Escribe José Castillo

El gobierno de Javier Milei vuelve con algo que ya fracasó en los años ´90, la privatización de las empresas públicas. En aquel momento, con Carlos Menem y Domingo Cavallo y utilizando la excusa del “déficit fiscal” y la supuesta “ineficiencia”, se liquidó al mejor postor todo el patrimonio nacional.
Las consecuencias fueron terribles: prácticamente se desmanteló la red ferroviaria nacional, una de las más importantes de Latinoamérica, dejando a miles de pueblos incomunicados y condenados a la desaparición. En el área metropolitana de Capital y Gran Buenos Aires se siguió viajando hacinado, llegando al extremo de que la corrupción empresaria terminara en una masacre como la de Once. Aerolíneas Argentinas fue entregada a Iberia, que virtualmente la vació y casi la lleva a la quiebra, mientras se abrían los negocios de cabotaje para empresas como Lapa (la del avión que no pudo despegar de Aeroparque y terminó causando un desastre) o Southern Winds (que culminó acusada de narcotráfico). Se privatizó la electricidad, y así aparecieron los cortes masivos y el desastroso servicio de empresas como Edenor, Edesur y Edelap. Gas del Estado, con una de las redes más extendidas del mundo, también fue desguazada en pedazos y aún hoy, treinta años después, sigue habiendo problemas de desabastecimiento. YPF terminó en manos de Repsol, que liquidó las reservas y vació la empresa, que finalmente tuvo que ser reestatizada. Podemos seguir con otros ejemplos, pero creemos que con estos basta.

Hoy Milei vuelve con lo mismo, planteando volver a privatizar lo reestatizado (como Aerolíneas Argentina, la Hidrovía del Paraná o los ferrocarriles) o avanzando con nuevos negocios y entrega de riquezas, en el gas, el petróleo o la minería, a través de programas como el RIGI.

Las empresas públicas no están “para dar ganancias”. Su objetivo es cumplir un rol social y propender al desarrollo y la integración del país. Aerolíneas Argentinas y la red ferroviaria deben cubrir todo el territorio, más allá de los sectores de mayor “importancia económica”. El acceso al gas, a la electricidad y al agua potable es un derecho humano y debe estar garantizado con tarifas sociales para quien la necesite. Nuestros recursos no renovables, como el gas, el petróleo o los minerales, deben ser cuidadosamente explotados, al servicio de nuestro pueblo y con pleno cuidado del ambiente y consenso con las poblaciones involucradas.

Tenemos que oponernos fuertemente a este intento privatizador de Milei, al mismo tiempo que seguimos reclamando la reestatización de todas las empresas privatizadas de los ´90 que todavía siguen en manos de los saqueadores. Oponiendo, en cambio, la consigna de la reestatización de todas las privatizadas, bajo la gestión de sus propios trabajadores y usuarios.