Escribe José Castillo
El plan sistemático de terrorismo de estado llevado adelante por la dictadura genocida tenía un objetivo bien concreto: poner en marcha un programa económico antiobrero, de superexplotación y entrega de nuestro país. Así lo denunció, apenas un año después del golpe, Rodolfo Walsh en su célebre “Carta de un escritor a la Junta Militar”, escrita días antes de que él también cayera en las garras de la dictadura asesina.
Desde el mismo día del golpe, la represión se concentró en las fábricas, desarticulando cuerpos de delegados y comisiones internas, secuestrando y desapareciendo miles de trabajadoras y trabajadores combativos. Se prohibieron las huelgas y toda actividad sindical, mientras los salarios caían en un 40% en los primeros cuatro meses del gobierno.
De la mano de José Alfredo Martínez de Hoz, ministro de Economía de Jorge Rafael Videla, se llevó adelante una política de tierra arrasada donde, bicicleta financiera y apertura económica mediante, quebraron miles de fábricas, dejando un tendal de desocupados. Lo que no impidió que, a partir de 1980, la crisis estallara bajo la forma de un crack financiero con miles de ahorristas que perdieron todo. Escena de época que quedó magistralmente retratada en la película “Plata Dulce, estrenada en 1982.
Pero, sin duda lo más grave del plan de la dictadura, cuya herencia aún perdura, es la generación de la ilegal, inmoral y fraudulenta deuda externa, que lamentablemente aún sufrimos, ya que todos los gobiernos posteriores a 1983 la terminaron reconociendo, pagando y agrandando cual bola de nieve.
Cuando comenzó la dictadura, nuestro país debía escasos 4.000 millones de dólares. Al finalizar ese monto se había incrementado a diez veces más (41.500 millones). ¿Qué había pasado? El gobierno de facto tomó préstamos indiscriminadamente, que utilizó para enriquecer a sus empresarios amigos, para comprar armamento represivo, o para obras faraónicas como la del Mundial ‘78. También para alimentar la bicicleta financiera y sostener artificialmente bajo el dólar, provocando el estallido financiero que relatamos más arriba. La mitad de la deuda tiene este origen. Pero la segunda mitad es más escandalosa todavía: en 1982, el entonces presidente del Banco Central, Domingo Felipe Cavallo, procedió a “estatizar” la deuda externa privada que habían tomado grandes empresas locales y extranjeras.¡Sí, así como se está leyendo, el Estado argentino se hizo cargo de los préstamos que tomaron grandes grupos locales, como Techint, Pérez Companc o Macri, e incluso multinacionales extranjeras! Peor aún, algunos de estos préstamos, ni siquiera existían, sino que fueron inventados por los bancos acreedores y “reconocidos” como deuda automáticamente por la Argentina.
La deuda externa generada por la dictadura fue un escándalo tan grande que finalmente dio lugar a un fallo, del juez Jorge Ballestero en el año 2000 donde se reconoce el desfalco y su carácter ilegal y fraudulento. El magistrado envió en ese momento sus conclusiones al Congreso para que tome cartas en el asunto. Pasó un cuarto de siglo y todavía duerme en algún cajón.
En un nuevo 24 de marzo, no debemos olvidar todos y cada uno de estos hechos, y el hilo conductor con la realidad presente, de miseria, pobreza y marginación social creciente. Por eso el reclamo de dejar de pagar la deuda externa y romper con el FMI es indisociable de las otras consignas con las que nos movilizamos cada año.
