Escribe Adolfo Santos
El presidente Alberto Fernández difundió en estos días un par de spot publicitarios, en modo electoral, criticando al ex presidente Macri, tratando de mostrarse como una opción diferente a la gestión anterior. El objetivo del presidente es frenar el desbande de sectores peronistas desilusionados con su gobierno. Sin embargo, cuando el peronismo habla de los cuatro años de la derecha macrista en el gobierno, hay que recordarle que fue cómplice de las políticas aplicadas por el PRO y los radicales de Cambiemos durante ese período. Los gobernadores y parlamentarios peronistas y los dirigentes de la CGT dejaron pasar los ajustes y no organizaron a la clase trabajadora y demás sectores populares para enfrentar a ese gobierno derechista.
Con el argumento de que si vuelve la derecha será para aplicar tarifazos y atacar derechos -lo que es verdad- se está encubriendo que en estos últimos años el gobierno peronista fue el que ha profundizado el ajuste, aumentado los niveles de pobreza e indigencia, precarizado el trabajo, desvalorizado los salarios y robando a los jubilados y pensionados para cumplir con el FMI. Eso es lo que produce desilusión y ruptura de importantes sectores con el peronismo.
Los políticos peronistas, cuando son gobierno, aplican globalmente políticas similares a administraciones de derecha, independientemente de los discursos más radicalizados. No actúan con independencia política ni en defensa de la soberanía como nos quieren hacer creer, son ejecutores de los planes impuestas por el FMI y gobiernan junto a los intereses económicos de los poderosos. Al igual que el gobierno de Cambiemos, el peronismo paga puntualmente la deuda externa, le hace grandes concesiones a los sojeros y grandes empresarios, entrega la soberanía a las multinacionales como en Vaca Muerta o Veladero e impulsa duros ajustes contra los trabajadores.
Aunque tengan diferencias, no hay un peronismo de izquierda y otro de derecha. Daniel Scioli dice que si no se presenta Alberto Fernández postulará su candidatura. Scioli es embajador en Brasil, ex vicepresidente de Néstor Kirchner y ex gobernador de la Provincia de Buenos Aires, quien mantiene buen diálogo con Horacio Rodriguez Larreta y se ufana de las excelentes relaciones que construyó con Bolsonaro. Como él mismo reconoce: “Más a la derecha que yo, ¿qué hay?”.
El peronismo acusaba a Massa de ser agente de la derecha y ahora lo convirtió en una pieza clave de este gobierno apoyado por Cristina, los gobernadores y la CGT. Hasta el “rebelde” Pablo Moyano se ha convertido en su “fiel soldado” en el supuesto combate a la inflación, controlando depósitos de supermercados, una verdadera cortina de humo, como si Massa no supiera quienes son los formadores de precio y generadores de la inflación. En vez de estar discutiendo un plan de lucha para impedir las pérdidas salariales, los dirigentes burocráticos peronistas son colaboradores de un proyecto económico responsable de una inflación que en 2022 rozó el 100% y aplica un brutal ajuste.
¿Y Cristina? Solo le preocupan sus causas judiciales. En el reciente acto en Avellaneda no dijo nada de la inflación, no pidió aumento de salarios y nada señaló sobre el sometimiento al FMI. Cristina es la que dice “El capitalismo se ha demostrado el sistema más eficiente y eficaz para la producción de bienes y servicios que necesita la humanidad”, mientras en el mundo y especialmente en nuestro país crecen la pobreza y la indigencia, y la desigualdad social alcanza índices obscenos. El mismo capitalismo que defienden Larreta y Milei.
Está claro que hay que combatir al macrismo, a la derecha tradicional y a las políticas reaccionarias del liberfacho Milei que representa la fase decadente de un capitalismo cada vez más destructor y saqueador. Pero la opción no es el peronismo que está aplicando un mayor ajuste y enormes tarifazos, echándole la culpa a la herencia macrista mientras reconoció el escandaloso endeudamiento de Macri con el FMI. Claramente no es una alternativa capaz de generar bienestar a los trabajadores y sectores populares, por eso pierde base social.
No se combate a la derecha con políticas de derecha. La única opción para derrotar a los gobiernos derechistas no pasa por ninguna opción falsa tildada de “nacional y popular”, sino por una política de izquierda como la encarnada en el Frente de Izquierda Unidad.
Escribe Mercedes de Mendieta, legisladora CABA Izquierda Socialista/FIT Unidad
El gobierno de Fernández atraviesa una fuerte debacle y quien aparece en las encuestas para disputar la presidencia es Juntos por el Cambio, a pesar de sus crisis y disputas internas. Está claro que es necesario un recambio al peronismo, pero no son salida Larreta, Bullrich, Macri o Gerardo Morales. Dicen que si ganan las elecciones habrá un ajuste de shock porque el “gradualismo” del gobierno de Macri no sirvió para la “transformación” que necesita el país.
La semana pasada, Macri presentó su libro en Mar del Plata ¿Para qué?, sin dejar claro si se va a presentar o no. El ex presidente dijo que el gobierno de Fernández “es el peor de todos los tiempos” y habló de la necesidad de un “cambio claro, profundo y veloz”. En otras palabras, que un posible gobierno de Juntos irá por las reformas estructurales que no hizo en sus desastrosos 4 años anteriores.
Recordemos. Entre 2015 y 2019 las tarifas de luz y gas en el AMBA ascendieron entre el 1.500% y el 5.500%. Terminó su mandato con una inflación acumulada del 296%. La “pesada herencia” de Macri dejó al país con una deuda inédita por 45 mil millones de dólares con el FMI, que fue a parar a la timba financiera y a la fuga de capitales.
Entre los hechos más repudiables se destaca la represión que vivimos trabajadores y trabajadoras en 2017 mientras votaban junto al peronismo la reforma previsional a la baja.
A Larreta lo conocemos bien porque lleva casi 8 años de gobierno en CABA, la ciudad más rica y desigual del país. Larreta gobierna bajo un modelo de negociado inmobiliario expulsivo, donde se construyen edificios de lujo, y crecen la población de los barrios populares y las viviendas ociosas. Un gobierno que tuvo como centro de ataque a la docencia y estudiantes de la educación pública. Su repudiable ministra de Educación, Soledad Acuña, será una de las candidatas a Jefa de Gobierno.
El “modelo de ajuste Larreta” también fue sobre la salud pública, por eso residentes y concurrentes de los hospitales realizaron un paro histórico y la #MareaBlanca le arrancó un aumento salarial luego de meses de conflicto.
Larreta, que se la pasa hablando de la “República” y los “valores democráticos” terminó el año en medio del escándalo de Lago Escondido, donde la filtración de chats involucró a su Ministro de Seguridad D´Alesandro (que se tuvo que tomar licencia por 90 días) y al fiscal de la Ciudad Mahiques.
La otra candidata de peso es Patricia Bullrich, quien levanta un discurso reaccionario de mano dura, atacando a los piqueteros y llamando a reprimir la movilización popular. Fue la responsable de los operativos represivos contra el pueblo mapuche que terminó con la muerte de Santiago Maldonado y el asesinato de Rafael Nahuel. Como parte del “ala dura” del PRO, coqueteó con una posible alianza con el neofacho de Milei y recientemente no repudió las acciones golpistas de los bolsonaristas en Brasil. Claro que no empezó su carrera política acá, sino que durante los 90 estuvo con el peronismo y fue ministra durante el gobierno de la Alianza de De La Rúa.
Otra de las patas de Juntos por el Cambio son los radicales, que ya gobernaron, primero con Alfonsín y luego con De la Rúa-Chacho Alvarez, llevándonos al hundimiento con la crisis del 2001. Fueron repudiados con la movilización popular bajo la consigna “que se vayan todos”, y tuvieron que dejar el gobierno.
Juntos y el peronismo son los responsables de la crisis del país y van por más ajuste. Por eso cuando las encuestas dan un gran porcentaje de electores que dicen que el peronismo no va más, que quieren “algo nuevo”, les decimos que la salida no pasa por apoyar a Juntos sino apoyar al FIT Unidad.
Escribe Pili Barbas, dirigenta nacional de la Juventud de Izquierda Socialista
El domingo 8 de enero la extrema derecha bolsonarista de Brasil llevó a cabo una fuerte acción golpista, principalmente impulsada y financiada por empresarios, para desconocer el triunfo de Lula y pidiendo por una dictadura militar. Este hecho aberrante hizo eco en nuestro país. El facho de Milei -que ya salió varias veces a posicionarse a favor de Bolsonaro y recibió a su hijo diputado cuando visitó Argentina- salió a dar una declaración completamente repudiable. Por un lado, se posicionó “en contra de la violencia”, sin dar nombres. Una lavada de cara tremenda para Jair Bolsonaro, responsable político de estas acciones, junto con toda la extrema derecha de Brasil. Este reclamo de golpe fue fogoneado e impulsado por los sectores que pregonan el mismo discurso derechista y pro dictadura que Milei. Claro que esta declaración no es de extrañar. El mismo Milei, que se jacta de estar a favor de la ”libertad”, trabajó para Bussi, quien fue un genocida de la última dictadura militar. Estas acciones golpistas en Brasil demuestran lo peligroso de los discursos ultraderechistas de Milei y Espert, lo que venimos denunciando desde un principio desde la izquierda. Es inadmisible que estos discursos sigan avanzando, sobre todo en la juventud, donde ante la crisis de los gobiernos patronales llevan a pensar que Milei se presenta como algo “nuevo” o distinto. Pero Milei solo tiene para ofrecer más ajuste y represión, siendo la cara más cruel del capitalismo.
Lo de Milei no solo quedó ahí. En su declaración, el liberfacho no dijo una palabra de lxs responsables, y para colmo calificó a la izquierda de “doble moral”, comparando estas acciones golpistas con las movilizaciones populares en Chile y Colombia. De ninguna manera esto es comparable. Las movilizaciones protagonizadas por el heroico pueblo de Chile y Colombia fueron realizadas contras los ajustes de los gobiernos. Fueron movilizaciones de la clase trabajadora, las mujeres, disidencias y la juventud, en contra de los planes de miseria que nos imponen los gobiernos capitalistas. Esas son las movilizaciones que Milei repudia.
Con estas declaraciones, Milei suma una más a su larga lista de políticas neofascistas, negacionistas, reaccionarias, antiobreras, anti mujeres y disidencias. Recordemos que Milei niega la desaparición de lxs 30.000 desaparecidxs en la dictadura militar. Esta en contra de la implementacion de la ESI y del aborto legal. Quiere privatizar la educación pública y es un negacionista del cambio climático. Todas las políticas y propuestas de Milei son contra cualquier conquista y derecho para lxs trabajadores, las mujeres y disidencias y la juventud y a favor de seguir profundizando este sistema capitalista.
Lo ocurrido en Brasil no solo es repudiable, también se vuelve fundamentalmente necesario que se castigue a lxs responsables. Por eso llamamos a movilizar masivamente en unidad de acción contra estas acciones derechistas. Las calles tienen que ser el lugar donde la clase trabajadora salga a pelear contra los sectores militares, parlamentarios y empresarios que defienden un golpe militar.
Nuestra posición es clara. Rechazamos de manera categórica las acciones golpistas en Brasil así como también los discursos derechistas y negacionistas de Milei, Bolsanaro y Trump. Al mismo tiempo que defendemos e impulsamos las movilizaciones populares que se realizan en todo el mundo contra los ajustes de los gobiernos. Desde la Juventud de Izquierda Socialista somos parte de lxs jóvenes que no se resignan a que no hay futuro para nosotrxs. Construimos una alternativa política para salir de la crisis y que gobiernen lxs trabajadores con una Argentina socialista.
Escribe Claudio Funes
Con el alza de precios de 5,1% de diciembre pasado, el gobierno del Frente de Todos superó en tres años la inflación de la presidencia de Mauricio Macri, 296% en cuatro años. Alberto festejó el 94,8% del incremento acumulado durante el año 2022 por no haber llegado al 100% ¡ridículo! Con Rodríguez Larreta en CABA diciembre no fue mejor, con el 5,8% superó la proyección a nivel nacional.
En el arranque del gobierno de Alberto Fernández, según el Indec, el kilo de pan francés costaba $106; un paquete de fideos secos $56 y el kilo de carne picada $168. En el último relevamiento del organismo en octubre pasado, el pan costaba $385, los fideos $177 y la carne picada $728. Estos valores indican que a los sectores más empobrecidos, que dedican casi la totalidad de sus ingresos a la alimentación, la inflación los castiga mucho más.
Los analistas que participan del relevamiento de Expectativas de Mercado del Banco Central (REM) anticipan que la inflación de 2023 rondará el 99%. De cumplirse este pronóstico, el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner terminará su mandato con un incremento en el índice de precios superior al 600%.
Ante esta dura realidad, el ministro de Economía, Sergio Massa, insiste con que la inflación bajará al 3% en abril y que la acumulada para 2023 será de 60%. Una gran mentira de campaña electoral peronista.
El gobierno deja pasar las remarcaciones de precios en sincronía con la evolución del dólar paralelo, para que los grandes capitalistas ganen a dos bandas: incrementan sus ganancias y liquidan los salarios que pagan en pesos devaluados. Alberto Fernández no gobierna para que los trabajadores llenen su heladera. Por eso ni siquiera los acuerdos de precios (Precios Justos) se cumplen. A pocas semanas del lanzamiento se notaron faltantes en las grandes cadenas de supermercados y se detectaron aumentos de hasta el 15% durante diciembre de 2022. ¿Esta es la gran herramienta del gobierno para intentar combatir el alza de precios?
El gobierno no solo da impunidad a los remarcadores, anunció la aplicación de nuevos tarifazos al servicio de las privatizadas. El 2023 arrancó con subas generalizadas en los servicios públicos y privados que serán un nuevo golpe a la economía familiar. Entre ellos el aumento del boleto del transporte, trenes y colectivos a partir del 1° de enero en el AMBA (Área Metropolitana de Buenos Aires), valores que se actualizarán mensualmente a partir de marzo. También aumentará el subte, llegando el boleto a 80 pesos en septiembre, y se incrementaron los combustibles, tarifas de agua, gas y electricidad, tal como lo exige el FMI. Además, se incrementarán los precios de la telefonía, televisión, internet, los alquileres y el monotributo.
Como se puede apreciar con estos aumentos generalizados, es el propio gobierno quién fogonea la inflación que dice combatir. No fue culpa del Covid antes, ni de la guerra en Ucrania ahora, como afirmó Alberto. Es más, durante el mes de noviembre la inflación mostró bajas en casi todos los países del mundo. La culpa es del gobierno, porque la inflación es la forma en que se está llevando adelante el ajuste exigido por el Fondo Monetario, con el fin de pulverizar salarios, jubilaciones y gastos sociales.
Ante ello proponemos precios máximos y eliminación del IVA de la canasta familiar, control estricto y castigo a los formadores de precios, no con las “inspecciones” de la burocracia sindical de camioneros sino aplicando la Ley de Abastecimiento, que habilita a multar, clausurar y hasta expropiar a aquellas empresas que lo violen, sea colocando precios superiores o bien provocando desabastecimiento. Terminar con los tarifazos reestatizando las empresas privatizadas y su puesta en funcionamiento bajo gestión de sus trabajadores y usuarios, garantizando tarifa social para todo el que la necesite. Y fundamentalmente logrando un aumento de salarios y jubilaciones al valor de la canasta familiar.
Escribe Claudio Funes
Sergio Massa y la burocracia sindical peronista están tejiendo un acuerdo para concretar un nuevo ataque al bolsillo de los trabajadores. El ministro de Economía mantuvo reuniones con dirigentes de la CGT e importantes sindicatos para acordar que los aumentos salariales de las paritarias no superen el 60 % en 2023, cuando la inflación real, según distintos pronósticos, superará el 90%.
La implementación se haría por medio de dos acuerdos semestrales, con subas del 30%. Al mismo tiempo, habría una cláusula destinada a reabrir la discusión salarial si la suba de precios supera el umbral del 60%.
El porcentaje en cuestión se corresponde con la inflación dibujada para el año en curso en el Presupuesto 2023, sancionado en el Congreso Nacional con los votos del oficialismo y de Juntos por el Cambio. Ese presupuesto ajustador, dictado por el FMI solo fue denunciado por el Frente de Izquierda Unidad.
Las pautas comenzarán a regir a partir de los próximos acuerdos paritarios. Entre los gremios más importantes, cuyas direcciones burocráticas negocian el robo, se encuentra la UTA, bancarios, textiles, UPCN (estatales), Smata, Comercio y Sanidad. Los burócratas de la CGT están diciendo que apoyan electoralmente a Massa, y esta nueva traición sería un gesto para el ministro ajustador.
En el caso de los bancarios y del Smata, sus conducciones se identifican políticamente con el kirchnerismo. De hecho, Sergio Palazzo -titular de La Bancaria- es diputado nacional por el Frente de Todos. Estos acuerdos se dan dentro de un marco signado por el pacto de ajuste del gobierno con el FMI. Ajuste que Massa viene aplicando con el aval del conjunto del Frente de Todos, incluyendo al kirchnerismo.
La burocracia trata de salvar la ropa diciendo que están de acuerdo. A cambio le “exigen” al gobierno que haga cumplir los acuerdos de precios, cosa que nunca sucedió y no sucederá. Por esto es que Moyano, de camioneros, arma ese gran teatro. Inspeccionan depósitos de grandes supermercados para que se cumpla con Precios Justos.
La historia se repite: según los distintos gobiernos patronales, la culpa de la inflación siempre la tienen los salarios. Sin embargo, si se repasan los últimos años, se verá como los ingresos de la clase obrera cayeron, mientras que la rentabilidad empresarial creció.
El contexto de elevada inflación permite a las grandes empresas obtener altos márgenes de ganancias, mientras el salario real cae. Por ello es que su participación en el PBI bajó 10 puntos en cinco años. (Cifra CTA). Con 43%, lejos estamos del reparto de la torta en 50-50. Esto explica por qué antes se ubicaba a la pobreza por fuera del trabajo formal y registrado y ahora no. Los trabajadores son pobres en su gran mayoría.
Decimos no al pacto CGT-gobierno, rechazamos el techo salarial, aumento de emergencia ya para trabajadoras, trabajadores y jubilados. Que nadie perciba menos que la canasta familiar calculada por los trabajadores de ATE-Indec, ajustados automáticamente mes a mes.