Escribe José Castillo

La Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) es el organismo encargado de regular y controlar a todas las empresas que prestan servicios con camiones, ómnibus de larga distancia, colectivos del AMBA, trenes de pasajeros y formaciones ferroviarias de carga.
Hoy, la CNRT está en la mira de la motosierra del ministro Federico Sturzenegger, quien la tendría como próximo organismo a cerrar o “liquidar”. Esto ya ha desatado una feroz interna “por la torta” entre las distintas alas libertarias.

De hecho, para la eliminación y reestructuración de la CNRT existen dos alternativas en pugna dentro de la gestión mileísta. La primera propone fusionar el ente regulador con la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) y la Junta Nacional de Seguridad del Transporte (JNST).

La nueva estructura absorbía la mayoría de las tareas de control y supervisión de las empresas de transporte automotor de cargas y pasajeros, mientras que los permisos y licencias internacionales quedarían a cargo de la Secretaría de Transporte. En cuanto a los trenes de pasajeros, las funciones de control pasarían a la Subsecretaría de Transporte Ferroviario; para los trenes cargueros, se crearía la nueva Agencia Federal de Regulación del Transporte Ferroviario de Cargas (Afrtc), prevista en el esquema de privatización de Belgrano Cargas.

La segunda variante de reconfiguración de la CNRT consistiría en una fusión del ala terrestre de camiones y ómnibus en un nuevo organismo con Vialidad Nacional y la ANSV, mientras que los servicios ferroviarios quedarían reasignadas en la Secretaría de Transporte y en la nueva Afrtc.

Habrá un desguace de las actuales funciones, despidos masivos y, lo más importante, los controles pasarán a ser meramente formales, y a la medida de los negociados de los empresarios. El servicio bajará en calidad; la inseguridad y los riesgos de accidentes crecerán exponencialmente.

Nos oponemos al cierre y desguace de la CNRT, y sobre todo a los despidos de su personal. Junto con las y los trabajadores de los distintos medios de transporte involucrados, que son quienes deben administrar y controlar todo el sistema de transporte, el cual debe reestatizarse y no profundizar su privatización como propone el gobierno.