Escribe Nicolás Nuñez

La película “Argentina, 1985” puede servirnos de puntapié para recuperar un poco más de este proceso singular y contradictorio que terminó con parte de los cabecillas del golpe militar tras las rejas. Para eso fuimos a los números de Solidaridad Socialista, el periódico que editaba nuestra corrriente morenista en los ‘80. Fuimos parte de esa historia.
 
Desde el comienzo del gobierno de Raúl Alfonsín, señalábamos la manipulación que el líder radical realizaba del clamor popular por el juzgamiento de los genocidas. Se explicaba entonces (Solidaridad Socialista N° 133): “nuestro país está a mitad de camino entre las naciones que, como Brasil o Uruguay, no hicieron nada contra sus terribles dictadores, y otras como Nicaragua, donde hubo una guerra que destruyó al ejército y terminó con el éxodo o encarcelamiento masivo de la antigua dictadura”. En Argentina, si bien no se había destruido al ejército, sí se había abierto un proceso revolucionario que fue el que derrumbó a la dictadura militar, y el que hizo inviable la impunidad de los principales responsables del genocidio.

Alfonsín comenzó por intentar que los propios milicos se juzgaran a sí mismos, rechazó la propuesta de una comisión bicameral y la apertura de los archivos de “inteligencia” del ejército. Esto último, algo que sigue reclamando hoy el Encuentro Memoria Verdad y Justicia. Ningún gobierno ha brindado esa información clave para saber qué hicieron con los desaparecidos y las y los niños apropiados que no han recuperado aún su identidad.

En ese sentido, el juicio a las Juntas terminaba representando, al mismo tiempo, un triunfo en tanto posibilidad de sentar a las cabezas del genocidio en el banquillo de los acusados. Pero, al mismo tiempo, implicaba la maniobra de acotar los procesos sin ir a fondo por el “juicio y castigo a todos los culpables”, que era la consigna de masivas movilizaciones que se daban en paralelo a las audiencias del proceso judicial.

Así, en Solidaridad Socialista número 121 de septiembre de 1985, ante la transmisión televisiva del alegato del fiscal Julio Strassera que hoy vemos interpretado por Ricardo Darín, nuestro periódico de ese entonces señalaba: “Nos daremos el lujo de ver sudar frío, bajo la mirada de todo un país, a estos nueve genocidas. Poder ver este espectáculo es un triunfo inmenso de todo el pueblo argentino. Es en primer lugar, un triunfo de todos los trabajadores y de todos los que desde 1976 resistimos a esa dictadura infame. Es un triunfo de las Madres de Plaza de Mayo que jueves tras jueves denunciaron todos los crímenes en las situaciones más adversas. Fue esta resistencia obrera y popular la que terminó socavando hasta el derrumbe definitivo a la dictadura, y fue esta lucha la que llevó al banquillo de los acusados a los nueve comandantes”.

“Juicio del siglo: una farsa que absolvió a la muerte”, decían las páginas centrales del periódico posterior al fallo (Solidaridad Socialista N°133 del 12/12/85). Allí se señalaba la contradicción de un fallo que reconocía los crímenes perpetrados por los milicos pero daba penas irrisorias. Por caso: “Agosti, culpable de torturas y robos reiterados, recibió cuatro años y seis meses de prisión. Mucho menos de los ocho que puede alcanzar quien roba una billetera en un colectivo”.

¿Qué había pasado? Respondíamos: “todo indica que los jueces decidieron acoplarse a la política seguida desde hace dos años por el gobierno alfonsinista, y que está destinada a impedir el juzgamiento y castigo de los miles de oficiales y de cómplices civiles que actuaron en el proceso. Para ello, recurrieron a la maniobra de considerar al genocidio como si fuera un delito común, cometido individualmente por algunos de los oficiales”. Sin embargo, no dejábamos de reconocer que la perpetua a Videla y Massera representaba “un triunfo del pueblo”, aunque lo que primaba era el “estupor ante la blandura” del fallo en general.

Todo esto, señalado hace casi cuarenta años, se ratifica en una perspectiva histórica donde hasta el día de hoy primó la impunidad, siendo que de más de 600 centros clandestinos de detención que hubo en todo el país, tenemos alrededor de apenas mil sentencias firmes a los milicos genocidas. Esto es así porque después del juicio a las Juntas lo que vino fueron las leyes de “Obediencia Debida” y “Punto Final”, y luego los indultos del gobierno peronista de Menem en los ‘90. Si luego se logró la nulidad de dichas leyes y de los indultos fue gracias a la continuidad de la lucha contra la impunidad y al cambio de relaciones de fuerza generado por el Argentinazo de diciembre de 2001.

Hoy el peronismo kirchnerista hace loas de haber descolgado el cuadro de Videla, pero durante su gobierno Cristina puso a uno de esos genocidas impunes a cargo del ejército, César Milani.
 
Un reclamo revolucionario y vigente

La impunidad para los milicos siempre fue también para los cómplices civiles (empresarios), eclesiásticos y políticos patronales. Recordaba aquel Solidaridad Socialista que la UCR había sostenido durante el golpe 310 intendentes, y hasta el embajador en los Estados Unidos. Por su parte, el Partido Justicialista mantuvo en funciones 169 intendentes. Por eso es tan de fondo la pelea por el juicio y castigo a todos los culpables. Los partidos patronales siempre buscaron y seguirán buscando la forma de limitar el juzgamiento, porque en última instancia, ir a fondo implicaría ir también contra los mismos intereses económicos y políticos de ajuste, sometimiento y entrega del país tanto bajo la dictadura como bajo los gobiernos radicales, peronistas y macristas.
En ese camino seguiremos peleando. 30.000 compañeras y compañeros detenidos-desaparecidos, ¡Presentes!

Escribe Nicolás Nuñez

Uno de los puntos más fuertes de “Argentina, 1985” es la representación del testimonio de Adriana Calvo Laborde. La actriz Laura Paredes interpretó sus palabras desde el mismo exacto lugar en el que Adriana, con los nueve milicos acusados sentados a su espalda, dio cuenta de cómo había parido a su hija en el patrullero en el que la trasladaban de un centro clandestino a otro. Sin embargo, justamente ella, su hija, Teresa Laborde, en estos días dio cuenta de que la película se toma una “licencia” en el guión con la que no acuerda, dado que su madre aún después de todo lo padecido y a diferencia de lo enunciado por la actriz en la película, nunca se fue del país.

El de 1985 no fue su primer testimonio, sino que también lo había hecho ante la Conadep, y desde entonces no fue su último aporte a la lucha contra la impunidad. Fue cofundadora en 1984 de la  Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos y una figura clave en la pelea por el avance de los juicios a los genocidas. Durante los gobiernos peronistas kirchneristas fue permanente su presencia en la lucha contra la impunidad y la represión, y por la aparición con vida de Jorge Julio López. Adriana falleció en 2010, pero esta película viene a ratificar que sigue presente en cada paso que da en nuestro país la lucha por la Memoria, Verdad y Justicia.


 

Desde Izquierda Socialista Río Negro en el Frente de Izquierda y de los Trabajadores Unidad (FIT-U) repudiamos el allanamiento ordenado por el juez Juan Laurence en el domicilio particular del reconocido periodista local, el mapuche-tehuelche Oscar Moreno.

El desmesurado procedimiento fue con fines de secuestrar el teléfono celular de Moreno tras la denuncia infundada del abogado Ernesto Saavedra. Según consta en artículo de Daniel Santoro (Diario Clarín del 5/10), Saavedra explicó: “un conocido dirigente de los mapuches llegó hasta la puerta de mi casa y sacó fotos e hizo filmaciones”, y que teme un eventual ataque incendiario… están haciendo “inteligencia fotográfica” …para el grupo mapuche violento. La prueba es una foto de la cámara de seguridad y se lo ve a Oscar Moreno, a plena luz del día, en su auto particular sacando fotos en otra dirección diferente a la cámara. El periodista explicó que estaba por casualidad allí y sacó fotos de una propiedad que se alquilaba para enviar a un amigo que está en búsqueda de vivienda.

Las operaciones de prensa antimapuche no son novedad. Tras el asesinato de Rafael Nahuel en Villa Mascardi por el grupo de Prefectura Albatros, decenas de artículos en Clarín carecían de periodismo y eran burdas operaciones construidas con mentiras, endebles suposiciones, prejuicios y racismo con un claro objetivo de estigmatizar al pueblo mapuche y desvalorizar sus reclamos de recuperación territorial. A esta campaña se han sumado otros medios poderosos de Buenos Aires como La Nación, Infobae o Canal 26 entre otros.

El denunciante, Ernesto Saavedra, es un abogado de Bariloche que defendió a los denunciados de la estafa Kopprio, donde había al menos unas 300 familias damnificadas. Recordemos que ofrecían viviendas sociales del gremio UPCN y la venta de un terreno para su construcción. Saavedra actúa y promueve casi todas las causas de desalojo de comunidades de pueblos originarios en Río Negro. Recientemente anunciaba el inminente desalojo en cuesta del Ternero, impulsa el desalojo de la lof Lafquen Winkul Mapu (Villa Mascardi), representa al querellante Diego Frutos y en un principio también representaba al Obispado de San Isidro, pero este lo despidió por racista. Saavedra, además integra con Patricia Bullrich del movimiento “antitomas”, con el financiamiento de ONG y consultoras internacionales. El letrado racista es miembro del proyecto “Propiedad privada Patagonia” (PPP) que creó la ONG Fundación para la Naturaleza del Futuro (FUNAFU), entidad interviniente en el desalojo del lof Gallardo-Calfu el 19 de octubre 2021 en el paraje El Foyel en la zona andina de Río Negro.

Desde Izquierda Socialista Río Negro en el Frente de Izquierda y de los Trabajadores Unidad (FIT-U) llamamos a la más amplia unidad de todas las organizaciones para repudiar éste ataque al periodismo independiente y exigir el cese de la persecución al trabajador de Infobariloche, Oscar Moreno. Lamentamos que la Justicia se ponga al servicio de semejante reconocido racista y antimapuche.

¡No al Racismo!
¡No a la campaña de estigmatización del pueblo Mapuche!
Por la recuperación de territorios en manos de multimillonarios y capitalistas
Por la libertad de las presas mapuche de la lof Lafquen Winkul Mapu y restitución de sus territorios
Nuestra solidaridad con el trabajador de prensa Oscar Moreno

Contactos:
Rodolfo Sánchez 0294-4337112
Armando Aligia 0294-4959979

Escribe Blanca Lopez, diputada provincial Izquierda Socialista/FIT Unidad
 
En diciembre de 2017 los obreros de la maderera MAM, en el Parque Industrial de Neuquén, fueron desalojados por la policía. Ocupaban la empresa en defensa de su fuente de trabajo y por la reincorporación de los despedidos. Su lucha es muy recordada por el tiempo que duró, por la firmeza de los obreros y porque las organizaciones de izquierda la acompañamos con todo tipo de acciones. Hasta que el 8 de diciembre del 2017, de madrugada, la policía provincial comenzó con el desalojo. Cuando éste ya estaba consumado y mientras seguía la protesta en la puerta de la empresa, el policía Palomino disparó, a muy corta distancia, contra el cuerpo de Raúl Godoy, diputado del PTS/FIT Unidad.  El juicio duró varios años bajo la carátula de Lesiones agravadas por el uso de armas, además de ser provocadas por un agente policial en abuso de sus funciones.

Se determinó una sentencia de cinco años de prisión. Durante todo el juicio la defensa del policía intentó derribar las pruebas que presentaron los abogados de Godoy. Fueron muy evidentes los videos presentados en la prueba que demostraron la intencionalidad de Palominos cuando realiza el disparo. Tiró a pegar y a cortísima distancia. Es que se estaba juzgando a un policía que había reprimido una ocupación de fábrica. El gobierno y el régimen no querían dejar el antecedente de que los policías que reprimen con balas vayan presos. Finalmente la jueza Raquel Gass dispuso la detención de Sergio Palominos, quien deberá cumplir su pena en una cárcel común, contradiciendo lo solicitado por la defensa que pretendía prisión domiciliaria.

Desde Izquierda Socialista acompañamos el juicio en todas sus instancias y por eso el día de la condena final festejamos en la puerta de los tribunales junto a Raúl, junto a los compañeros y compañeras de las organizaciones presentes.

Escribe Laura Marrone, legisladora -mc- de CABA por Izquierda Socialista/FIT Unidad.

Que el gobierno garantice los derechos de las personas con discapacidades

La población con discapacidades de nuestro país, alrededor del 10%, sufre un nuevo ataque por parte de un gobierno que está empeñado en aplicar un brutal ajuste al pueblo trabajador para cumplir con los dictados del FMI, mientras la CGT y CTA no llama a la lucha para defender a los que reclaman por sus justos derechos.

En esta oportunidad, aquellos que tienen obra social y, por tanto, acceso a prestaciones básicas, ven peligrar la continuidad de las mismas porque los prestadores que la atienden no cobran desde hace seis meses. En general se trata de personas que están tercerizadas con contratos basura vía asociaciones particulares, precarizadas, con salarios inferiores a los nomencladores de sus profesiones, insuficientes, que sostienen sus servicios hasta hoy sin los recursos más elementales para vivir. Por ello están realizando medidas en todas las provincias de visibilización de su realidad para hacerse escuchar (marchas, acampes) donde confluyen trabajadores, familiares y personas con discapacidades. Todas las familias tienen alguna persona en esta situación, viviendo la incertidumbre sobre qué harán mañana.

Tanto el gobierno del Frente de Todos, a través del ministerio de Economía, como las Obras Sociales y todo un entramado burocrático en que ambos se escudan, hacen oídos sordos a este reclamo cuando son los responsables de los fondos para proveer los recursos que sostienen estas prestaciones. Y la situación se agrava día a día. En ese marco, el gobierno prepara un DNU para crear un Fondo Nacional para la cobertura de las prestaciones Básicas de Atención Integral a favor de las Personas con discapacidad, previstas en la Ley 24901, donde se haría cargo de las prestaciones para toda la población, no solo aquellas que no tienen obra social. Aunque la propuesta pareciera responder a una necesidad imperiosa, -que es atender a todas las personas, con y sin obra social-, la propuesta no puede deslindarse del contexto en que se realiza. Los efectos prácticos de este decreto que rechazamos serán que las obras sociales se saquen de encima la responsabilidad de atender a los discapacitados y que el Estado dé unos míseros pesos que no alcancen para cumplir con la atención debida a estos pacientes.

Nosotros proponemos que de los montos para educación y salud, apropiados por el ministerio de Economía por subejecución del presupuesto, salga el dinero para un subsidio de emergencia, que normalice las prestaciones hasta tanto se encare una solución definitiva.  La solución de fondo requiere, no un fondo que luego terceriza servicios, sino la integración de las prestaciones a las personas con discapacidades, con y sin obra social, a un sistema único nacional de salud gratuito y que, además, integre al personal hoy tercerizado al régimen laboral del Estado en igualdad de derecho que el resto del personal de la salud pública, todo bajo control de las asociaciones de familias afectadas. En el camino de esa solución, debemos defender lo que ya tenemos, y es que no se reduzca ni un peso a los fondos que ya existen para pagar una deuda externa usurera y fraudulenta y cumplir las metas con el FMI, el pago inmediato a todas las personas que prestan servicios a las personas con discapacidades, equiparación salarial a las profesiones de los nomencladores del estado y el cumplimiento de la Ley 24.901.