Escribe Pablo Delverde

El fútbol profesional argentino no deja de sorprender con escándalos. Con su lógica de verticalismo extremo, muchos de ellos están ligados a la conducción de la AFA, encabezada por Claudio “Chiqui” Tapia y su hombre fuerte, el tesorero Pablo Toviggino, operador político y disciplinario del Consejo Federal.

El Comité Ejecutivo resolvió sorpresivamente entregar el título de campeón de la Liga Profesional 2025 a Rosario Central por haber terminado primero en la tabla anual. La tensión aumentó cuando los jugadores de Estudiantes de La Plata, obligados a hacer un “pasillo de honor”, decidieron darle la espalda al ingreso del equipo rosarino en señal de protesta.

Este episodio expuso la acumulación de arbitrajes polémicos y fallos disciplinarios que, desde la Primera C y el Torneo Federal hasta la Liga Profesional, se repiten semana a semana. El caso Barracas Central es un ejemplo estructural: un club históricamente menor que escaló categorías al ritmo de decisiones que generaron sospechas en todo el fútbol argentino.

Además, en las últimas semanas, la financiera Sur Finanzas (señalada como cercana al entorno dirigencial) quedó bajo investigación de la DGI por presunto lavado de dinero y evasión fiscal. Habría movido 818 mil millones de pesos por fuera del sistema bancario mediante operaciones con identidades sin capacidad económica real. Sur Finanzas, además, se había convertido en sponsor de clubes de primera y del Ascenso, así como de la Liga Profesional, consolidando un vínculo entre negocios poco claros y la estructura del fútbol profesional.

¿Hay dos bandos frente a este problema?

La crisis actual del fútbol argentino aparece como un punto de supuesto enfrentamiento  entre el gobierno nacional ultraderechista y la conducción de la AFA. Pero ambos plantean modelos de poder con consecuencias profundas para el deporte que es pasión de multitudes.

Por un lado, la estructura Tapia-Toviggino, sostenida en un modelo mafioso con falta de transparencia y un sistema de favores que concentra el poder en una o dos personas. Una conducción que opera sin ningún mecanismo democrático y que sostiene vínculos económicos absolutamente turbios.
Por el otro, están los sectores que impulsan una mayor privatización del fútbol a través de las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD) incluido el gobierno de Milei. Presentadas como una modernización necesaria, las SAD buscan abiertamente convertir clubes sociales en empresas, abrir la puerta a grupos económicos y desmantelar el carácter popular del deporte.

Ambas caras representan un mismo riesgo: una profundización en la ya existente mercantilización del fútbol argentino. Mientras un sector funciona bajo una lógica de poder mafioso y verticalista, el otro propone entregar los clubes a fondos privados y grandes empresarios.
Queda claro que ninguno de estos dos modelos sirve para hacer avanzar ni al fútbol ni al deporte, que son una inmensa pasión popular de masas en nuestro país.