Jujuy se ha convertido en un verdadero polvorín. El proyecto de reforma constitucional exprés propuesto por el precandidato a presidente por la UCR en Juntos por el Cambio, Gerardo Morales, ha sido el detonante de un fuerte proceso de luchas contra medidas antidemocráticas y represivas. El centro de la reforma es armar un mecanismo político y jurídico para reprimir y judicializar la protesta social, y así seguir garantizando un ajuste feroz con sueldos miserables. Sin embargo, las intenciones del mandatario provincial se le están volviendo en contra. Su proyecto represivo ha generado una verdadera rebelión por todo el territorio, donde miles de trabajadoras y trabajadores, jóvenes y organizaciones populares han salido a las calles a decir “abajo la reforma, arriba los salarios”.

La ola de protestas ya ha entrado en la segunda semana con marchas, radios abiertas en plazas públicas y paralizaciones de actividades por parte de importantes gremios. ATSA, la Asociación de Educadores Provinciales (Adep), el Centro de Docentes de Enseñanza Media y Superior (Cedems), ADIUNJu Asociación de Docentes e Investigadores de la UNJu, Sindicato de Empleados y Obreros Municipales (SEOM) y la Asociación de Profesionales Universitarios de la Administración Pública de Jujuy (Apuap), entre otros, se suman a las protestas contra la reforma constitucional y también por reclamos salariales y otras reivindicaciones sectoriales.

No podía ser diferente. Es una reforma pensada para criminalizar la protesta, su único objetivo es garantizar las ganancias de los grandes empresarios como Ledesma, las tabacaleras o las multinacionales como Olaroz-Cauchari que se llevan las ganancias de nuestros recursos naturales como el litio, con saqueo y contaminación. No es casual que también en la vecina provincia de Salta el gobernador peronista Gustavo Sáenz, ligado a Massa, haya implementado una reforma similar. A los gobiernos radicales y peronistas los une el ajuste y la represión.

El Frente de Izquierda con sus seis Constituyentes, que logró en la gran elección que hizo recientemente, ha puesto sus bancas y su militancia para enfrentar este atropello reaccionario, llamando a repudiar y a impedir que pase este engendro represivo y ajustador contra el pueblo jujeño.

 El proyecto prohíbe los cortes de calles y rutas, las supuestas usurpaciones de espacios públicos y de la propiedad privada. Con estas reglas, los docentes, trabajadoras y trabajadores rurales, mineros, mujeres que luchan por sus derechos y piden por la aparición con vida de las víctimas de femicidio, los jóvenes que defienden una educación pública, las comunidades que luchan por tierra o vivienda, podrán terminar en la cárcel, procesados y obligados a pagar fuertes multas. De igual forma se puede interpretar una huelga o un acampe en plaza pública.

Frente a las incontenibles protestas, el 9 de junio el gobierno sacó un decreto disponiendo multas y penas de prisión a los que continúen ocupando las calles. O sea, convirtieron la protesta en un delito.

Además, el proyecto del radical Morales, en complicidad con Rubén Rivarola y la mayoría del PJ, propone suprimir la elección legislativa intermedia (de mitad de mandato) y junta en un mismo acto cada cuatro años la elección de gobernador y legisladores, otorgando al ganador la mayoría más uno de los diputados provinciales, concejales y comisionados municipales de la provincia. Con ese mecanismo de mayoría automática el gobernador tendría las manos libres para hacer pasar cualquier proyecto de su interés, aunque viole la voluntad de la mayoría. Podría controlar la legislatura y la justicia como ya lo hace, es decir, la suma del poder público. Es por eso que las movilizaciones continúan extendiéndose en toda la provincia, incluyendo localidades como La Quiaca, Tilcara, San Pedro, Libertador General San Martín, el Carmen, hasta las poblaciones más pequeñas como Caimancito, Fraile Pintado, entre otras.

Aunque Gerardo Morales tiene la mayoría para aprobar este nefasto proyecto, las protestas en las calles le niegan cualquier legitimidad. Es importante mantener la más amplia unidad de acción entre organizaciones sindicales, sociales, juveniles y políticas en esta lucha contra la reforma y por aumento de salario como cantan los manifestantes. Correctamente, los constituyentes electos por el FIT Unidad llaman a boicotear la reforma. Algunos políticos patronales peronistas se reacomodan ante el repudio popular y estuvieron obligados a renunciar dos constituyentes de Arriba Jujuy, los mismos que le dieron el voto favorable para que se lleve a cabo esta reforma y su reglamentación.

Pero la verdadera posibilidad de derrotar el proyecto del precandidato a presidente por la UCR Morales está en las calles. Desde Izquierda Socialista/FIT Unidad estamos junto a los que se movilizan llamando a impedir este proyecto represivo y conquistar un inmediato aumento de salarios.