Escribe Guido Poletti

Otra vez se dió un gigantesco apagón por culpa de Edesur. La empresa ya ni siquiera disimula su responsabilidad, lanzados sus dueños, la italiana ENEL, a vender sus activos y retirarse del país. Es que consideran que ya ganaron lo suficiente. Solo como ejemplo; durante 2022 la empresa se llevó 18.5 millones de pesos por día. Se trata de una compañía que reparte utilidades entre sus accionistas al mismo tiempo que le adeuda a la empresa mayorista proveedora de energía, la estatal Cammesa, 220.000 millones de pesos. Deuda sobre la que el gobierno del Frente de Todos directamente le perdonó 66 millones y les refinanció el resto en 96 cuotas.

Ante la bronca popular, que se repite y acrecienta apagón tras apagón, el gobierno amenazó con tomar medidas contra la empresa. Primero, la secretaria de Energía Flavia Royón habló de una “auditoría integral”. Luego, el ministro de Economía Sergio Massa anunció una multa de 1.000 millones de pesos contra Edesur. Y finalmente, una suerte de “intervención” sobre la gestión de la empresa, colocando a técnicos de la UBA y al Enre (Ente Nacional de Regulación Eléctrica) para controlar el funcionamiento diario de la empresa. Desde varios sectores del gobierno, se dejó correr incluso la posibilidad de la estatización de la compañía. Era una absoluta y pura mentira, solo títulos periodísticos hasta que pasara lo más agudo de la bronca popular.

Efectivamente, al día siguiente, los propios directivos de Edesur aclararon que en reuniones con el gobierno se les dijo explícitamente que estaba descartada cualquier privatización o intervención seria sobre la empresa. Es más, la empresa hasta podría “apelar” la multa ante la justicia (como ya sucedió otras veces, donde al final las privatizadas nunca tuvieron que abonar nada). Más aún, el gobierno ayudaría a ENEL en su búsqueda de compradores para la empresa. ¡El gobierno nacional termina siendo el garante de que la multinacional italiana consiga la mejor y más alta cotización para una empresa que viene estafando sistemáticamente a los argentinos!

Desde Izquierda Socialista y el FIT Unidad no tenemos doble discurso. Hace años que venimos reclamando la única salida posible: rescindir los contratos de concesión con Edesur (y también con Edenor -hoy propiedad de los “amigos del gobierno” José Luis Manzano y Daniel Vila- y el resto de las distribuidoras eléctricas privadas del país) y proceder a reestatizar el servicio, poniéndolo bajo gestión de sus propios trabajadores y usuarios. Eso es el comienzo para empezar a tener servicios de calidad, con tarifas sociales para quiénes la necesiten.