirección: cumplir con las exigencias del acuerdo con el FMI. Lo dice explícitamente el propio texto, en el mensaje que envía el Poder Ejecutivo: todo debe ser concordante con el acuerdo firmado con el Fondo en marzo pasado.

Es que, de acuerdo a esto, si ya en 2022 se debía realizar un brutal ajuste para reducir el déficit hasta el 2,5% del PBI, esto se tiene que agudizar el año próximo. Hay que seguir recortando hasta llegar a un déficit del 1,9%. Eso es lo que el Fondo exige que quede reflejado en el presupuesto que se vote para el año que viene.

Analizando el proyecto, podemos resumirlo en un solo punto. Todo se achica, menos los pagos de intereses de deuda, que crecen un 102%. La contrapartida, el gasto total será el más chico de todo el siglo XXI. En educación se reduce un 15,5%, que se suma al 5% que ya se está achicando este año. Otro dato terrorífico es que, mientras que se verifica que en nuestro país más de la mitad de les niñes y adolescentes son pobres, se reducen todas las partidas con ese destino en un 15% en promedio. Esto último es tan escandaloso que generó una presentación de Unicef en la Comisión de Familia de la Cámara de Diputados advirtiendo: “riesgos de desfinanciamiento significativos para algunas políticas fundamentales para la niñez, como la prestación alimentaria”.

Claro que el recorte tiene excepciones. El proyecto de presupuesto viene acompañado de una separata donde se garantiza la continuidad de los beneficios (subsidios, exenciones impositivas) para los sectores más concentrados de la economía.

Párrafo aparte merece la discusión sobre si los jueces y magistrados del Poder Judicial deben pagar impuesto a las ganancias. Por supuesto que sí, y es vergonzoso el lobby que están realizando para mantener sus privilegios. Pero debemos hacer una aclaración, estamos en contra de que junto con ello se aproveche para obligar a pagar impuesto a las ganancias a los trabajadores judiciales. Ni ellos ni ningún trabajador debería hacerlo, por algo tan simple como que el salario no es ganancia.

Que este presupuesto es de ajuste y escrito a la medida del FMI no lo niega ni la propia oposición patronal de Juntos por el Cambio, que ha arbitrado todos los mecanismos para que sea aprobado, independientemente de que, en la votación, disimulen absteniéndose o incluso algunos diputados votando en contra. Los que así lo hacen, como López Murphy, reconocen que contiene un fuerte ajuste, pero exigen “más”. La misma posición que sostienen los liberfachos de Milei y Espert.

El Frente de Todos, en la diversidad de sus líneas internas y “subbloques”, votará a favor, siendo el proveedor de la mayor cantidad de legisladores para garantizar su aprobación. Esto a pesar de todos los discursos contra el ajuste, vacíos de contenido, ya que es el propio gobierno quien lo ejecuta con pleno acuerdo de Cristina, Alberto Fernández y Sergio Massa.

Desde el Frente de Izquierda Unidad, a través de nuestros diputados, denunciamos todo esto y somos los únicos que votamos en contra exigiendo un plan opuesto, que priorice las necesidades populares y no los pagos de deuda y las exigencias del FMI. Pero además, y más allá del desenlace de esta votación, llamamos a pelear contra las consecuencias del ajuste, apoyando todas y cada una de las luchas que ya está dando hoy y sin duda seguirá llevando adelante en el futuro el pueblo trabajador.