Escribe Nicolás Nuñez

El capítulo más frondoso, y quizás el más escandaloso de la Ley Bases, es el Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI). Es difícil encontrar antecedentes de tal nivel de entrega de la Argentina plasmada en un proyecto de ley. Con el pretexto de atraer inversiones de 200 millones de dólares para arriba, se les otorgan llave en mano a las multinacionales los territorios y bienes comunes. El RIGI dispone de todos los beneficios que una empresa pudiera pretender y quizás más. Es tal el nivel de entrega, que incluso hay empresarios preocupados porque resulta tan indefendible que cualquier gobierno que venga después del actual debería pretender modificarlo.   

Por el volumen de inversión que se pretende regimentar, si bien el proyecto no delimita las actividades que se pretende promover, el gobierno y sus aliados han precisado con entusiasmo que están pensando en la explotación de combustibles fósiles (petróleo y gas) y la minería. Aunque también podría tratarse de negociados inmobiliarios en base a la apropiación de tierras fiscales.

Las empresas que entren al RIGI, a partir del tercer año perderán toda obligación de liquidar divisas en el país. Se la pueden llevar toda. Al punto de que la crítica del peronismo al RIGI, es que no deja dólares para pagar la deuda externa. Tampoco tendrán obligación de contratar mano de obra local, ni de utilizar proveedores nacionales, pudiendo importar maquinaria usada, e incluso traerla y venderla de forma libre de impuestos. En caso de escasez de bienes comunes requeridos para la explotación, como ser los enormes caudales de agua que derrocha la megaminería, las empresas incluídas en el RIGI tendrían prioridad en el uso por sobre las localidades. Y al pasar a considerar estas inversiones como de “interés nacional” toda legislación local que pudiera interferir con la actividad pasa a ser tomada como nula; lo cual podría dar por tierra con la legislación vigente en provincias como Mendoza o Chubut que bloquea el avance de las mineras.

Y la cereza del postre de la entrega es el marco legal. El RIGI dispone total estabilidad a las inversiones por treinta años, y que en caso de darse un litigio por el desarrollo de la explotación (como ser por un accidente, derrame o superexplotación laboral) las empresas podrán acudir al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), un apéndice del Banco Mundial que siempre defiende los negociados y en el que Argentina es una perdedora serial de juicios. Conclusión: una entrega total del país a las multinacionales.