Escribe José Castillo

Reafirmando un giro cada vez mayor hacia apoyarse en el imperialismo yanqui, el gobierno del Frente de Todos ha firmado un acuerdo de intercambio de información (Fatca, por sus siglas en inglés) con su homónimo de los Estados Unidos. Tiene como objetivo intercambiar datos sobre cuentas bancarias en ambos países, a los fines de que cada uno de ellos pueda cobrar los impuestos correspondientes. No es el primer acuerdo de este tipo: ya el gobierno de Mauricio Macri había firmado uno, ciertamente que de menor alcance.

En concreto, el gobierno argentino se compromete a informar al norteamericano los datos de todas las cuentas abiertas por ciudadanos de ese país en nuestros bancos. Y los yanquis harán lo mismo con las cuentas abiertas por argentinos en el país del norte. Esto último es lo que se ha venido anunciando con bombos y platillos por parte de Sergio Massa y otros funcionarios del gobierno. Hablan de un número cercano a 100.000 millones de dólares fugados y depositados en bancos yanquis que ahora podrán ser conocidos y a los que se les podrá cobrar impuestos.

Pero a no ilusionarse, el acuerdo que entraría en vigencia el año que viene, solo será para que se informen de cuentas de ciudadanos con domicilio en argentina que abrieron cuentas en Estados Unidos (incluyendo algunos paraísos fiscales, como Delaware y Dakota del Sur, pero dejando afuera a otros como las islas Vírgenes o Puerto Rico). Varios grandes empresarios que fugaron sus capitales, como por ejemplo Marcos Galperín, no serán alcanzado por la norma por el sencillo hecho que fijó su domicilio en Uruguay.

Un nuevo blanqueo

Así y todo, la información que se obtenga podría brindar datos interesantes sobre unos cuantos especuladores que han fugado capitales, nunca comunicaron el origen de los mismos y, por supuesto, no abonaron los impuestos respectivos. La apertura a estos datos se daría al parecer a partir de septiembre del año próximo.

El gobierno del Frente de Todos, dada esta realidad, busca aprovechar para juntar unos pesos con anticipación. Recurre para ello a una vieja herramienta, el blanqueo de capitales. La misma que utilizó Macri durante su mandato. Sencillamente, se les ofrece a aquellos que informen voluntariamente  con anterioridad sus cuentas en el exterior una “amnistía” sobre los delitos cometidos: nadie les preguntará el origen de los fondos, se les perdonarán los impuestos anteriores no pagados y, a cambio de un pago con una tasa especial (menor a la que les correspondería) quedan “blanqueados”, pasan a no deber nada, y pueden usar libremente sus fondos fugados. La alícuota a pagar se irá incrementando (primero se duplicará y luego se cuadruplicará, pero siempre por debajo de lo que deberían pagar por lo que adeudan) a medida que transcurran los meses de 2023. Como una especie de zanahoria para que se decidan rápido, paguen y queden blanqueados antes de que el gobierno yanqui habilite la información en septiembre.

El gobierno peronista aspira así a hacerse de algunos fondos para el momento álgido de la campaña electoral. Pero que nadie se ilusione. En el proyecto de blanqueo que se ingresará al Congreso en los próximos días hay una cláusula taxativa, ya que el 20% de todo lo que se recaude de este blanqueo va directo a un fideicomiso para pagarle al FMI.

En síntesis, si se aprueba en el congreso, este blanqueo, bendecido por los yanquis y por el Fondo solo le servirá a los grandes especuladores y jugadores de divisas y al propio Fondo. Nada muy distinto del que llevó adelante Macri en su mandato.