Escribe Mercedes de Mendieta, diputada nacional Izquierda Socialista/FIT Unidad

La motosierra de Javier Milei vuelve a mostrar su lado patriarcal: el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, eliminó dos de los pocos programas que, completamente desfinanciados, aún se orientaban a combatir la violencia machista. Lo hizo bajo el argumento de “terminar con estructuras ideológicas”. El gobierno ataca derechos conquistados por mujeres y disidencias.

El gobierno eliminó el Programa Acercar Derechos y el Registro Nacional de Organizaciones Sociales de Género. Ambos habían sido creados para brindar asistencia integral a personas en situación de violencia de género y para recopilar datos sobre asociaciones que trabajan en la defensa de los derechos de mujeres, personas LGBTI+ y personas trans.

El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, declaró que “nuestra política de seguridad considera que la violencia no tiene género”. Está claro que no se trata solo de la eliminación de programas, sino de una batalla que debemos seguir dando desde el movimiento transfeminista contra un gobierno que niega la existencia del heterocispatriarcado y sus consecuencias, que vemos todos los días con el crecimiento de la violencia patriarcal.

No es ideología, es violencia de género

No es ideología: la violencia machista es sistémica y todos los días se cobra vidas. Esos asesinatos son femicidios y crímenes de odio. Sólo en los primeros seis meses de 2025 ocurrieron 130 femicidios y trans-travesticidios en todo el país, según datos del observatorio Ahora que Sí Nos Ven. La mayoría de las víctimas ya había denunciado a sus agresores, pero no contaban con protección. Los botones antipánico y los sistemas de alerta temprana fueron discontinuados en varias jurisdicciones por falta de recursos. La línea de atención 144 fue desarticulada, los refugios cerrados o desfinanciados, y los equipos interdisciplinarios que asistían a víctimas fueron despedidos en masa. El programa Acompañar fue llevado al borde de su desaparición. Entre 2023 y 2024, el presupuesto nacional para las principales políticas de prevención y atención a la violencia de género cayó un 85%.

El ataque al cupo laboral trans y a las identidades de género se institucionaliza, promoviendo campañas de odio y dejando en la máxima desprotección y precarización a las personas del colectivo. A esto se suma el ataque a la ESI y a la perspectiva de género. En el Congreso Nacional, la reaccionaria diputada libertaria Lilia Lemoine presentó un proyecto de ley para derogar la Ley de Identidad de Género, que busca eliminar el derecho al reconocimiento de la identidad autopercibida, consagrado desde 2012 y considerado modelo en el mundo por su enfoque despatologizante.

Retomemos el camino del #4J

Enfrentamos a un gobierno ultraderechista, machista, homodiante, transodiante y negacionista del patriarcado y de la identidad de género. Por eso, el movimiento feminista tiene el desafío de retomar la experiencia del #4J, donde, a diez años del primer #NiUnaMenos, se abrazaron y unieron las luchas por la defensa de nuestros derechos con las de las y los jubilados, las universidades, el Hospital Garrahan y el colectivo de discapacidad. Porque, como dijo la feminista Simone de Beauvoir: “nuestros derechos nunca se dan por adquiridos”.