El 20 de junio del 2023, a pesar del masivo rechazo y en medio de una sesión plagada de irregularidades, el gobierno radical de Jujuy, con la complicidad del PJ, aprobó una Reforma de la Constitución provincial.

Esta reforma de tinte privatizador, que ataca a pueblos originarios y cercena derechos de trabajadoras y trabajadores, mujeres y diversidades, generó una fuerte resistencia. Este veto popular se expresó en las calles, con manifestaciones y protestas, acciones que fueron brutalmente reprimidas por el gobierno, con detenciones arbitrarias y un uso ilegal y desmedido de la fuerza policial, tal como denunciaron oportunamente diversos organismos de derechos humanos nacionales e internacionales.

Ahora, la justicia del ex gobernador radical Gerardo Morales, en connivencia con el poder político y económico, tras audiencias indagatorias plagadas de arbitrariedades (en las que se descartaron la mayoría de las pruebas y testigos presentados por las defensas), elevaron a juicio a diecinueve de los veinte imputados (entre ellos Iván Blacutt, dirigente de Izquierda Socialista/FIT Unidad de Jujuy) con el fin de aleccionar a todo el pueblo trabajador.

Es que las acciones de Morales, y del actual gobernador Sadir, van en consonancia con la política represiva del gobierno ultraderechista de Javier Milei, quien ya ha dejado en claro que su plan motosierra no pasa sin persecución y represión.
Ante este atropello se ha lanzado una gran campaña por la absolución de los diecinueve compañeros judicializados que ya recogió la solidaridad de personalidades, y diversas organizaciones políticas, sociales, sindicatos y de derechos humanos.
Rechazamos este intento de criminalizar la protesta social, y exigimos que cese la persecución a quienes fueron parte del “jujeñazo”.

¡Sobreseimiento ya de todos los imputados! ¡Que se investigue y juzgue a Gerardo Morales y los responsables de la brutal represión del 2023!