Escribe Noelia Agüero, legisladora provincial Izquierda Socialista/FIT Unidad

En los primeros meses de 2023 el brutal ajuste de los gobiernos arrasa con los bolsillos de los trabajadores. En Córdoba, el peronista Schiaretti toma deuda millonaria en dólares para obras faraónicas y gasta millones en publicidad electoral pero no resuelve los graves problemas de la provincia, a pesar de contar con superávit: los conflictos salariales de los estatales, las demandas de los sectores más empobrecidos o la reparación y acondicionamiento de escuelas y hospitales. Por el contrario, gobiernan para el empresariado rico y el agro.

Desde los primeros días de febrero nos movilizamos por la reincorporación de 24 trabajadores despedidos de Atanor Río Tercero; continúan los despidos encubiertos a las trabajadoras precarizadas de Paicor; se profundiza el conflicto de Salud; se abre el ciclo lectivo con un contundente No Inicio y una masiva movilización docente por salario y condiciones laborales. También continúan las protestas contra los femicidios y la falta de presupuesto y políticas para protección de las mujeres y disidencias y las niñeces. Schiaretti y el PJ cordobés son responsables del robo jubilatorio del 82% móvil, de la destrucción y saqueo ambiental, del gatillo fácil y de la pobreza e indigencia que asciende a más del 60%.

El PJ y la oposición patronal de Juntos por el Cambio vuelven a la carga con los proyectos para criminalizar la protesta social y aplicar mayor represión para hacer pasar el ajuste. Buscan limitar el derecho a la protesta callejera, imponiendo la media calzada y el “protestódromo”; y multar, enjuiciar y encarcelar a quienes luchan.

En 2022 frenamos el avance de estos proyectos, a través de la organización y la movilización, coordinando con los sectores en lucha. Desde Izquierda Socialista impulsamos la conformación de una multisectorial que sumó a gremios, organizaciones sociales, los partidos del FIT Unidad y otros espacios políticos para derrotar a los partidos patronales y su intento represivo. También, al gobierno le jugó en contra el resonado caso del crimen vial cometido por el legislador González, un hecho que ha dejado a la vista el entramado de impunidad, corrupción y complicidad entre la justicia y el poder político.
Desde Izquierda Socialista llamamos al conjunto de las organizaciones a reactivar la multisectorial y, a través de la unidad de los luchadores en las calles, dar por tierra con estos proyectos y la política represiva y ajustadora de los partidos patronales.

Escribe Rodolfo Sánchez

Luego del desalojo violento de la comunidad mapuche en Villa Mascardi, que terminó con varias mujeres presas, se comenzó a desarrollar una instancia de negociación en medio de la causa judicial. En Bariloche, el pasado viernes 10 participé como veedor designado por Izquierda Socialista, en la segunda reunión de la Mesa de Diálogo convocada por el juzgado que lleva el juicio contra el pueblo mapuche. De la reunión participaron el lof Lafken Winkul Mapu (Villa Mascardi), acompañados por voceros y representantes de otras comunidades de la región. También diversos organismos del Estado, Secretaría de Derechos Humanos, Parques Nacionales, Inadi y Seguridad. Además varios veedores, invitados por las partes. Izquierda Socialista fue invitada como veedora y acompañamos a la comunidad mapuche para fortalecer sus reclamos. En la primera reunión estuvo presente nuestra compañera Laura Marrone. En esta instancia entre los veedores estuvo la infatigable luchadora Norita de Cortiñas. Entre las dos reuniones de mesa, los representantes de las comunidades avanzaron y hasta participaron de una reunión con Alberto Fernández. El día anterior se conoció que la justicia prorrogó por noventa días el juicio oral a las cuatro mujeres de la comunidad.

Los puntos discutidos y supuestamente acordados (seguiremos peleando para que se cumplan) son: el regreso de la machi al Rewe (territorio de seis hectáreas recuperado por la Lof Lafken Winkul Mapu para fines de sanación), actualmente desalojado judicialmente. En el Rewe habrá tres espacios ceremoniales de construcciones (rucas). El Estado quiere hacer una construcción en la Ruta 40 para tener presencia estatal. El gobierno se comprometió a encaminar el reclamo de personería jurídica para la cesión de tierras a la comunidad. Por último, un punto difuso es que al principio la comunidad aceptó asentarse en otro predio, o sea que la Machi y sus acompañantes estarán en el Rewe y el resto en unos terrenos, a determinar lugar y extensión. El reclamo de cierre de la causa y la inmediata libertad de las presas sigue abierto.

Desde Izquierda Socialista/FIT Unidad además de la pelea por estas reivindicaciones, seguiremos bregando para que se reconozcan territorios a las comunidades para que puedan desarrollar su modo de vida sin la persecución. Y no como ocurre hoy día a lo largo del país que es una constante pelea para que se aplique el relevamiento de tierras legislado, mientras que a magnates como Joe Lewis se le conceden cientos de miles de hectáreas boscosas y el control del Lago Escondido, o se deja avanzar a los representantes de la monarquía qatarí con la apropiación de las nacientes del Río Chubut contra la resistencia de la comunidad mapuche local.

Desde el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia repudiamos las gravísimas declaraciones de José Luis Espert pidiendo “cárcel o bala” contra Eduardo Belliboni. El mismo es un llamado abierto a atentar contra la vida de nuestro compañero. Se trata de un ataque fascista sin atenuantes.

La afirmación de José Luis Espert “cárcel o bala para vos, Belliboni” en la red social twitter es una amenaza de muerte y al mismo tiempo, una instigación a cometer un atentado político de características fascistas.
Espert instiga a un asesinato en el marco de una nueva serie de ataques contra el movimiento piquetero combativo, alimentada desde el Ministerio de Desarrollo Social para eludir su responsabilidad por las 160.000 bajas contra el programa potenciar trabajo en un cuadro de pobreza en aumento.

Esta ofensiva que se refuerza con causas penales y persecución en todo el país, no apunta solamente contra los desocupados, sino que busca allanar al camino a nuevos golpes al salario, los derechos laborales y las jubilaciones.
Llamamos a rodear de solidaridad la lucha piquetera y a derrotar la ofensiva de ajuste promoviendo la unidad entre trabajadores ocupados y desocupados.

Escribe Nicolás Núñez, dirigente de Izquierda Socialista/FIT-U

Los últimos días tuvieron amplia difusión en los medios de comunicación la detención en El Bolsón del lonko Facundo Jones Huala, y las celebraciones al respecto en las que no hubo grietas entre el peronismo del Frente de Todos, la oposición patronal de Juntos por el Cambio, y la gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras. Sobre Jones Huala no pesaba pedido de detención alguno, y los cargos por los que fue retenido resultan excarcelables. Pero a pesar de ello, hoy continúa privado de su libertad y se enfrenta a la posibilidad de una extradición que lo lleve nuevamente a las cárceles chilenas. Algo que es posible gracias a que el gobierno del supuesto “izquierdista”, Gabriel Boric, intercedió para que Interpol dictamine una “Alerta Roja” sobre Huala, e inició los trámites legales para que sea trasladado del otro lado de la cordillera.

Hay que recordar que Facundo Jones Huala fue imputado por la justicia chilena en una causa donde se lo involucra en sucesos acontecidos en 2013 sin haber sido probada su presencia en el lugar de los hechos. Habiendo sido detenido en 2017 en Argentina, la lucha del Pu Lof Resistencia Cushamen por su liberación dio lugar a una serie de protestas y cortes de ruta, duramente reprimidos por el gobierno macrista, y en los que el accionar de la gendarmería terminó con la vida de Santiago Maldonado.

Su actual detención hay que vincularla con la feroz campaña de estigmatización, criminalización y violencia contra las comunidades mapuche que se desataron a ambos lados de la cordillera, tanto con gobiernos de centro derecha o “progres”, con Piñera y Boric, con Macri y los Fernández (Alberto y Cristina). Y que además de la reciente detención de Jones Huala, también incluye la privación de la libertad de las presas políticas mapuche que se encuentran detenidas desde octubre del año pasado.

El discurso y la política xenófoba que vemos desplegarse en nombre de “defender la Patagonia de la apropiación mapuche” resulta, tanto una negación de la historia real de territorios constituidos en base al despojo y el genocidio de los pueblos originarios, como una impostura completa en la boca de quienes nada dicen de la apropiación del británico Joe Lewis de Lago Escondido, o las tierras que están cercando ilegalmente representantes de la dictadura qatarí en las nacientes del Río Chubut. En este último caso, son justamente representantes del Lof Cayunao quienes alertan sobre esta apropiación de bienes comunes que afectaría al conjunto de las comunidades locales cuyo acceso al agua depende de dicho río.

En nombre de Izquierda Socialista/FIT Unidad, los diputados nacionales electos Juan Carlos Giordano y Mónica Schlotthauer rechazaron la extradición y reclamaron la liberación de Facundo Jones Huala y del conjunto de las y los presos políticos del pueblo mapuche, así como también el fin de la criminalización y los discursos de odio xenófobos. Es urgente el cumplimiento de la Ley 26.610 de Emergencia Territorial Indígena y la reparación histórica de las comunidades que hoy son avasalladas para entregarle sus tierras al capital extranjero, los negociados inmobiliarios, mineros y del agronegocio.