Escribe Miguel Lamas, dirigente de la UIT-CI

En los últimos meses avanza una crisis económica y política en Bolivia. Como sucede en otros países, esta crisis del capitalismo se descarga sobre el pueblo trabajador. Ante esto han comenzado importantes movilizaciones del magisterio y de otros sectores. Y también se agudiza la crisis y división del MAS gobernante, entre el ala “renovadora” que apoya al presidente Arce y el ala “radical” que responde a Evo Morales.

El presidente Luis Arce argumenta que en Bolivia está todo bien y que es “el país más estable del mundo”. Para esa afirmación, se apoya en la paridad fija del peso boliviano con el dólar desde hace catorce años y con la baja inflación.

Visto desde Argentina eso puede parecer casi milagroso. Sin embargo, sigue habiendo mucha pobreza. Y esa estabilidad del dólar y baja inflación están hoy amenazadas, dado que el Estado se quedó casi sin dólares de reserva, hay fuga de capitales, se importan más hidrocarburos en nafta y gasoil de lo que se exporta en gas, los bancos no entregan dólares y ya existe un “dólar paralelo” y aumentos de precios de productos de primera necesidad.

La principal exportación actual es el oro, pero  son empresas disfrazadas de “cooperativas” asociadas a multinacionales chinas, que casi no pagan impuestos y están envenenando los ríos con mercurio.
La otra exportación importante es la soja y otros productos agroindustriales, que tampoco pagan impuestos, son subsidiados por el Estado con gasoil importado que pagan a mitad de precio, están destruyendo los bosques y se llevan sus ganancias fuera del país.

La “Agenda de Octubre” fue traicionada

El gobierno del MAS asume el poder en enero del 2006, después de ganar las elecciones prometiendo aplicar la “Agenda de Octubre”. Era el programa de demandas de la insurrección popular en octubre del 2003. Exigía expulsar a las multinacionales, nacionalizar el gas, una revolución agraria entregando las tierras de los latifundios a los campesinos y una industrialización. Es decir, era un programa para terminar con el saqueo histórico de Bolivia.

Pero el gobierno del MAS, presidido por Evo Morales y con el ministro de economía Luis Arce, hoy presidente, nunca aplicó la “Agenda de Octubre”. Sólo aumentó los impuestos a las multinacionales del gas, en un momento en que los precios internacionales del gas se duplicaron, y pactó con los terratenientes para que mantuvieran sus tierras.

Es decir, el gobierno de Evo Morales y el MAS fue y es parte de los gobiernos de centroizquierda y conciliación de clases, como el de Chávez-Maduro, Lula, Correa o el peronismo que siguieron gobernando para las patronales y las multinacionales, bajo un falso discurso antiimperialista o de “izquierda”.

Los altos ingresos estatales de los primeros años del MAS, provenientes de los impuestos al gas, se esfumaron. La mayor parte de la ganancia se la llevaron las transnacionales y fueron mínimas sus inversiones. Tampoco hubo un proceso importante de industrialización por parte del Estado. Y el gas, que era lo que más dejaba para el Estado, ahora se está acabando.

El sistema sigue siendo hoy de explotación para el pueblo trabajador. Sólo un 20% de los trabajadores tienen empleo formal. El resto en su mayoría, y casi todos los jóvenes, tienen trabajos asalariados informales, sin derechos laborales ni estabilidad, con salarios míseros, o son pequeños campesinos o pequeños comerciantes vendedores en muchos casos de productos de contrabando.

Continúa el entreguismo

Hoy el gobierno de Arce continúa la política de entrega a las multinacionales y a los capitalistas. Con diferencias por sus intereses de sector, coinciden el gobierno de Arce, Morales y la derecha tradicional de Santa Cruz. Ninguno propone un cambio de fondo. Morales solo usa la crisis, de la que él también es responsable por su anterior gobierno junto con Arce, para tratar de volver a la presidencia en el 2025 derrotando a Arce.  

Ante la crisis, la oposición de derecha habla de privatizar, apoyar inversión extranjera, bajar el gasto público y devaluar. Dicen que eso sería “sincerar” la economía. Evo Morales y la vieja derecha llaman a “liberar las exportaciones”. Esto significa quitar restricciones e impuestos para favorecer a exportadores, que se llevan sus ganancias fuera del país.

Es decir, tanto Evo Morales como la derecha tradicional proponen descargar la crisis sobre el pueblo trabajador. Arce, aunque dice que no va a devaluar, si está restringiendo gastos en necesidades básicas populares como educación y salud.

Y dice que va a solucionar la situación económica con exportaciones de litio, pactadas con multinacionales chinas, que van a demorar varios años, repitiendo la historia boliviana de saqueo de las riquezas naturales por multinacionales, que dejan migajas para el país.  

Dos meses de lucha del magisterio

Ante esta situación, hay importantes luchas sociales. Actualmente la más grande es la del magisterio urbano (que incluye maestros y profesores de primaria y secundaria) ya están movilizados desde hace dos meses, reclamando mayor presupuesto de educación, el nombramiento de más maestros y maestras y una jubilación digna. Esta semana también se están movilizando los maestros rurales.
Además, hubo grandes marchas de pequeños comerciantes (llamados “gremiales” en Bolivia) contra impuestos que los afectan.

La dirección de la Central Obrera Boliviana está subordinada al gobierno, prorrogó su mandato ya dos veces sin Congreso y no está apoyando estas luchas.

Por un plan económico del pueblo trabajador

Terminar con este desastre ahora es luchar por el triunfo de las reivindicaciones del magisterio y los pequeños comerciantes y por las soluciones de fondo, que pasan por aplicar el programa que el pueblo trabajador levantó en el 2003 y también el que se votó en el Congreso de la Central Obrera Boliviana que fundó el Partido de los Trabajadores en el 2013.

Desde Alternativa Revoucionaria del Pueblo Trabajador, sección de la UIT-CI, y desde el PT del cual es parte, se convoca a construir una herramienta política de los trabajadores, una alternativa para gobernar y para impulsar la lucha para una verdadera nacionalización sin indemnización y bajo control democrático de los trabajadores, de la minería, los hidrocarburos, el litio, el oro, también todo el sistema bancario, quitarle las tierras a los patrones del agronegocio y entregarlas a campesinos que las trabajen personalmente, apoyar la producción agraria de alimentos de los campesinos indígenas que alimentan al país. Esto permitiría una industrialización y crear trabajos dignos para la mayoría, terminar con la miseria en el campo y la ciudad, terminar con la destrucción ambiental, y lograr salud y educación gratuitas y de calidad para todos.