Escribe José Castillo

El gobierno peronista del Frente de Todos cumplió la meta de ajuste exigida por el FMI para todo 2022. Es más, la sobrecumplió, ya que se le exigía bajar el déficit fiscal hasta el 2,5% del PBI y “siguió de largo” y la bajó hasta el 2,4%.

Por supuesto, los costos los pagó el pueblo trabajador. Es que estamos hablando de dos billones de pesos, que tenían que haber sido dedicados a salario, trabajo, jubilaciones, ayuda social, educación, salud y vivienda, y en cambio se “ahorraron” para cumplir con los pagos de la usuraria deuda con el FMI. Según datos de la Oficina de Presupuesto del Congreso Nacional, el monto de las prestaciones jubilatorias se achicó en un 5,6% con respecto al año anterior. También sufrieron reducciones las partidas de asignaciones familiares, AUH y gastos de asistencia social en general. La reducción en “subsidios económicos” (transferencia a las empresas privatizadas) también la terminó pagando el pueblo trabajador a través de los tarifazos en curso.

La historia, lamentablemente, no termina aquí, ya que el plan de ajuste acordado por el gobierno con el Fondo exige profundizar el ajuste en este 2023, hasta llevar el déficit a 1,9% del PBI. Según lo establecido, seguirán los recortes a costa de jubilaciones, salarios públicos y transferencias a las provincias (que gestionan educación y salud, con el consiguiente achicamiento de los fondos para esos rubros). Es el ajuste sin fin, a que nos lleva el endeudamiento maldito.