Escribe Adolfo Santos

Bajo la denominación “Operación Presidente Julio Argentino Roca”, el gobierno ultraderechista de Javier Milei publicó la resolución 347/2025 que autoriza a las Fuerzas Armadas a realizar detenciones en zonas fronterizas. La medida, de flagrante ilegalidad, busca involucrar a los militares en actos represivos a trabajadoras y trabajadores, pueblos originarios e inmigrantes de países vecinos.

En una imitación burda de las medidas adoptadas en Estados Unidos por Donald Trump, desde el gobierno señalan que la “Operación Roca” servirá para planificar y prevenir la lucha contra el narcotráfico, el contrabando y las redes de trata en la frontera norte y noreste. Además de ilegal, la justificación de la medida es falsa. Recientemente, el gobierno implementó un blanqueo que permitió a los grandes capos narcos legalizar el dinero proveniente del crimen y la comercialización de drogas. Además, mantiene en manos privadas los puertos que controlan el tráfico de la Hidrovía Paraná-Paraguay por donde sale el mayor contrabando de granos, armas y hasta el tráfico de personas.

La medida tiene otros objetivos. Este gobierno negacionista intenta, por un lado, rehabilitar a las Fuerzas Armadas asignándole tareas de seguridad interna. Pretende profundizar la política represiva contra los movimientos sociales, para impedir la protesta y frenar el aumento del descontento popular frente a la crisis económica. Para eso, van corriendo los límites. Así como cada miércoles utilizan todas las Fuerzas de Seguridad que dispone el Estado, (Policía Federal, Gendarmería, Policía de la Ciudad y PSA), contra las y los jubilados, ahora quieren habilitar a las Fuerzas Armadas para la represión.

En este operativo, el gobierno quiere enviar hasta 10 mil militares a las provincias de Salta, Jujuy y la Triple Frontera, que se sumarían a la Gendarmería. La Operación Roca, se integraría al Plan Güemes, apoyado por el gobernador “massista” Gustavo Sáenz, que no atrapó a ningún gran narcotraficante, ni tratante de personas. Su único resultado fue el asesinato del trabajador informal Fernando Gómez en la frontera, en Orán, Salta. En vez de asistir a las regiones alejadas reforzando gastos para salud o educación, mandan militares, municiones y alambre de púas para cercar la frontera. Mientras tanto las drogas y el contrabando, en gran escala, viajan de avión o pasan tranquilamente mediante jugosas coimas a los operativos de control.

Frenar el intento de militarización del gobierno

El nombre con que el gobierno ha designado el operativo es otra provocación. Julio Argentino Roca está relacionado a la usurpación, saqueo y muerte de pueblos originarios que habitaron nuestro país. Justamente, este operativo actuará en zonas que coinciden con los espacios que a diario transitan estas comunidades a ambos lados de la frontera y que, frecuentemente, son criminalizados, (una práctica habitual de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich que ha realizado una persecución feroz contra el pueblo mapuche). En esos lugares, el gobierno ordena la intervención militar en tareas de vigilancia y control y lo hace bajo normas secretas, incompatibles con las tareas de control ciudadano. La seguridad interior no está alcanzada por estándares secretos como si  se tratara de un conflicto bélico contra una potencia extranjera.

No hay motivos que justifiquen la intervención de las Fuerzas Armadas en asuntos internos. La militarización de las fronteras es un primer paso para continuar corriendo los límites y ampliar la represión interna contra los que luchan. Además, la resolución mantiene en secreto las Reglas de Empeñamiento del Ejército (RDE) que, entre otras cosas, dispone las restricciones de esa fuerza para el uso de armas contra ciudadanos o la detención de los mismos. Si pueden mantener el secreto de sus operaciones, tendrán carta blanca para actuar en la ilegalidad.

Repudiamos la política represiva y reaccionaria del gobierno de criminalizar la protesta y perseguir a los inmigrantes. Desde Izquierda Socialista en el FIT Unidad, llamamos a la más amplia unidad de acción para impedir que las Fuerzas Armadas actúen en la represión interna y a exigir la revocación de la resolución Operación Roca.