Escribe José Castillo

El astronómico incremento del boleto de transporte en el AMBA es un auténtico mazazo al ya castigado salario de las y los trabajadores. A eso se suma los anuncios de nuevos aumentos para el mes que viene.

La escena se repite a cada rato: pasajeros que, desesperadamente, tratan de saltar molinetes porque no tienen más crédito en la tarjeta SUBE, gente que en el colectivo pide por favor si alguien le puede pagar el pasaje (o a veces que el chofer los lleve gratis). Y también la contrapartida: extraños personajes vestidos “de negro”, con saco y corbata, parados sin identificación en casi todas las estaciones del Subte, contratados ilegalmente por EMOVA, con el objetivo de evitar que alguien se cuele.

¿Qué hay detrás de todo esto? Las consecuencias de un nuevo tarifazo en el transporte público (tren, colectivos y subte) de Capital y Gran Buenos Aires. Para medir sus consecuencias, recordemos que la inmensa mayoría de las y los trabajadores toman dos medios de transporte para llegar a su lugar de trabajo o estudio (o sea, cuatro por día), un presupuesto imposible de solventar. Ya se escuchan testimonios de personas que, con trabajos informales, hacen cuentas y dicen que ni siquiera les conviene ir a trabajar, ya que gastan más de lo que ganan. Que hoy nos refiramos a este hecho que afecta al AMBA no quiere decir que el resto del país esté mejor, simplemente allí los tarifazos se dieron antes y el boleto es igualmente impagable.

En el caso del AMBA, desde que asumió Javier Milei en diciembre de 2023, el costo del boleto mínimo aumentó un 600% en sólo ocho meses de gestión.

El último aumento, vigente desde el 12 de agosto, fue del 37%. Un auténtico mentís a la propaganda del gobierno de que “se acabó la inflación”. A todo esto se suma el anuncio del gobierno de Milei de que, a partir de septiembre, dejará de subsidiar totalmente el transporte público en la Ciudad de Buenos Aires (lo que anticipa un nuevo aumento). El gobierno también informó que en breve se podrá pagar el boleto con cualquier medio de pago (billetera virtual, tarjeta de débito o crédito), lo que implica, al quitarle ese rol a la tarjeta Sube, que desaparecerán los descuentos por combinar dos o más viajes consecutivos, otro golpe al bolsillo.

¿Hasta dónde llegará el ajuste?

El gobierno ultraderechista de Milei avanza con su superajuste al servicio de incrementar las ganancias de las grandes patronales, los especuladores financieros, los buitres de la deuda y el FMI. Ya pulverizó los salarios y las jubilaciones. Provocó medio millón de despidos. Generó una recesión que liquidó los ingresos de los que viven de changas o de ocupaciones informales. Ahora se apresta a reglamentar una flexibilización laboral furiosamente antiobrera. Les aumentó los impuestos a las y los trabajadores (con la restitución a descuentos por “ganancias” para los salarios) y se los bajó a los ricos y a las empresas. Liberó los alquileres, que pegaron saltos astronómicos, al igual que las prepagas y los medicamentos. Todo esto mientras desfinancia a límites extremos la salud y la educación públicas y habilita el saqueo de los recursos naturales con el RIGI.

No hay salida con este programa. Es mentira que, en algún momento, más cercano o más lejano, vendrá una recuperación que favorecerá al pueblo trabajador. Si dejamos que avance, la realidad será cada vez peor.

Por eso, al mismo tiempo que salimos a pelear contra todas y cada una de las medidas de este ajuste, reclamando a la CGT que rompa su pacto desmovilizador y llame a un nuevo paro general y un plan de lucha, tenemos que oponer otro programa económico, como el que proponemos desde Izquierda Socialista y el Frente de Izquierda Unidad. Que sea realmente alternativo, obrero y popular, opuesto por el vértice al actual. Que empiece por suspender inmediatamente todos los pagos de deuda externa, que rompa con el FMI, que les cobre fuertes impuestos a los ricos y las grandes empresas, que nacionalice la banca y el comercio exterior y reestatice las privatizadas. Para así, con todos esos recursos en nuestras manos, ponerlos en marcha para resolver las más urgentes necesidades populares: salarios y jubilaciones dignas, trabajo genuino para todos y fondos para salud, educación y vivienda.