Escribe José Castillo

La pobreza sigue aumentando en nuestro país. Lo mismo la indigencia. Ya no basta con tener trabajo, tres de cada diez personas con empleo también son pobres. Es el resultado de años de planes de ajuste, ejecutados por todos los gobiernos al servicio de las ganancias empresarias y el saqueo de la deuda externa.

Se conocieron los datos del Observatorio de la Deuda Social de la UCA del tercer bimestre del año. Los números son aterradores. La pobreza creció al 43,1% (17 millones de personas). Con estos valores se encuentra en los máximos niveles desde 2010, con la única excepción del comienzo de la pandemia.

Se trata de 17 millones de personas. La mitad de ellos, 8,5 millones, tienen además elementos de pobreza estructural (falta de cloacas, sanitarios, educación, problemas de hacinamiento).Tres de diez tienen tres o más carencias. El 9,4% se encuentra en “insuficiencia alimentaria severa”. El  9,9% no tiene acceso a agua corriente y dos de cada diez viven cerca de basurales.
Menos de dos de cada diez pobres acceden a un empleo pleno.

De estos 17 millones de pobres, 8,5 millones son directamente indigentes, no llegando a poder adquirir mensualmente la canasta básica de alimentos. Si no existiera la asistencia social la pobreza ya superaría el 50 y la indigencia el 20%, respectivamente. Sin embargo, como explicamos en otra nota más abajo, los montos de esa ayuda cada vez son más insuficientes.

La pobreza afecta no solo a los desocupados. De los que trabajan 29,8% no llegan a la canasta básica total (ver "Trabajadoras y trabajadores cada vez más pobres").

La pobreza crece al compás de los pagos de deuda externa

El crecimiento de la pobreza no es nuevo. En los últimos cuarenta años vivimos sometidos a los planes del FMI y pagamos miles de millones de dólares en concepto de una deuda externa ilegal, inmoral y usuraria, contraída por la dictadura y reconocida y pagada por todos los gobiernos posteriores. Mientras que en 1974 teníamos 4% de pobres, durante la década del ‘80 esto creció al 20%, pasó al 30% durante la convertibilidad y ahora está arriba del 40%. Agustín Salvia, director del Observatorio Social, lo grafica así:  “hay dos generaciones de pobres y una tercera en gestación”. En este siglo, un 7% de la población que antes podía ser considerada “clase media” cayó bajo la línea de pobreza y nunca más pudo recuperarse.  

La contrapartida de todo es que las patronales nacionales y extranjeras hicieron y siguen haciendo superganancias. Así, el reparto de la torta distributiva es cada vez más desigual. En el gobierno del Frente de Todos en particular, estamos viendo los privilegios que perciben los monopolios exportadores de soja, las multinacionales automotrices, petroleras y de la megaminería, o las grandes alimenticias e hipermercados, a los que se les brinda acceso a dólares a valores diferenciados, mientras se ajusta al pueblo trabajador. Y también, como siempre, la continuidad de los pagos de deuda externa a los pulpos especuladores y el FMI.

Se necesita un plan económico de emergencia

Terminar con la pobreza y la indigencia es la prioridad número uno. Para eso es necesario poner en marcha un programa de emergencia, obrero y popular. Que comience con suspender inmediatamente todos los pagos de deuda externa y romper con el FMI, para poner todos esos recursos al servicio de las más urgentes necesidades populares: un aumento salarial para que nadie gane menos que el valor de la canasta familiar (calculado por los trabajadores de ATE Indec en 217.000 pesos), que luego actualice mensualmente por inflación; un incremento jubilatorio para llevar la mínima al valor de la canasta de la tercera  edad (151.478 pesos); un plan de viviendas populares que genere los millones de puestos de trabajo genuino que se necesitan para terminar con el desempleo; y plata para educación y salud de calidad.