Oct 06, 2022 Last Updated 5:57 PM, Oct 5, 2022

En estos días se está desarrollando la Audiencia Pública Consultiva del Concejo Deliberante de General Pueyrredón (Mar del Plata) sobre la instalación de petroleras en el mar argentino.

La consulta es una medida de legitimar el avance del Gobierno Nacional y las petroleras en sus proyectos extractivistas tras recibir un golpe por las grandes movilizaciones ambientalistas en la localidad y en toda la provincia contra este tipo de instalaciones.

La lucha logró que un Juzgado Federal de Mar del Plata dicte una medida cautelar, que fue suspendida y falta la definición de la Cámara de Apelaciones local. Esta audiencia es paralela a cualquier fallo, pero busca sentar el precedente de la “aprobación social” para las petroleras.

En nombre de Ambiente en Lucha e Izquierda Socialista – Frente de Izquierda Unidad, como parte de la Coordinadora Basta de Falsas Soluciones, participó Nicolás Núñez y señaló:

“Comparto los argumentos de la Asamblea Mar Libre de Petroleras, son inocultables lo peligros ambientales de esta iniciativa que rechazamos. [..] también lo hicieron en una solicitada 500 cientifiques del CONICET”.

“La discusión es simple: se está promoviendo abrir una nueva forma de extractivismo (extrema), ustedes la justifican porque hace falta para pagar la deuda externa, y nosotres decimos que no, que la deuda es con el pueblo, y que no aceptamos que sigan profundizando este rumbo hacia a la catástrofe ambiental y climática.”

“Porque, es un hecho que en el mundo se pisotean los informes científicos del Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático que piden frenar, no hoy, ayer, este tipo de iniciativas. [..] Se trata es de dar una señal política: hay que reorganizar la economía y la producción, basta de poner las ganancias empresariales por sobre la vida sobre el planeta tierra.”

“Miramos al norte de país, desmontes masivos. Miramos al norte y al sur del país, megaminería. Miramos al sureste, fracking. Miramos el campo, nuevos eventos agrotóxicos. Se promueven todas juntas, a la vez [..]Los fundamentalistas son quienes promueven estos proyectos, fundamentalistas del Fondo monetario Internacional. [..]”

“Esta audiencia está maniatada al servicio de una conclusión política que es decir que las masivas protestas fueron producto de la desinformación. Es en función de esa maniobra que dejaron afuera a mil doscientas personas, armando una audiencia hiper corporativa, donde hablaron funcionarios de YPF de todo el país, pero por ejemplo referentes de la pelea por un Mar Libre de Petroleras de Necochea fueron vetades de participar. [..]”

“Esperábamos que las patronales de las multinacionales, de Shell, de Equinor, digan que quieren transformar a Mar del Plata en la nueva Dubai. Pero acá, esa postura la levantan la CGT y del sindicato de petroleros y pesqueros. Y estamos acá ante un sinceramiento tremendo. ¿Saben estos dirigentes que el 90% de la mano de obra de Dubai son inmigrantes sin derechos laborales, que cobran unos $132 dólares por mes y que viven hacinados en localidades vecinas? [..] Es un hecho fáctico innegable que toda forma de extractivismo capitalista en un país atrasado está asociada a mayor desigualdad, mayor saqueo, y mayor quite de libertades democráticas. [..]”

“Realmente hace falta plata para trabajo en localidades como Mar del Plata, que no alcanza con el turismo veraniego. Pero tiene que salir de otro lado: ¿Y si el presidente se dejara de llorar por los medios con que no puede tocarle un punto de retenciones a la oligarquía y se implementaran impuestos contundentes a los que la están levantando en pala aún en medio de la crisis? ¿y si pusiéramos la plata que nos está robando el FMI para un plan de obras públicas masivo a nivel nacional? [..]”

“Rechazamos que esta audiencia maniatada intente ser utilizada como una vía de escape para que el intendente macrista cambie su posición. [..] Todo nuestro rechazo desde Ambiente en Lucha e Izquierda Socialista a este proyecto. [..]”

“Evitemos decirle ‘off shore’ (Más allá de la costa), digámosle: “mar adentro”. El lenguaje tiene esas cosas, petroleras adentro del mar… ¿vieron qué distinto suena? Nosotres lo rechazamos”.

Escribe Nicolás Nuñez, referente de Ambiente en Lucha (Izquierda Socialista e Independientes)

Como ocurre desde hace quince años, el último sábado de marzo se llevó adelante en más de 190 países el apagón simbólico por “La hora del planeta”. La Torre Eiffel, la estatua del Cristo de Río de Janeiro, el Coliseo de Roma, y la Catedral de San Basilio en Moscú, entre tantos otros lugares icónicos, se envolvieron en la oscuridad durante una hora. En la Ciudad de Buenos Aires los elegidos fueron el Obelisco y el Planetario, y en La Plata lo propio hizo el Palacio Municipal.

Fue en 2007 y desde Australia que la World Wide Fund for Nature (WWF), Organización Mundial de Conservación, la ONG de preservación de especies más grandes del mundo, comenzó a impulsar esta iniciativa. Según definen sus promotores no se trata de una protesta contra la industria energética, ni nada por el estilo, sino simplemente de llamar la atención sobre la degradación ambiental en curso. Los gobiernos patronales y las empresas se suman para posar con preocupación. Lo único que pide la WWF para sumar la adhesión es una carta de compromisos ambientales de los municipios, cuando es sabido que firmar compromisos ambientales que después nadie cumple ni controla es uno de los deportes preferidos de los gobiernos capitalistas.

Este tipo de acciones tienen, en cierto sentido, el aspecto positivo de llevar a la agenda mediática la cuestión ambiental. Pero, por otro lado, siguen siendo el tipo de iniciativas que siembran expectativas en que la crisis ambiental pueda ser encarada en base a acciones individuales (apagar un rato la luz) y de la mano de los gobiernos patronales y multinacionales responsables de la situación en que estamos inmersos.

Recordemos: el último informe del Panel Intergubernamental sobre cambio climático señaló que la mitad de la humanidad vive en entornos altamente vulnerables al cambio climático. Ratificó que el calentamiento global está adelantando riesgos más altos de los previstos, incluyendo la extinción masiva de especies, y que está planteado superar el punto de no retorno del 1,5° de aumento de la temperatura global en 2030. Más que “horas” por el planeta, necesitamos una cada vez más potente y permanente lucha en las calles contra la catástrofe a las que nos lleva el capitalismo y sus gobiernos.

Escribe Nicolás Nuñez, referente de Ambiente en Lucha (Izquierda Socialista e independientes)

El impulso a la megaminería en Chubut y a las petroleras off shore en el Mar Argentino fueron un adelanto de lo que viene a profundizar de la mano del pacto de Fernández con el FMI.

El acuerdo del gobierno con el Fondo Monetario Internacional viene de la mano de un nuevo intento de poner un techo a los reclamos ambientales. De la mano de las vigilancias trimestrales del organismo, a partir de ahora lo que aparecerá cuando nos propongamos rechazar las iniciativas de saqueo extractivista que impulse el gobierno junto a las multinacionales, va a ser la frase: “si se cae tal proyecto, se cae el acuerdo con el Fondo y caemos en default”. Desde el vamos, en el anexo de políticas económicas adosadas al pacto que el ministro Martín Guzmán defendió en el Congreso, se encontraba la aprobación de las leyes de Hidrocarburos y agronegocio.

Ese documento de plan económico de Guzmán se propone la meta hacia 2030 de ampliar en 25 mil millones de dólares las exportaciones, para pagar los vencimientos que empezarán a apilarse pasado el plazo de los desembolsos que giraría el FMI. Al establecer cómo, Guzmán deja en claro que el camino para hacerlo está centrado en la mega minería, petroleras off shore, avance de la frontera agropecuaria y la extracción de litio. El proyecto enviado al Congreso habla de un “desarrollo productivo verde”, de “adaptación al cambio climático”, y otras frases típicas del doble discurso del Frente de Todos. Pero la única medida nueva anunciada es un “Sistema de Etiquetado Climático”, para evaluar proyectos de inversión productiva. Ahora, ¿quién etiquetaría? ¿El mismo gobierno que considera “ecofriendly” devastar el monte chaqueño para generar biocombustible?

El activismo socio ambiental tiene que tomar en cuenta que cuando pedimos poner un freno a actividades de saqueo, que el gobierno justifica en pos de juntar divisas para el pago de la deuda, tenemos también que rechazar su pago. Caso contrario, estaríamos diciendo “no la paguen con la naturaleza, paguenla con mayor explotación laboral o ajuste a les jubilades”. El reclamo por el no pago es la forma de vincular la lucha ambiental con la social. No como Jóvenes por el Clima y demás organizaciones, quienes justifican las petroleras off shore por su aporte de dólares para un supuesto “desarrollo” que jamás llega.

Escribe Nicolás Núñez, referente de Ambiente en Lucha (Izquierda Socialista e independientes)

La décima parte de Corrientes fue arrasada por el fuego. La prolongada sequía en la zona tiene origen en el calentamiento global, pero la violencia de los incendios sólo se explica por las políticas provinciales y nacionales que la hicieron posible.

Dos tipos de imágenes inundaron los medios de comunicación y las redes sociales en estos días: por un lado, las de llamas, los carpinchos y yacarés buscando refugio, bomberos y voluntarios exhaustos, una catástrofe de proporciones históricas; por otro, las de la solidaridad popular, familias acercando insumos, colectas millonarias en redes sociales, lágrimas desde cuarteles de bomberos como los de Berón de Astrada que jamás habían contado con un móvil autobomba para sus tareas. En el medio, Alberto Fernández atajando penales en la playa, Gustavo Valdés, el gobernador correntino de Juntos por el Cambio, en el Corsódromo, y años y años de políticas que fueron las brasas de este desastre.

Sequía y agronegocio, cóctel incendiario

Según señalan especialistas, la sequía más intensa desde el 2002 a la fecha que padece la zona es fruto del fenómeno climático “La Niña”. Un evento que tenderá a hacerse más habitual a medida que avance el calentamiento global, en el que una variación anómala de la temperatura del mar termina generando en la zona centro-oeste de Argentina vientos del norte más cálidos y altas temperaturas, como las que atravesamos en enero con cifras récord. Sus consecuencias ya habían quedado claras con la bajante histórica del río Paraná. Pero por sí solo esto no explica los incendios: al menos tres intervenciones de las patronales del agronegocio fueron necesarias.

Primero, la multiplicación de la superficie forestal a base de introducción de especies exóticas (pinos, eucaliptos) que pasó de 142 mil hectáreas en 1994 a 516 mil en 2019. Se trata de una práctica que inserta en humedales especies cuyo monocultivo desertifica su entorno, al servicio de las ganancias de empresarios como Hugo Sigman a través de Pomera Maderas, o por caso de la Universidad de Harvard, que es propietaria de 87 mil hectáreas, parte de ellas incluso dentro del territorio “protegido” de la Reserva Provincial Iberá. La velocidad del fuego en estas plantaciones es 30 veces superior a su capacidad de despliegue en bosques nativos.

Segundo, la archiconocida práctica de eliminar humedales y bosques nativos para cambiar el uso del suelo, a pesar de estar esto prohibido por la Ley de Manejo del Fuego. A lo ya dicho de la industria maderera, se suma la búsqueda de extensión de la frontera ganadera. Digamos de paso, que el gobierno anunció que giraría unos 500 millones de pesos a los productores afectados, sin que nada impida que esos fondos no sean puestos al servicio de cerrar este círculo y fomentar las mismas actividades que abrieron paso a los incendios.

Tercero, el lobby. Cuando en el Congreso Nacional empezó a avanzar el debate de la Ley de Humedales en 2020, en el Senado Provincial, peronistas y radicales, votaron una declaración en rechazo. Lo hicieron a coro de la declaración de la Coordinadora de Entidades Productivas de Corrientes (Sociedad Rural Argentina, Confederaciones Rurales Argentinas, Federación Agraria, entre otras) que se pronunciaba en contra a partir de afirmar que respecto de sus explotaciones “no existen evidencias objetivas que demuestren algún daño provisorio o irreparable sobre los humedales”. ¿El 10% de la provincia reducido a cenizas será ahora suficiente evidencia empírica?
Así las cosas, el fuego dibuja dramáticamente con sombras una realidad: cajonear la Ley de Humedales fue un crimen ambiental. El gobierno del Frente de Todos es el principal responsable.

Solidaridad y movilización popular

En este contexto, la militancia peronista en redes sociales se lanzó a atacar al influencer, Santi Maratea, por la enorme colecta que organizó desde su cuenta de Instagram. Les molestó que Maratea visibilizara departamentos de bomberos de la provincia a los que les faltaba de todo para hacer frente a los incendios. Y es que éste era el elemento que faltaba para que el infierno se desatara: el desfinanciamiento permanente de los sistemas de combate del fuego, el incumplimiento universal por parte de todos los gobiernos de la Ley de Bosques, un Estado nacional que todos los meses tiene un incendio devastador en alguna provincia y sigue sin contar con una flota de aviones hidrantes que dé una respuesta inmediata.

Es clave que la solidaridad masiva de estos días se combine también con la movilización. Desde la Coordinadora Basta de Falsas Soluciones (BFS) se va a acompañar las convocatorias de la Asamblea Provincial Basta de Quemas de Corrientes que está impulsando acciones exigiendo una respuesta presupuestaria a la altura de la situación desatada y denunciando las políticas que nos trajeron hasta acá. Ambiente en Lucha, como parte de la coordinadora BFS, llamamos a participar y reclamamos un vuelco masivo de recursos urgente para que el freno a los incendios no dependa en un 100% de la llegada de la lluvia.

Los medios oficialistas culpan al gobierno provincial, los medios opositores macristas al gobierno nacional. Lo cierto es que ambos son responsables. La catástrofe correntina demuestra que los partidos patronales hablan mucho del cambio climático, pero lejos de estar tomando medidas para hacer frente a esa realidad, están generando todas las condiciones para que sus consecuencias sean aún más devastadoras. Con esa conclusión política mediante, se impone también seguir peleando por una alternativa de fondo, que proponga romper con el FMI, y dejar de tener una economía atada al dólar del agronegocio para pagar la deuda, para pasar a planificar una transición económica y productiva al servicio de las mayorías populares y en armonía con la naturaleza.

Escribe Nicolás Núñez, referente de Ambiente en Lucha (Izquierda Socialista e independientes)

En su cruzada en defensa de la explotación petrolera en el Mar Argentino, los funcionarios salieron a coro a tratar de convencernos de que el suyo es un “gobierno ambientalista”. ¿Esto tiene algo de cierto?

Además del raid mediático de funcionarios, el gobierno peronista aprovechó para el “greenwashing” (lavado de cara verde), la presentación de un “Clúster renovable nacional” de inversiones estatales y privadas para generar energías renovables. El propio escenario del discurso lo desnudaba por entero, ya que quienes acompañaban al presidente, Alberto Fernández, y al ministro de Producción, Matías Kulfas, eran todos gobernadores impulsores del fracking y la megaminería a cielo abierto: San Juan, Catamarca, La Rioja, Río Negro, Neuquén, y Mendoza.

Lo único “renovable” es el discurso

Lo dicho allí por Kulfas mostró que su estrategia ahora es decir que ellos representaran una tercera opción entre el “dejar explotar a cómo dé lugar” y el “prohibicionismo” al que no le preocupa la pobreza del país (sic), y que ellos ejercerán en el medio un “ambientalismo responsable”.
Lo primero a decir es que es difícil visualizar dónde estarían los “frenos” de este gobierno (y el anterior macrista y todos) a la destrucción ambiental. Argentina encabeza récords de pérdida de bosques nativos, tenemos los porcentajes de glifosato en sangre de la población más altos del mundo, las megamineras derraman cianuro a los ríos y no pasa nada, empresas como Klaukol mataron más de cien vecinos y nunca el Estado midió los residuos que emiten sus chimeneas… La verdad es que si acá no se contamina “a cómo dé lugar”, se parece bastante a eso. En donde existen en nuestro país limitaciones a la contaminación del saqueo extractivista es pura y exclusivamente porque luchas populares así lo impusieron. Y lo que persigue desembozadamente el gobierno del Frente de Todos es levantar esas limitaciones.

El gobierno peronista presenta como un hito de su “ambientalismo responsable” el acuerdo por la producción de hidrógeno verde en Río Negro. Pero, acto seguido, el propio Kulfas celebró en sus intervenciones radiales que ese hidrógeno ya está vendido a Inglaterra para el 2025. Tal como lo que se pretende con la explotación megaminera del litio, nuestro país se quedará con los pasivos ambientales del desarrollo de estas tecnologías para que luego los países centrales puedan “transicionar” a una economía menos dependiente del petróleo.

No hay transición energética sin reestatización de los recursos energéticos

El gobierno hace un mal uso de reportes científicos para señalar que como en 2050 recién el mundo tendría planificado culminar su proceso de descarbonización, hasta entonces sería “sostenible” hacer crecer exponencialmente la explotación de combustibles fósiles. Lo primero a decir es que esos pronósticos no está nada claro que vayan a cumplirse, justamente porque los gobiernos capitalistas y las multinacionales, siguen dándole manija a la exploración en busca de energías fósiles de formas cada vez más rebuscadas y dañinas para el ambiente (como las explotaciones offshore y el fracking).

Lo segundo, es que lo que los científicos casi unánimemente recomiendan es poner un freno a estas nuevas exploraciones, en particular a sus formas extremas, como las que implican las plataformas que van de 1.800 a 3.000 metros de profundidad habilitadas por el ministro Cabandié en el Mar Argentino. Las multinacionales del petróleo, privadas y estatales (como Equinor de Noruega) ya tienen declaradas reservas que de utilizarse en su totalidad más que quintuplicarían las emisiones de gases de efecto invernadero límite que tiene la humanidad, si no se quiere atravesar el umbral de un aumento de 1.5° de la temperatura global.

El “ambientalismo” del gobierno de Fernandez es seguir haciendo negocios, como si nada pasara con las multinacionales que con su lucro están incendiando el planeta.  Lo que por el contrario necesitamos es pelear por reestatizar bajo control de sus trabajadores la industria energética, el gas y el petróleo, y de la mano de dejar de pagar la deuda externa, contar con los recursos para discutir democráticamente una transición energética y productiva, que no es para comenzar dentro de treinta años sino lo antes posible, si queremos frenar la catástrofe que nos amenaza.
 
 
 
 

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