Escribe Nicolás Núñez, comisión directiva AGD-Sociales, lista Fucsia

El triunfo de la movilización del 17 de septiembre, con epicentro frente al Congreso y concentraciones en todo el país, es innegable. Incluso diputados que habían votado contra la ley tuvieron que cambiar su postura como resultado de la lucha en las calles y del mensaje de rechazo al gobierno de Javier Milei expresado en las elecciones bonaerenses. Se ratificó que el apoyo popular al reclamo del Hospital Garrahan y de las universidades nacionales es mayoritario. Sin embargo, el gobierno no quiere reconocer la derrota.

Aún resta el paso por el Senado, pero ya vimos con la Ley de Emergencia en Discapacidad que el gobierno no está dispuesto a cumplir con lo que dos veces (y con casi tres cuartos de la Cámara baja) resolvió el Congreso. Por eso es clave seguir impulsando la movilización desde cada casa de estudios. No se puede confiar en los legisladores de ninguna de las dos cámaras, porque responden a los gobernadores y negocian con el gobierno. Mucho menos en el Ejecutivo y en el ministro de Economía, Luis Caputo, que están desesperados por conseguir fondos para pagar la deuda externa.
La aplicación de la ley implicaría un aumento inmediato del 41,26% para docentes y no docentes, junto con una cláusula trimestral de adecuación a la inflación. Esto es lo opuesto a lo que firman dirigentes de la CGT, como Hugo Moyano, en sus gremios, con pautas mensuales del 1% que, a conciencia, hacen perder poder adquisitivo con tal de garantizar el pacto de la burocracia sindical con el gobierno. Por eso esta ley es tan importante: si ganan las universidades, ganan todos y todas las que viven de su salario en este país y, por sobre todo, se daría un golpe letal al plan de “déficit cero” destinado a pagar la deuda externa.

En el último tiempo, 10 mil docentes renunciaron, mientras la inmensa mayoría depende del pluriempleo para llegar a fin de mes. La política del gobierno, que en lugar de implementar la ley patea la discusión para el debate del presupuesto 2026 (el cual propone un recorte del 30% del piso de lo que las universidades necesitan para funcionar), terminará generando miles de nuevas renuncias y empujando al autoajuste y la privatización de contenidos universitarios, comenzando por posgrados e investigaciones.

Tenemos que ser claros en cada facultad, pasillo y curso: lograr que se aplique la ley implica derrotar al gobierno en su plan económico (déficit cero) y en su plan político (desoír al Congreso). No podemos quedarnos de brazos cruzados mientras se define el destino no solo de las universidades, sino de todo el país, con la injerencia directa de Donald Trump y de los Estados Unidos en el medio.

El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y el Frente Gremial deben convocar de forma urgente a una movilización el 2 de octubre, cuando el Senado trate el veto, y poner en pie un plan de lucha hasta que el gobierno deposite lo que estipula la ley. Ese será el primer paso para derrotar el Sistema Argentino de Créditos Académicos Universitarios y pelear por universidades al servicio de las necesidades obreras y populares.