Escribe Virginia Fariña, apoderada nacional de Izquierda Socialista/FIT Unidad
 
El proyecto de ley enviado al Congreso pretende arrasar con años de conquistas democráticas del pueblo trabajador, al mejor estilo de las dictaduras, hoy replicado por gobiernos ultraderechistas como Javier Milei en Argentina, el derrotado Orbán en Hungría o el nefasto Donald Trump en Estados Unidos. Un claro intento para eliminar a la izquierda y beneficiar a los partidos patronales.
 
Lo que más se difunde de la reforma político-electoral es qué hacer con las PASO (Milei las quiere eliminar para su conveniencia), con la denominada Ficha Limpia o la boleta única de papel. Pero el proyecto va más allá, modificando leyes que regulan la existencia, funcionamiento y financiamiento de los partidos en un claro intento de proscripción de la izquierda, justo cuando el Frente de Izquierda está creciendo.
 
¿Qué dice el proyecto?

Uno. Eleva la cantidad mínima de afiliados que hay que obtener para lograr y mantener el reconocimiento como partido político y poder participar de las elecciones. Esto significa, por ejemplo, que en las provincias con gran cantidad de electores como CABA, Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, se debe pasar de los actuales 4 mil afiliados a 10 mil, todo antes del 30 de junio de 2027.

Dos. Duplica la cantidad de legalidades de distritos para ser reconocido como partido nacional, pasando de las cinco actuales a diez, sin lo cual no se podría presentar candidaturas para la fórmula presidencial.

Tres. Se eleva el porcentaje de votos a obtener para no perder la personería en un distrito, en al menos una de dos elecciones sucesivas, pasando del 2% actual al 3% del padrón electoral. Eso significa que habría que obtener entre el 5% o el 6% de los votos válidos. Con el agravante de que si se constituye una alianza, cada uno de los partidos que la conforman tienen que alcanzar ese porcentaje, no como Frente. De esta manera, el FIT Unidad debería obtener alrededor del 12% del padrón electoral (20% de votos válidos) para que los cuatro partidos integrantes no pierdan su reconocimiento.
Cuatro. Sobre las campañas y su financiamiento se elimina el aporte estatal para los partidos. El gobierno justifica esta asfixia económica con el viejo argumento de evitar “sellos de goma” (cuando fue el que compró personerías para poder presentarse) y “que se financien con la tuya”. Una verdadera hipocresía, porque las evidencias muestran que el gobierno se “viene llevando la nuestra” en pala, por un lado, y por otro, como lo dispone el proyecto, habilita un festival millonario de aportes privados hacia los partidos patronales multiplicando por 17 los topes actuales. Además, en paralelo, se eliminan controles judiciales y se flexibiliza la rendición de cuentas, en el marco de reiteradas denuncias de financiamiento narco tipo Espert o de grandes empresarios a candidaturas de La Libertad Avanza, como las cenas millonarias que pagan en dólares en Puerto Madero.

Con esta disposición, quieren asfixiar económicamente a la izquierda que rechaza recibir aportes de empresarios y capitalistas y se sostiene con el aporte voluntario de su militancia y de sus representantes parlamentarios.

Cinco. La otra medida que complementa este brutal desfinanciamiento es la eliminación de la publicidad electoral gratuita en la comunicación audiovisual. Para los partidos de izquierda es prácticamente imposible acceder a espacios en radio y televisión por sus costos multimillonarios.
Seis. Se elimina también el debate presidencial obligatorio, que le ha permitido al Frente de Izquierda visibilizar ante millones sus propuestas versus los partidos burgueses. Agregando la obligatoriedad de registrar una cantidad exorbitante de avales para que una persona pueda presentar su candidatura. Con este requisito el Frente de Izquierda debería conseguir, sólo para tener derecho a presentar lista, por lo menos 140 mil personas que registren en una plataforma su apoyo exclusivo a nuestra fórmula presidencial. Una clara violación al derecho constitucional a elegir y ser elegido.
 
Por una amplia campaña para derrotar la reforma

Con todas estas medidas buscan favorecer a los partidos patronales (al estilo yanqui) e intentar hacer desaparecer a la izquierda y demás sectores populares de las campañas y por lo tanto de tener representación parlamentaria. Rechazamos el proyecto y llamamos a que lo hagan todos los partidos que se dicen democráticos, implementando todas las acciones necesarias para impedir estas medidas proscriptivas y dictatoriales, en todas las instancias, como lo va a hacer el Frente de Izquierda Unidad.