Escribe Marcela Almeida, miembra de la Junta Interna ATE Indec

El lunes 2 de febrero, al llegar al Indec (Instituto Nacional de Estadística y Censos) nos encontramos con la noticia de que había renunciado su director, Marco Lavagna.  Y la sorpresa fue mayor cuando nos enteramos de que la razón habría sido que el gobierno no le permitía publicar el nuevo índice para medir la inflación.

Pese a los compromisos anunciados frente al Congreso de la Nación y en el calendario del organismo, el Ministerio de Economía vetó la actualización del Índice de Precios al Consumidor que se iba a comenzar a publicar este 10 de febrero. Esta actualización incluía la nueva canasta de bienes y servicios que se usa para medir la inflación mensualmente y sus ponderaciones (los pesos que cada artículo tiene en el número final).

Lejos de ser una cuestión menor para las y los  trabajadores, esta intromisión del gobierno en el índice de precios impacta de lleno en los bolsillos populares. El IPC se utiliza para negociaciones paritarias o jubilaciones, por lo que siempre hemos defendido tener la mejor medición posible.
Desde la junta interna de ATE Indec venimos señalando que desde principios del año 2025 estaban las tareas concluidas para actualizar el IPC. Sin embargo, con el argumento de que era “año electoral” las autoridades se negaron a hacerlo. 

Ahora, Milei y sus voceros Caputo y Adorni, esgrimen argumentos técnicos que resultan ridículos. Quieren esperar a que “se consolide el proceso de desinflación” o que la inflación llegue a cero. Hablan de la supuesta incomparabilidad de los datos. Esto no resiste el menor análisis. Si la inflación tendiera a la baja como dice el gobierno se notaría con cualquier metodología y en los bolsillos de la población. Contrariamente, en los últimos meses la inflación no para de subir. ¡Lo único que se “desinfla” son nuestros salarios! Los trabajadores estatales nacionales hemos perdido cerca del 30% de nuestro poder adquisitivo desde que llegó Milei al gobierno. Eso quiere decir que sólo podemos comprar un 70% de lo que adquirimos hace 2 años. Y los alquileres, las tarifas y el transporte no paran de subir…

Por ello denunciamos que lo que buscan es esconder el ajuste que tienen planeado para este año a través de la quita de subsidios a servicios públicos, que con las nuevas ponderaciones más altas para los servicios, iban a redundar en un IPC anual sensiblemente más alto.

Por eso nos oponemos a esta manipulación y señalamos el peligro que se corren con la calidad y credibilidad de los futuros índices. Señalamos que la única salida posible es un Indec independiente de los gobiernos de turno, donde los trabajadores del organismo seamos quienes definimos las metodologías sin injerencia de los políticos patronales.