José Castillo, dirigente de Izquierda Socialista/ FIT Unidad

Escandaloso. Vergonzoso. Indignante. No caben las palabras. La Corte Suprema de Justicia de la Nación, el “máximo tribunal jurídico de la Argentina”, quien, supuestamente, debe ser el “custodio de la Constitución y las leyes”, avaló el DNU 70/2023 por el que el presidente ultraderechista Javier Milei había derogado la ley de Tierras, habilitando así la entrega de millones de hectáreas, incluso en áreas estratégicas y de frontera, a pulpos especuladores extranjeros. Lo hizo reponiendo el artículo 154 de dicho DNU. Queda habilitada ahora la liberación del mercado de tierras y su extranjerización.

La Corte lo hizo pasando por arriba el hecho de que el pasado 6 de agosto, en medio de una movilización multitudinaria, el propio Congreso de la Nación se había visto obligado a dar marcha atrás con dicha derogación. Esa auténtica demostración de rebeldía popular ante la entrega, había formado parte de la gigantesca ola antiimperialista que comenzó a crecer en nuestro país tras luego del partido del mundial entre nuestra selección y la inglesa, y la aparición de la bandera “Las Malvinas son Argentinas” agitada por los propios jugadores en el campo de juego.

El mensaje del fallo de la Corte es clarísimo: que Milei haga lo que quiera, entregue todo a dos manos, que va a ser avalado “legalmente” por estos tres cortesanos millonarios, Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz, con cargos vitalicios. Los mismos que, recordemos, tienen dormidas montones de causas por inconstitucionalidad, como por ejemplo la de la que exige al gobierno aplicar la ley de financiamiento universitario, donde siguen sin pronunciarse sobre “el tema de fondo”.

Ahora la Corte se alinea expresamente con el gobierno en este tema. Más indignante aún es que lo hace volteando un fallo de segunda instancia, una sentencia de un juez de la Justicia Federal de La Plata que había declarado inconstitucional este artículo del DNU de Milei que habría las puertas a la entrega de las tierras. Los argumentos “formales” de la Corte son escandalosos. El fallo de segunda instancia había surgido a partir de una denuncia llevada adelante por el Centro de Excombatientes Islas Malvinas de La Plata (CECIM). Ahora la Corte, en sus fundamentos, no le reconoce a los ex combatientes el derecho a litigar por este tema, a ser parte interesada: “no tienen legitimación para impulsar una acción colectiva”. Terrible: ¿un centro de ex combatientes, de héroes que dieron su vida contra los piratas ingleses, justamente defendiendo un pedazo de nuestra tierra contra la usurpación imperial no serían “parte interesada” en el tema? ¿Pueden dar su vida por la soberanía, pero no litigar por ella en un tribunal?

Repudiamos a esta “Justicia”, que sistemáticamente falla a favor de las patronales y el gran capital, justificando con uno y mil argumentos la entrega y el saqueo. Cuando, por la presión y la indignación popular, se produce un “error de la Matrix”, y algún juez sentencia a favor de los intereses populares, ahí interviene, tal como si fuera el VAR, la instancia superior, la Corte Suprema, “anulando el gol”. Los jueces del Tribunal Supremo alegan que el fallo de segunda instancia “violó la división de poderes”, pero ahora, con su propia sentencia, terminan declarando nulo de hecho lo que votó el Congreso y diciendo que sí vale la real “violación de poderes”, que fue la del ultraderechista Milei al sacar el DNU que derogaba, por su única voluntad, la ley de Tierras aprobada por el Parlamento.

Se trata de un fallo insostenible desde lo político, desde lo jurídico y también desde lo moral. Una auténtica cachetada a los ex combatientes y a la causa de Malvinas como tal. Que también demuestra que es una impostura total el supuesto “cambio de posición” de Milei con la causa Malvinas.

Hay que repudiar este fallo, movilizarse en forma unitaria, en todo el país y rodear de solidaridad a los ex combatientes insultados con esta sentencia y a todas las comunidades que ya se ven o se verán afectadas por los intentos de ventas de tierras y saqueo de recursos. Además, exigir al Congreso que avance de una vez por todas en la total derogación del DNU 70/23, pedido presentado por las y los diputados del Frente de Izquierda Unidad, que es el que permite esta nefasta entrega y que la Corte saque este escandaloso fallo.