Escribe José Castillo

La Corte de Apelaciones de Columbia (Estados Unidos) condenó a la Argentina a pagar 390 millones de dólares por la expropiación de Aerolíneas Argentinas. Los favorecidos son el fondo buitre Titan Consortium y pequeños acreedores del Grupo Marsans.

Aerolíneas Argentinas había sido expropiada en 2008 al Grupo Marsans, después de que este la vaciara escandalosamente. Por ejemplo, vendió las oficinas de Roma, París, Nueva York, Miami, Madrid, Bogotá, Lima y Caracas, además de rutas internacionales rentables, cuyos fondos pasaron al Grupo y desaparecieron del balance de la empresa. Recordemos que Marsans había adquirido Aerolíneas a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales del Estado español por 1 dólar, luego de otras gestiones escandalosas que incluyeron a Iberia, beneficiada por la privatización del peronismo menemista de 1990.

Luego de que el gobierno argentino estatizara una Aerolíneas quebrada, el Grupo Marsans inició un juicio y se lo vendió a Burford, el mismo fondo buitre que litiga por YPF. Burford transfirió luego la demanda a Titan Consortium, beneficiario del fallo de la corte yanqui. La sentencia apela el fallo del Ciadi de 2017, que había condenado a la Argentina a pagar 321 millones de dólares por la expropiación. Con los intereses, la suma asciende a 391 millones.

¿Una empresa, Marsans, compra otra por un dólar, gana millones vendiendo sus activos, la vacía, luego la abandona y ahora gana un juicio contra quien se hace cargo de ella por 391 millones de dólares? Exactamente, con el agravante de que quien cobra es el fondo buitre que, en el “pasamanos”, se quedó con el juicio.

¿Cómo es esto viable? Porque todos los juicios vinculados a privatizaciones se dirimen en el tribunal del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), perteneciente al Banco Mundial. Allí, la Argentina ya perdió todos los juicios y los seguirá perdiendo. Ahora se viene el reclamo por 123 millones de dólares de la constructora italiana WeBuild por el congelamiento de la tarifa del puente Rosario-Victoria.

La pregunta es por qué estamos en este juicio. Durante el menemismo se firmaron los Tratados Bilaterales de Inversión (TBI), que obligan a resolver estos diferendos en el Ciadi. Ningún gobierno posterior los derogó. Por eso terminamos allí en primera instancia y luego en tribunales yanquis que ratifican los fallos contra nuestro país y suman intereses.

Es otra parte escandalosa del saqueo. Esos 390 millones de dólares engrosarán la deuda externa. La salida es irse del Ciadi, repudiar los TBI y dejar de pagar esa deuda. Mientras eso no suceda, seguiremos viendo episodios como este.