Escribe Nicolás Nuñez

Tenemos que reforzar la movilización para frenar una ley que atenta contra todo tipo de derechos, le otorga superpoderes a Milei y habilita el avance de las multinacionales sobre nuestros territorios y bienes comunes.

Las últimas semanas se caracterizaron porque cada día salieron a la luz aspectos más escandalosos a los que podría dar lugar la aprobación de la Ley Bases de Javier Milei. Si bien se trata de una reedición achicada de lo que terminó rechazado en enero, y a pesar de haber tenido una aprobación express en la Cámara de Diputados, muchas denuncias que en un principio hizo en soledad el Frente de Izquierda Unidad fueron ganando terreno y siendo levantadas por distintos sectores. El repudio a esta reforma reaccionaria creció al calor de la marcha universitaria, los paros generales y los distintos conflictos en curso. El gobierno se enfrenta a la posibilidad o de un rechazo o de modificaciones que hagan regresar el proyecto a la Cámara baja. ¿Qué está en juego con la Ley Bases?

El punto de arranque del proyecto continúa siendo la entrega de superpoderes para legislar sobre aspectos centrales sin recurrir al Congreso. En materias administrativa, económica, financiera y energética, el presidente podría hacer y deshacer a gusto en algunos de los terrenos más requeridos por los negociados de las multinacionales. Luego continúa con la “reforma del Estado” lo que junto a los artículos dedicados a la habilitación de las privatizaciones son un verdadero homenaje a las nefastas políticas de los ´90.

Así, Milei podría avanzar en la reestructuración o desfinanciamiento total de organismos como el Conicet, el Incaa, el INTI o el Incucai, así como también seguir achicando la estructura de ministerios, secretarías y subsecretarías. Y como se prevé que esto dé lugar a menos puestos de trabajo, la ley habilita los despidos incluso de trabajadores estatales de planta permanente. Misma suerte podrían tener trabajadoras y trabajadores de Aerolíneas, ferrocarriles, Radio Nacional, Aguas Argentinas, y todo un listado de empresas estatales que quedarían disponibles para su entrega.

Pero la reforma laboral no se circunscribe al empleo estatal. La Ley Bases dejaría sin derecho laboral alguno a unos 600 mil trabajadores de empresas de cinco o menos empleados, aumenta los meses del llamado “período de prueba” (una invitación a tomar trabajadores por sólo ese período y luego echarlos sin indemnización), avanza en limitar el derecho a huelga de docentes y trabajadores de la salud, y habilita los fondos de indemnizaciones como el de la Uocra para que los patrones no tengan que hacerse cargo al despedir. De yapa, y contra lo que el propio Milei votó en el Congreso en campaña, se repone el impuesto a las ganancias para las y los trabajadores que no cobren salarios de pobreza.

Para completar los negociados, la “Ley Bases” plantea el blanqueo de fondos en “negro” más escandaloso de la historia argentina, sin requerimientos para quienes vienen eludiendo pagar impuestos y fugando frondosos montos de dólares al exterior. “El que fuga es un héroe” dijo Milei, y acá viene el premio al “heroísmo” de personajes como los narcotraficantes, que encontrarán un canal privilegiado para legalizar sus crímenes.

La Ley Bases y su Régimen de Incentivo para Grandes Inversores (Rigi) (ver nota) no pueden pasar, ni así como está, ni con las modificaciones estéticas que quieren negociar el radicalismo, los gobernadores y un sector del peronismo. La CGT, las CTA, las asambleas barriales, las coordinaciones de lucha, el Frente Gremial Universitario, el movimiento socioambiental y de derechos humanos, todos tienen que estar cuando la ley se trate para rodear el Congreso y derrotarla.