Escribe Guido Poletti

Ya se está efectivizando la suba de tarifas eléctricas. Para las empresas del área metropolitana (Edenor y Edesur) se ha autorizado un incremento del 27% a partir del 1° de noviembre. Es el segundo impacto en el bolsillo popular en apenas dos meses, que afecta directamente a casi un tercio del total de los hogares. Como sabemos, no es cierto que solo afecta a los usuarios ricos (se sabe que, por distintas causas, decenas de miles de hogares no se inscribieron en el registro para mantener los subsidios).

Sin embargo, los tarifazos no terminan ahí. El proyecto de ley de presupuesto ya aprobado en Diputados y en camino a aprobarse en Senadores autoriza a que las empresas propongan un nuevo cuadro tarifario en 2023 “hasta que sea suficiente para saldar su deuda con Cammesa”. En la práctica, se esperan nuevos aumentos del 40% entre diciembre y enero y de otro 40% entre febrero y marzo.

Expliquemos la deuda de Edenor y Edesur con Cammesa. Esta última es la empresa distribuidora mayorista (estatal) que le compra energía a las transportadoras y luego se la vende a las distribuidoras minoristas (como Edenor y Edesur). Sucede que estas dos privatizadas hace un largo tiempo que, si bien le cobran las tarifas a los usuarios, no le pagan un peso a Cammesa (en la práctica venden energía que reciben gratis). Así, fueron acumulando una enorme deuda con la empresa mayorista estatal (más de 200.000 millones de pesos). El acuerdo con el gobierno fue que Edenor y Edesur suban las tarifas para pagar esa deuda. Pero ese pago se hará…en cómodas cuotas durante ocho años. O sea, cobrar en efectivo a los usuarios y pagarle en cuotas al estado. Un escándalo. Un negociado a la medida de Vila-Manzano (los dueños de Edenor) y de la transnacional ENEL (propietarios de Edesur).

Nos oponemos a los tarifazos, y seguimos diciendo que la salida no pasa por ahí ni por los subsidios que le mantienen las ganancias a las empresas. La única solución pasa por reestatizar todas las privatizadas bajo gestión de los trabajadores y usuarios, para garantizar servicios de calidad y tarifa social para quien la necesite.