Desde hace meses el pueblo panameño viene protagonizando masivas movilizaciones contra el brutal ajuste y ataque a los derechos conquistados por el pueblo trabajador por parte del gobierno pro imperialista de José Raúl Mulino y los intentos de Donald Trump de tomar el control del canal de Panamá para hacer un uso preferencial con sus buques militares y comerciales.
Mulino busca privatizar la Caja del Seguro Social (CSS), base de la atención de la salud al pueblo a través de la Ley 462 y la reapertura de la mina de cobre, cerrada desde 2023 luego que se declaró inconstitucional ante una masiva movilización en defensa del ambiente. También busca imponer la construcción de un embalse en el cauce del Río Indio para entregar millones de litros de agua dulce para el canal en épocas de sequía; así, se inundarían amplias regiones y desalojarían a las comunidades que allí habitan, con la consecuente destrucción del ambiente en la región.
Contra esas medidas, hay huelgas masivas que se mantienen desde hace más de un mes, de los trabajadores bananeros de Bocas del Toro, huelga nacional de las y los docentes y de los trabajadores de la construcción. Recientemente se realizaron masivas movilizaciones de mujeres y de trabajadoras y trabajadores de la salud. En un ampliado de organizaciones realizado la semana pasada se resolvió un paro nacional para el 5 de junio y una gran marcha nacional el 6 de junio.
Para quebrar estas huelgas y movilizaciones el gobierno panameño desató una feroz represión. Encarcela a las mujeres en lucha de las comunidades de Darién, sanciona a estudiantes universitarios, declara ilegal las huelgas, reprime brutalmente a trabajadoras y trabajadores que bloquean rutas y caminos y persigue a los dirigentes del poderoso Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y Similares (Suntracs), una de las organizaciones que encabeza la lucha del pueblo panameño. Contra esos dirigentes hay juicios infundados desde el 2022 y tienen “prisión preventiva” Jaime Caballero y Genaro López, mientras que Saúl Méndez se encuentra esperando asilo político en la embajada de Bolivia y buscan como “prófugo” a Erasmo Cerrud. A su vez, se declaró ilegal la huelga bananera en Bocas del Toro y la multinacional Chiquita ha despedido a cerca de 5.000 trabajadores.
Desde la Unidad Internacional de Trabajadoras y Trabajadores–Cuarta Internacional junto a nuestra compañera Priscilla Vásquez y Propuesta Socialista (sección de la UIT-CI en Panamá), repudiamos el encarcelamiento, represión y persecución judicial a dirigentes obreros, populares y sindicales que encabezan la resistencia del pueblo humilde y trabajador de Panamá. Llamamos a las organizaciones obreras, populares, democráticas, de derechos humanos, organizaciones de mujeres, a la juventud y pueblos originarios a poner en pie una firme campaña de solidaridad internacional para exigir la libertad de los dirigentes del Suntracs detenidos y perseguidos y manifestar nuestro apoyo a las luchas y demandas del pueblo panameño contra el represor y pro imperialista gobierno de José Raúl Mulino.
