La Cámara de Diputados de la Nación

DECLARA:

De interés cultural el espectáculo musical/poético “Palomas” (…mujeres de nadie), de Patricia Barone y Javier González Grupo, el cual se compone de un repertorio de tangos en los que la mujer habla en primera persona de sus deseos, sus sentimientos, pensamientos y desafíos históricos. Dicho repertorio fue compuesto por Patricia Barone y Javier González, durante tres décadas ininterrumpidas de trabajo, y está dedicado a generar conciencia en la lucha por desterrar la violencia hacia la mujer.

Señor presidente:

El espectáculo musical/poético “Palomas” (…mujeres de nadie), de Patricia Barone y Javier González Grupo, es el resultado de una acumulación de composiciones creadas por dichos autores por más de treinta años, las cuales atraviesan temáticas que dan cuenta de cuestiones sociales, como un elemento que ha marcado la diferencia de contenido en el espacio tanguero.

La mujer que lucha, la que se subleva, la que se sabe indispensable en la construcción social, alza su voz en el tango que Patricia Barone y Javier González han gestado consecuentemente en toda su trayectoria artística.

El espectáculo “Palomas” (…mujeres de nadie) surgió en el contexto de las grandes marchas nacionales de mujeres, reunidas bajo la consigna de #NiUnaMenos. Conmovidos por ese escenario de movilización, los artistas decidieron reunir todos los temas femeninos de su repertorio, fundirlo con textos, poemas y momentos instrumentales y conformar una obra integral.

Este importante repertorio incluye “Ser mina flor de cardo” (https://www.youtube.com/watch?v=TI6728jmV-8), siendo el primer tango que crearon, sobre una letra de Adriana Turchetti, en 1990, y es considerado un hito en la historia del género, ya que nunca antes, la mujer había podido hablar de sus desafíos en primera persona y empezar a plantarse “contra el machismo”. Años más tarde, alumbraron “Pompeya no olvida” (https://www.youtube.com/watch?v=9EZ6ZErEizw) y “Canción de cuna”, (junto al poeta Alejandro Szwarcman), en los que el tango también se animó a personificar a las Abuelas y Madres de Plaza de Mayo, luchando por sus hijos y sus nietos, arrancados por la dictadura asesina del ´76. “La violencia”, (un poema musicalizado), que con descarnada ironía describe esa práctica deleznable del poder en sociedades políticamente descompuestas. En 2007, estrenaron “Mañana Clara”, (https://www.youtube.com/watch?v=svUZivDgqYQ), premiado por el Fondo Nacional de las Artes), en homenaje a las mujeres que sostienen los comedores populares. Después llegó “Parto” (https://www.youtube.com/watch?v=_BHK5ue6wu0) para que se inaugurara la temática de la maternidad en la canción urbana y “Complicidad”, (https://www.youtube.com/watch?v=f_mtEG8PnX0) en el que la mujer expresa con naturalidad su deseo sexual. En 2016, (estremecidos por el dolor social que nos atraviesa), dieron a luz “Palomas”, un tango que grita desgarradamente, ante este flagelo. (https://www.youtube.com/watch?v=GMhJ1OjUO2w)

El estreno de “Palomas” (…mujeres de nadie) ocurrió en la semana del Paro Internacional de Mujeres 2017, en el Teatro Municipal de Morón. Con la respuesta emocionada del público, lo llevaron también al escenario del Club Atlético Fernández Fierro, (un emblema del tango contemporáneo) que los recibió a sala llena. Los programadores de prestigiosos eventos culturales nacionales se interesaron en este espectáculo.

La solicitud a la Honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Nación para que este espectáculo sea declarado de Interés Cultural se fundamenta en la necesidad de que el mismo se abra paso en distintos ámbitos culturales y educativos (Festivales de música, poesía, teatro, Universidades, Escuelas, etc.) de Argentina y Latinoamérica, y así haga su aporte desde el lugar del arte, a la concientización de los pueblos en la lucha por desterrar definitivamente “la violencia hacia la mujer en todas sus formas”.

Porque, la propuesta que este espectáculo conlleva, de una serie de valores estéticos, éticos y culturales, contribuye a la formación de la persona en sus aspectos más esenciales de espiritualidad y respeto por los derechos de sus congéneres. Porque es de importancia vital para el fortalecimiento de la cultura nacional, la difusión entre el público masivo, del nuevo repertorio de raíz tanguera, que los músicos, poetas e intérpretes se esmeran en seguir produciendo, a pesar de las adversas condiciones que la cultura en general padece en el presente. El espectáculo “Palomas” (…mujeres de nadie) está compuesto en su totalidad por obras compuestas desde 1990 hasta la actualidad, con un profundo compromiso social y un alto nivel estético.

Trailer del espectáculo https://www.youtube.com/watch?v=rfGoQp3LJ_0&feature=youtu.be

Próximas presentaciones:

Tango Buenos Aires Festival (21 Agosto 2017- Usina del Arte)

Universidad Nacional de Gral. Sarmiento (1 Septiembre 2017)

Centro Cultural Kirchner (CCK- La Cúpula- 26 Octubre 2017)

Integrantes:

Patricia Barone: Voz – Autoría – Dirección Gral.

Javier González: Composición- Dirección Musical- Guitarras

Alejandro Ward: Bajo

Ariel Nürnberg: Bandoneón

Luis de la Torre: Batería

Mariela Fokás: Flauta

Gastón D´Amico: Piano

Interés periodístico:

file:///C:/Users/plopez/Downloads/%C2%A8Tangos%20de%20a%20dos%C2%A8%20(La%20Naci%C3%B3n%2022-6-14).pdf (La Nación-Espectáculos)

file:///C:/Users/plopez/Downloads/TELAM%20-%2025-6-14.pdf (TELAM)

file:///C:/Users/plopez/Downloads/LA%20VOZ%20DE%20TANDIL%20(23-08-14).pdf (La Voz de Tandil)

file:///C:/Users/plopez/Downloads/Los%20ritmos%20de%20arrabal%20encienden%20de%20m%C3%BAsica%20El%20Ba%C3%B1uelo%20(Granada%20Hoy%20(2005).pdf (Granada Hoy)

Y otros…

La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Citar en forma inmediata, para su interpelación, de conformidad con el artículo 71 de la Constitución Nacional y los artículos 204, 205, 206 del Reglamento de la Cámara de Diputados de la Nación, a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y al jefe de gabinete de dicho Ministerio, Gustavo Nocetti, en una sesión abierta de la Cámara de Diputados, a fin de que informen públicamente y den explicaciones sobre la desaparición del joven Santiago Maldonado en Chubut, el martes 1 de agosto del corriente, durante la represión que ejecutó Gendarmería contra la comunidad mapuche, coordinada por funcionarios de alta jerarquía del Ministerio de Seguridad.

Señor presidente:

El día martes 1 de agosto del corriente, ocurrió un hecho de extrema gravedad. Santiago Maldonado, un joven de 28 años de edad, de oficio artesano, desapareció en momentos de perpetrarse una brutal represión por parte de la Gendarmería en el departamento de Cushamen, provincia de Chubut, contra la comunidad mapuche que reclama el derecho a ocupar sus tierras ancestrales. Desde comienzos de este año el gobierno de dicha provincia y el Gobierno Nacional han desplegado una cacería de brujas sobre el pueblo mapuche en defensa de quienes usurpan las tierras, apelando a títulos truchos, como el empresario Benetton.

El operativo represivo, que culminó con la desaparición de Santiago Maldonado, fue coordinado por el propio Ministerio de Seguridad nacional, lo que queda explícito con la presencia física en la zona del jefe de Gabinete de ese Ministerio, Gustavo Noceti, quien, además, declaró en la Radio Nacional de Esquel que “cada vez que se produzca un corte de ruta, que sepan que van a ser judicializados…”. Al mismo tiempo, Noceti justificó la represión y señaló que el gobierno consideraba a los integrantes de Resistencia Ancestral Mapuche, y a quienes los apoyen, como miembros de una organización terrorista y que iban a ser todos detenidos. Para completar su campaña reaccionaria, Noceti afirmó que la organización mapuche tenía lazos con extremistas kurdos.

Pero estas declaraciones de Noceti no fueron un exabrupto personal, sino que se referencian en afirmaciones de la propia ministra Patricia Bullrich. Para ella, la organización mapuche había incurrido en “hechos delictivos como usurpaciones de territorios, incendios, daños y amenazas. Se toman tierras en zonas petroleras o gasíferas impidiendo constantemente la normal explotación de los pozos. Estos delitos de usurpación, turbación en la posesión y extorsión afectan un servicio estratégico de los recursos del Estado”. La descripción de Bullrich apuntó a justificar la calificación de organización mapuche de terrorista, en la misma línea que el jefe de gabinete de su Ministerio. La desaparición en democracia de este joven artesano de 28 años, Santiago Maldonado, no deja escapar la responsabilidad de la ministra Bullrich, como responsable directa de la fuerza que actuó en el operativo, quien debe responder sobre el paradero del mismo y sobre las acciones represivas, como así también sobre el proceso de la búsqueda de Santiago.

Las pericias realizadas, confirmadas luego por el juez que sigue la causa, Otranto, indicaron que a Santiago lo detuvo la Gendarmería el pasado 1 de agosto en el departamento de Cushamen, Chubut, en el marco de la represión a la Comunidad Mapuche. Estos últimos denunciaron que la Gendarmería ingresó con balas de plomo y de goma, y que Santiago fue detenido, golpeado y trasladado en una camioneta de Gendarmería, que contó con una fila de oficiales para impedir la visualización de los acontecimientos.

Los abogados oficiales y de parte de la familia de Maldonado señalan que los miembros de la Gendarmería, que fueron parte del operativo represivo -y por lo tanto los principales sospechosos de la desaparición forzada de Santiago Maldonado- no fueron ni siquiera interrogados. Por el contrario, el rastrillaje realizado el viernes 4 y las pericias sobre los móviles del día 5 fueron atestiguados por miembros de Gendarmería, en una actitud intimidatoria ante los testigos y el cuerpo forense. El juez Otranto no removió al personal de Gendarmería sospechado de haber modificado pruebas, al haber lavado las camionetas en las que podrían haber detenido a Maldonado, sino que lo dejó permanecer vigilando cada acción de inspección que involucraba a la fuerza. La familia de Santiago juzgo la situación, a través de un comunicado, como “inadmisible” en tanto “en un Estado de derecho, fuerzas de seguridad no aporten pruebas, ni hablen, ni colaboren para que se esclarezca, siendo ellos mismos los que participaron en la detención y desaparición forzada de Santiago”.

El comunicado que emitió el juez actuante, acentúa una operación que pretende poner como responsables de la inacción judicial a las propias víctimas de la represión acusándolos de obstruir la investigación y el rastrillaje de búsqueda de Santiago. En el mismo sentido, el gobierno nacional, que permaneció en silencio hasta el dictado del comunicado, pretende quitarse responsabilidad deslindando a la GNA, poniendo en duda, incluso, la presencia de Santiago en el momento de la represión “porque todas las personas estaban encapuchadas”, intentando de esa manera, construir en el imaginario social la estigmatización de las organizaciones mapuches como organizaciones terroristas y violentas.

Esta nueva desaparición en democracia, sacó a la luz un entramado de espionaje estatal contra el pueblo mapuche ejecutado coordinadamente por los gobiernos de Chile y la Argentina. Se trata de un verdadero Plan Cóndor de ambos estados, que incluye acciones de espionaje de las fuerzas de seguridad y de inteligencia, declaraciones obtenidas bajo torturas a testigos y la orientación judicial para calificar de terroristas a las organizaciones de los pueblos originarios. La detención del líder mapuche Facundo Jones Huala, de quien se pedía la libertad cuando Santiago fue secuestrado por la Gendarmería, fue pactada de manera directa por los gobiernos de Argentina y Chile.

La desaparición de Santiago Maldonado lejos está de ser el resultado de una acción individual de uno o varios miembros de la Gendarmería, sino que se trata de una acción estatal que involucra a los gobiernos de Argentina y Chile, a sus fuerzas de seguridad y de espionaje.

La persecución contra el pueblo mapuche forma parte de la seguridad jurídica que reclaman los monopolios petroleros, mineros y los acaparadores de tierras a ambos lados de la cordillera. Patricia Bullrich ha transformado a la Gendarmería en un brazo ejecutor de estos intereses.

Nos sumamos al pedido público del Encuentro Memoria Verdad y Justicia, que nuclea a decenas de organizaciones de derechos humanos y sociales, junto a otros organismos a nivel nacional, que responsabilizan al gobierno nacional y al gobierno provincial por la desaparición de Santiago Maldonado y exige la Aparición con vida ya y el fin de la persecución sobre los pueblos originarios.

El Senado y Cámara de Diputados...

ARTÍCULO 1°- Se anula el decreto 652/2017, promulgado por el Poder Ejecutivo Nacional el 14 de agosto de 2017, en el que se delega al Ministerio de Transporte la facultad de clausurar ramales ferroviarios en forma definitiva y proceder al levantamiento de las vías y demás instalaciones ferroviarias.

ARTÍCULO 2º: Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Señor presidente:

El presidente Mauricio Macri acaba de dictar el decretazo N° 652/2017 para liquidar el sistema ferroviario. Otorga facultad para “clausurar ramales ferroviarios en forma definitiva” y “proceder al levantamiento de las vías y demás instalaciones ferroviarias”. El decreto de Macri (con la firma del Jefe de Gabinete, Marcos Peña, y del ministro de Transporte, Guillermo Dietrich), de esta forma, da pasos en rematar un servicio esencial al otro día de las elecciones, para entregarlo al negocio inmobiliario y cerrar más talleres, cuando lo que se necesita es reestatizar todo el sistema ferroviario bajo control de trabajadores y usuarios para ponerlo al servicio de transportar a millones de una manera segura y unir nuevamente las economías regionales. Política que fue plasmada en el proyecto de Ley N° 1957/15, presentado por el Frente de Izquierda y de los Trabajadores el 17 de abril de 2015, que plantea la nacionalización y estatización de todo el sistema ferroviario de nuestro país.

En su segundo artículo, el decreto oficial dispone que “los rieles, durmientes, aparatos de vías y el resto de los bienes muebles que compongan la infraestructura ferroviaria a remover quedarán en poder de la Administración de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad del Estado”. O sea, en manos de este gobierno de los Ceos, con el objetivo de seguir entregando los valiosos terrenos ferroviarios a sus empresarios amigos a través del negocio inmobiliario y de seguir financiando obras faraónicas como el soterramiento del Sarmiento al servicio de Odebrecht, en vez de invertir para poner los frenos automáticos a las formaciones o nuevas señalizaciones, para evitar más muertes.

Es repudiable la caradurez del gobierno en aducir en los fundamentos del decreto que toma esta medida porque “una de las premisas del GOBIERNO NACIONAL es lograr la utilización de los recursos públicos con miras a una mejora sustancial en la calidad de vida de los ciudadanos” en base a criterios de “racionalidad y eficiencia”, palabras usadas por los gobiernos patronales para liquidar el patrimonio nacional -como en este caso- o embestir contra conquistas laborales de los trabajadores.

Macri está copiando la receta del entonces gobierno peronista de Carlos Menem que en los años 90 privatizó el ferrocarril, levantó 25.000 kilómetros de vías y dejó en la calle a 90.000 ferroviarios. Por eso en los fundamentos del actual decreto se citan otros similares, de 1992 (Menem), de la Revolución Libertadora (Decreto-Ley Nº 8302 del 19 de julio de 1957, ratificado por la Ley N° 14.467) y de la dictadura de Onganía (Ley Orgánica de la Empresa Ferrocarriles Argentinos Nº 18.360). De esta forma, el gobierno nacional pretende avanzar en la destrucción del sistema ferroviario, al igual que lo hizo el peronismo menemista y el de Néstor y Cristina Kirchner, siempre con la complicidad de la burocracia sindical. Por eso este decreto macrista también cita leyes anteriores sancionadas por el gobierno kirchnerista-PJ de Cristina Kirchner (la N° 26.352 y la N° 27.132). Es decir, Macri la está dando continuidad a una política privatizadora consciente de destrucción del sistema ferroviario al servicio del negocio privado que viene de años.

Izquierda Socialista en el Frente de Izquierda reclama la nulidad absoluta de este decreto y apoya las medidas de acción que puedan tomar los trabajadores ferroviarios en ese sentido. Y sigue planteando la reestatización de todo el sistema ferroviario para ponerlo bajo control de trabajadores y usuarios. Solo así se podrá prestar un servicio eficiente y seguro, y que el ferrocarril vuelva a unir a los pueblos del interior en beneficio de los pequeños productores, no como lo es hoy el Belgrano Cargas al servicio de capitales chinos, multinacionales, sojeros y grandes exportadores.

El ferrocarril nace por impulso del Estado Argentino en 1854, lo que echa por tierra con el mito de que fueron desde el comienzo propiedad británica. En "Historia de los Ferrocarriles Argentinos" Scalabrini Ortiz desmitifica que, por ser estatales, eran sinónimo de ineficiencia, onerosidad y pérdidas. Daban ganancias y sus tarifas eran inferiores en un 50% a las de los ferrocarriles particulares. En 1889, los gobiernos de Juárez Celman, Carlos Pellegrini y Julio A. Roca, los fueron entregando al capital inglés en aras de la creación de una deuda externa, para finalmente privatizarlos.

En 1941, con 41.198 km. de vías férreas, Argentina ocupaba el octavo lugar entre los países del mundo, después de EE.UU., Rusia, India, Canadá, Alemania, Francia y Australia.

El gobierno de Juan Domingo Perón nacionalizó la red ferroviaria. El Estado argentino compró en 1947 todas las compañías de capital francés e inglés existentes al 1 de Julio de 1946. La industria ferroviaria tuvo un impulso. Por ejemplo, en los Talleres de Córdoba, pertenecientes al Ferrocarril Belgrano, se fabricó la primera locomotora a vapor. Otro tanto ocurrió con la empresa FADEL de Liniers.

En 1958 asume el gobierno de Arturo Frondizi y Alvaro Alsogaray, su ministro de Economía viaja a EE.UU. para acordar la venida del General Thomas Larkin para un estudio de transportes a cargo del Banco Mundial. Así se diseñó el denominado "Plan Larkin" que consistía en abandonar el 32% de las vías existentes, despedir 70.000 ferroviarios, reducir a chatarra todas las locomotoras a vapor, 70.000 vagones y 3.000 coches de pasajeros para comprar todo al exterior.

A mediados de 1960 se empieza a aplicar el Plan Conintes con el objetivo de militarizar a los ferroviarios. "Para combatir el terrorismo", decía el decreto. En 1961 se produce una huelga de 42 días oponiéndose a este desguace, logrando frenar parte de este intento.

Asume Illia (1963/1966) y habla del "déficit" ferroviario y que podía darle continuidad al Plan Larkin con un anunciado "plan Trienal o Nacional de Desarrollo". Hay también paros y huelgas. Luego llega el golpe de Onganía. El ferrocarril fue intervenido, militarizado y puesto a desguace, enfrentando la resistencia de las bases ferroviarias.

En la última dictadura militar, Ferrocarriles Argentinos, como todas las empresas del Estado, fue obligada a endeudarse innecesariamente como garantía de créditos que tomaban empresarios privados dando origen a la fraudulenta deuda externa. Hubo cierre de ramales, de 350 estaciones, de los talleres Strobel, Santa Fe y Cruz del Eje y 50.000 despidos: de 154.000 ferroviarios quedaron 95.000.

Con el gobierno de Raúl Alfonsín, se intentó aplicar el llamado "Plan Terragno". Mediante el nombre "reformulación de la empresa estatal", se pretendía dividir en cuatro partes la empresa auspiciando el gerenciamiento privado y sin invertir ni un peso. Siguió la corrupción y el vaciamiento.

Con la asunción del presidente Carlos Menem se produce un gran desenlace privatista. Con la Ley de Reforma del Estado avanzan en el desguace y la privatización de los Ferrocarriles Argentinos. Así comienza el ataque despiadado a la empresa y a los trabajadores ferroviarios. Heroicas huelgas de 1991 y 1992, superando a las burocracias sindicales asociadas al gobierno, llevan a Menem a plantear "ramal que para, ramal que cierra". Ese slogan termina transformándose en "ramal que se concesiona, ramal que desaparece", según denunciaban los trabajadores del riel.

El kirchnerismo mantuvo todo el esquema privatista de la "patria concesionaria". Ante el hundimiento de las privatizaciones de las empresas estatales, el gobierno decidió salvar a las empresas con subsidios millonarios. Millones de dólares fueron entregados en la denominada “década ganada” a los concesionarios ferroviarios privatizadores. Dinero que no fue a la inversión y al mejoramiento del servicio sino a los bolsillos de empresarios que invertían en otros negocios, como los Cirigliano. El desvío de fondos fue no sólo corrupto sino criminal, como quedó demostrado en la denominada Masacre de Once en la que 52 usuarios perdieron la vida y 800 fueron heridos culpa de esta política corrupta de enriquecimiento de funcionarios y empresarios a costa de la vida de los trabajadores y usuarios.

Hoy, el presidente de Cambiemos (PRO-UCR-CC) y sus ministros quieren dar una nueva vuelta de tuerca a esta política de liquidación del sistema ferroviario en pos de seguir engordando los negocios capitalistas.

Por todas estas consideraciones, solicitamos a las diputadas y diputados que acompañen este proyecto de ley.

El Senado y Cámara de Diputados...

Proyecto de ley de emergencia de Salud Pública

ARTÍCULO 1º: Creación del Sistema Nacional Único de Salud. Por la presente se crea el Sistema Nacional Único de Salud dependiente del Ministerio de Salud de la Nación que reunirá la totalidad de los establecimientos sanitarios estatales, incluyendo los provinciales y municipales, los cuales pasarán a la órbita del estado nacional. Esta medida incluye las instalaciones, recursos físicos y tecnológicos. Lo mismo será para todo el personal que presta servicios en estas dependencias que pasarán a ser empleados de planta permanente del Estado Nacional. Quedan derogadas la Ley de la Dictadura 17.102 que instituye los Servicios de Atención Médica Integrada para la Comunidad (SAMIC) y toda otra norma que se oponga a la presente.

ARTICULO 2º: Financiamiento. Se unificarán los presupuestos actuales de las distintas jurisdicciones en un fondo único. El mismo será inmediatamente duplicado proviniendo tal financiamiento de rentas generales y el no pago de la fraudulenta deuda externa.

ARTÍCULO 3º: Garantía de acceso y derecho a la salud para toda la población. Para garantizar el derecho a la salud a toda la población se establecerá la gratuidad absoluta de todas las prestaciones quedando abolidos los bonos de cooperadora y toda otra forma de “recupero” y copago. Se instaurará el boleto sanitario gratuito para ir y volver del establecimiento. Se extenderá el horario de atención desde las 7 a las 21 horas con la adecuada dotación de personal.

ARTÍCULO 4º: Distribución y organización del sistema. Los establecimientos, los recursos tecnológicos y los recursos humanos se distribuirán en base a criterios sanitarios y de complejidad creciente jerarquizando el primer nivel de atención como puerta de entrada y acceso al sistema. Los trabajadores de la salud participarán de la conducción de los establecimientos siendo elegidos por voto universal del personal.

ARTÍCULO 5º: Atención primaria de la salud. Se priorizará la Atención Primaria de la Salud (APS) a partir de los actuales Centros de Atención Primaria en Salud (CAPS) a los que se les dotarán los recursos físicos y humanos necesarios para su operación. Se adoptará el enfoque interdisciplinario para el funcionamiento de estos establecimientos como así también de las acciones territoriales del área programática.

ARTÍCULO 6º: Atención en Salud Mental con eje en la externación y recuperación social de los pacientes. La atención de la salud mental estará centrada en la externación y recuperación individual y social de los pacientes. A tal efecto se crearán bajo la jurisdicción del Estado nacional los dispositivos intermedios, como casas de medio camino y hospitales de día, que serán dotados del personal correspondiente a las distintas disciplinas que concurran a su funcionamiento. Los consumos problemáticos y/o abusivos de substancias y las adicciones, quedan en la órbita del Ministerio de Salud y no en la esfera de la Seguridad.

ARTÍCULO 7º: Medicamentos gratuitos para toda la población. La provisión de medicamentos a partir de la presente ley será de carácter gratuito y universal a cargo del Estado nacional. A tal efecto se implementará la producción estatal de medicamentos a partir de las instalaciones ya existentes en el ámbito estatal.

ARTÍCULO 8º: De la política de contratación de los trabajadores de la salud. Se procederá a cubrir las vacantes existentes a la fecha en todos los establecimientos. La plantilla de personal será determinada en base a criterios de necesidades sanitarias y no según la estadística de prestaciones. Quedan abolidas todas las formas de designación precaria de personal como becas, locaciones de servicios y otras. El personal que se hallare en esa situación pasará en forma inmediata a la planta permanente del Estado nacional. Se buscará la constitución de equipos estables que garanticen la continuidad y el mejoramiento de las prestaciones.

ARTÍCULO 9º: Condiciones laborales. Se implementará una política salarial que revierta el éxodo del Sistema Público y el pluriempleo de los trabajadores de salud. Una carga horaria de 36 horas semanales debe bastar para que puedan vivir dignamente. Para lograrlo se duplicará el salario actual de todos los trabajadores del Sistema Nacional Único de Salud. Se establece el 82% móvil para todos los trabajadores de salud jubilados.

ARTÍCULO 10º: Abolición de la tercerización. Queda abolida la tercerización de las prestaciones tanto de la atención sanitaria como de los servicios generales (limpieza, cocina, lavaderos, mantenimiento, administrativos, entre otros). Quedan disueltas las cooperadoras, fundaciones, organizaciones no gubernamentales y otras instituciones que actúen al interior de los establecimientos o que lo hagan en nombre de estos para recibir donaciones, ya que representan una forma encubierta de tercerización o de direccionamiento de la actividad sanitaria. En todos los casos mencionados el personal afectado pasará a la planta permanente. Se prohíbe el uso del nombre de los establecimientos públicos por parte de instituciones privadas para recibir donaciones.

ARTÍCULO 11º: De la educación permanente en salud. Se duplicarán las vacantes para residencias con igual salario que los trabajadores de planta permanente. Será obligatoria la capacitación del recurso humano dentro del horario laboral a tal efecto el Sistema Nacional proveerá la formación continua y la actualización de todos los trabajadores en forma gratuita.

ARTÍCULO 12º: De las Obras Sociales sindicales, estatales y el PAMI. Se establece el control por parte de trabajadores y afiliados de todas las Obras Sociales sindicales, de las estatales y del PAMI. Se procederá a la apertura inmediata de sus libros contables. Está prohibido a los dirigentes gremiales ser directivos de las obras sociales sindicales. Éstos últimos serán elegidos por voto universal de afiliados y trabajadores. La contabilidad será pública y de libre acceso.

ARTÍCULO 13º: Nacionalización del sistema. A partir de la sanción de la presente ley el sector privado de salud será nacionalizado (clínicas, sanatorios, institutos de diagnóstico y tratamiento, y la industria farmacéutica), sin indemnización alguna, incorporándose al Sistema Nacional Único de Salud, de propiedad estatal, gratuito y de excelencia para todos, con todo su personal, reconociéndose todos sus derechos laborales. Lo mismo valdrá para las Obras Sociales sindicales y el PAMI.

ARTÍCULO 14º: De forma.

Señor presidente:

Es de público conocimiento que el sistema de salud público padece una crisis creciente, evidenciada por los constantes y legítimos reclamos de la población y los trabajadores del sector. Está claro que el gobierno de Macri (Cambiemos-PRO-UCR-CC) y los anteriores (el peronismo kirchnerista y otros) han tenido el objetivo de desentenderse del sistema de salud estatal, con el objetivo de fomentar el negocio privado capitalista de la salud.

Para revertir esto es que presentamos este proyecto de ley, que busca, por un lado, preservar el derecho del pueblo a tener una atención sanitaria universal, gratuita y de excelencia para todos mediante un sistema nacional de salud igualitario, con consultas, tratamientos y medicamentos gratuitos pagados por el estado y administrado por los usuarios, médicos, trabajadores y profesionales del sector. Y, por otro, terminar con el negocio capitalista privado de los mercaderes de la salud, de los cuales son cómplices los gobiernos de turno.

En todos estos años de gobiernos patronales y pro empresarios se ha generado un doble estándar de salud. Por un lado, un hospital público cada vez más desmantelado y deficitario para atender a millones (a pesar de que debería ser garantizado por los impuestos que paga el pueblo, y no lo es), donde los fondos públicos se usan para pagar deuda externa y no para invertir en la salud de los más desprotegidos. Por eso es que vienen decayendo los presupuestos de salud (nacionales y provinciales) mientras crecen los compromisos para pagar deuda externa. A tal punto que en 2017 el presupuesto nacional destina el 10% para pagar deuda externa, cinco veces más de lo que se destina al ministerio de Salud. Y, por otro, existe una medicina privada (prepagas y obras sociales, por la cuales hay que pagar), donde se atienden desde sectores pudientes hasta aquellos que fueron empujados a hacerlo, entre ellos importantes franjas de trabajadores y de sectores medios. Una política consciente para financiar y fomentar con recursos de la población el negocio capitalista de clínicas, sanatorios y laboratorios privados.

El sector público-estatal cubre a quienes carecen de obra social o prepaga (34% de la población). También lo hace con una gran parte de la población que por distintas razones no llega a utilizar su cobertura. Este es el sector que está en continua decadencia, la cual se manifiesta en el deterioro de la infraestructura, la carencia de tecnologías modernas y el éxodo de recursos humanos en busca de mejores retribuciones.

En la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, se redujo el presupuesto provincial (del 6,3% en 2016 al 5,5% en 2017), hay falta de medicamentos oncológicos, servicios cerrados, fuga de profesionales, falta de nombramiento de 1500 de ellos, 1500 becarios precarizados (5.000 en total en el sector) y graves problemas edilicios que ponen en riesgo a pacientes y trabajadores. La crónica diaria habla del calvario que deben padecer miles y miles de pacientes para lograr su atención. Guardias de fines de semana vaciadas de profesionales, interminables listas de espera para cirugía, falta de insumos, inseguridad de pacientes y trabajadores, son solo una parte de los problemas que derrumban al sistema público. Esto se suma al aumento de la pobreza, desigualdad y marginalidad social, haciendo cada vez más fuerte la demanda en los hospitales públicos que los gobiernos desatienden.

A su vez, los profesionales nucleados en la Cicop reclaman un aumento salarial del 40% contra el miserable 18% y en cuotas que les otorgó la gobernadora María Eugenia Vidal. Siendo una vergüenza que un profesional que recién ingresa perciba $17.000 por 36 horas semanales, o $20.000 el de guardia. Queda claro que lejos de “combatir los males del kirchnerismo”, como dice el actual gobierno, los ha profundizado.

Por otra parte, se extiende una forma de privatización encubierta a través de la derivación cada vez mayor al sector privado de prácticas que el estado paga con fondos que son restados al equipamiento y sostenimiento del sistema público. Completando este cuadro de extinción progresiva de la gratuidad de la salud, las cooperadoras y fundaciones obligan al usuario a pagar de su bolsillo las prestaciones e insumos que el sistema público debiera proveer y no lo hace. Sin descuidar que numerosas fundaciones y ONGs reciben donaciones en nombre de establecimientos públicos, sin que estos puedan ejercer el mínimo control sobre los mismos.

Completa el cuadro la enorme fragmentación del sector público en tres jurisdicciones (nacional, provincial y municipal), contribuyendo no solo a la anarquía organizativa y despilfarro de recursos sino al desentendimiento del gobierno nacional al no destinar los fondos suficientes para una correcta y suficiente cobertura, dejando en muchos casos a las provincias o municipios asfixiados económicamente, a que lo hagan de manera aún más deficitaria, agravando la desprotección.

Una propaganda oficial falaz intenta responsabilizar de esta decadencia a los trabajadores y profesionales del sistema, cuando la realidad es a la inversa: son ellos quienes sostienen con su esfuerzo cotidiano el funcionamiento del mismo. La causa hay que buscarla en la escandalosa penuria presupuestaria en la que los sucesivos gobiernos han dejado y siguen dejando a la salud pública.

El sector privado de salud está constituido por las empresas de prepago, un subsector de la seguridad social integrado por las llamadas obras sociales y un subsector público estatal. A su vez, las obras sociales pueden ser sindicales, estatales y el PAMI, reconociendo de esta manera distintos criterios de funcionamiento.

El subsector que comprende a las llamadas prepagas constituye un sector privilegiado, creando una gran desigualdad. Cubre a un 10% de la población, pero consume el 30% del gasto total en salud. Este porcentaje del gasto total es el mismo que utiliza el sector público, pero para atender tres veces más gente, un 35% de la población. No acaba aquí la participación de la empresa privada en la salud.

Se calcula que la tercera parte del gasto en salud lo absorbe la industria farmacéutica y si a eso le sumamos los prestadores privados de la seguridad social nos encontramos que cerca del 70% de este gasto va a parar a la industria privada.

En cuanto al subsector de la seguridad social abarca a los afiliados a las obras sociales (56%). Éstas se financian enteramente con dos aportes que pone el trabajador. Uno, descontado del salario. El otro, aportado en forma indirecta también por el trabajador, pero bajo la forma de aporte patronal. Es decir que casi 26 millones de empleados y jubilados pagan de sus sueldos su propia atención. Esta enorme masa de dinero -administrada por los dirigentes sindicales y el gobierno nacional y los provinciales- va a parar a las empresas privadas de atención médica y a la industria farmacéutica, ya que la inmensa mayoría de las prestaciones se realizan a través de contratos entre los gremios, las obras sociales estatales (y el PAMI) con las clínicas privadas y no desde instalaciones propias. Se facilitan así negocios en perjuicio de la atención de la salud de los afiliados, generando corrupción y el “retorno”.

El deterioro del sector salud afecta también al recurso humano. Quienes trabajan para el estado padecen salarios ínfimos que los obligan al empleo múltiple y, de acuerdo a las jurisdicciones, sufren extremas desigualdades en su régimen de trabajo. En el ámbito privado los profesionales carecen de derechos laborales y el resto del personal está, en su mayoría, en relación de dependencia precaria mediante los llamados “contratos basura”.

Tanto en el ámbito privado como estatal no está prevista la formación de equipos permanentes y la capacitación continua, que es lo que corresponde para mantener una alta calidad de las prestaciones. Esta última carencia es compensada con el sobre esfuerzo de los trabajadores que, además de su pluriempleo, sostienen su actualización extendiendo la duración de su jornada laboral. El desgaste profesional prematuro de los trabajadores de la salud encuentra parte de su causa en esta sobre exigencia laboral inhumana.

El alto costo de los remedios, su uso irracional y el monopolio que ejerce la industria farmacéutica privada hace casi imposible el acceso a los mismos, sobre todo por parte de los jubilados. Se han dejado caer las instalaciones estatales aptas para la producción a bajo costo.

El concepto de Atención Primaria de la Salud nunca logró instalarse efectivamente en nuestro anárquico sistema de salud. La concepción abiertamente mercantil que promueve el gobierno actual (como parte de un gran negocio capitalista) lleva al abandono definitivo de este enfoque. En cuanto a la atención en Salud Mental no se han dado los pasos que permitan concretar los objetivos señalados para el tratamiento humanitario y digno de los pacientes.

El Decreto 908/2016 del presidente Macri, que instaura la pomposamente llamada Cobertura Universal de Salud, consolida la desigualdad en el goce del derecho a la salud al establecer la identificación de la población carente con el estigmatizante “carnet de pobre” y habilitar el establecimiento de las llamadas “canastas de servicios”, las cuales varían de acuerdo a la capacidad de pago de los presuntos beneficiarios. Este decreto presidencial, inscripto en las recomendaciones de los organismos financieros internacionales, es por ahora el último de una larga serie de leyes, decretos y resoluciones de distintas jurisdicciones que a lo largo de décadas han tratado de imponer que, la atención en salud, sea pagada por los propios usuarios de los servicios, los cuales han contado con la resistencia de los trabajadores del sistema y la comunidad. Durante el gobierno peronista de Carlos Menem se hicieron los intentos más severos en este sentido. La movilización de los trabajadores junto a la comunidad derrotó estas políticas. Así sucedió con el intento de privatización del Instituto Nacional de Microbiología Malbrán, los Hospitales de Morón y San Miguel, y muchos más.

La Ley N° 17.102/66 llamada Ley SAMIC promulgada por el Dictador Onganía en 1966, sienta las bases del hospital de autogestión, autofinanciado en base al cobro de las prestaciones y con funcionamiento de empresa comercial. Esa ley, que ningún gobierno constitucional derogó, es la que pretende aplicarse ahora como panacea para la crisis actual en combinación con el Decreto 908. Quienes impulsan esta política privatista esconden al pueblo que en aquellos países en que logró aplicarse, como Chile, llevó a un deterioro nunca visto del sistema de salud. Pero sobre todo eluden mencionar el ejemplo paradigmático de esta política: los EE.UU. Hoy mismo, en el país más poderoso del planeta, donde esta política se generó y planificó, se cuentan por millones los que no tienen acceso a ningún tipo de cobertura de salud.

Por todo lo expuesto consideramos que es necesario un instrumento legal radicalmente distinto al plan del Poder Ejecutivo Nacional, que no es más que una réplica de las recomendaciones de los organismos financieros internacionales que dependen del imperialismo. Necesitamos la presente ley que fomente el hospital público, facilite la reorganización y centralización de los recursos y esfuerzos en un sistema nacional de salud único para garantizar al pueblo el disfrute de una salud pública universal, gratuita y de excelencia para todos en base a los fondos que se destinan a los pagos de la deuda externa. Y para que se termine con el negocio privado de la salud, que ha llevado a que pululen grandes empresarios ligados en muchos casos a multinacionales imperialistas, con ganancias siderales a costa de la salud de millones.

Por todas estas consideraciones, solicitamos a las diputadas y diputados que acompañen este proyecto de ley.

La Cámara de Diputados de la Nación

DECLARA:

Su apoyo al reclamo de libertad para Santiago Seillant, Secretario de Interior del Sindicato de Empleados y Obreros Municipales (Seom) quien se encuentra detenido en la localidad jujeña de San Pedro desde el viernes 11 de agosto por luchar contra la precarización laboral que padecen miles de trabajadores municipales en la provincia.

Señor presidente:

Desde la banca de Izquierda Socialista-Frente de Izquierda nos sumamos a la campaña nacional que distintas organizaciones de derechos humanos, sociales y políticas están llevando adelante, exigiendo la inmediata libertad de Santiago Seillant, Secretario de Interior del Sindicato de Empleados y Obreros Municipales (Seom) quien se encuentra detenido en la localidad jujeña de San Pedro desde el 11 de agosto. Denunciamos el accionar violento de las fuerzas represivas, ordenadas por el gobierno de Gerardo Morales y Mauricio Macri (UCR-Cambiemos) que en vez de dar respuesta al reclamo de los trabajadores, reprime, criminaliza y apresa a los que salen a luchar por sus derechos.

Los trabajadores municipales de Jujuy vienen movilizándose por tres puntos: terminar con la precarización de más de 2.000 municipales en toda la provincia, jóvenes de entre 18 y 30 años que prestan servicio bajo la modalidad de contratos precarios jubilación con el 82% móvil y la unificación de los sueldos de todos los municipales, discutidos en paritarias y no impuestos por el gobierno. Estos tres puntos son las exigencias prioritarias de los trabajadores municipales y a los que el gobierno de Gerardo Morales desconoce.

El pasado 10 de agosto, en el municipio de Vinalito, ante la falta de respuesta por parte del gobierno los trabajadores salieron a la ruta a movilizarse y reclamar por estos tres puntos. El operativo policial impidió que se cortara la ruta y los trabajadores realizaron una manifestación hasta Libertador General San Martín. Allí, se produjo una feroz represión y detuvieron a diez trabajadores.

Al otro día en un inusitado operativo con treinta efectivos de la infantería, Santiago Seillant fue detenido en la calle, con total impunidad. Repudiamos este accionar represivo contra un trabajador que pelea contra la precarización laboral y exigimos su inmediata libertad. Y denunciamos este nuevo hecho de persecución y criminalización de la protesta por parte del gobierno provincial, sus fuerzas de “inseguridad” y la justicia al servicio de hacer pasar un brutal ajuste contra el pueblo trabajador mientras se destinan millones para beneficiar a los grandes empresarios, multinacionales y usureros internacionales vía los pagos de la fraudulenta deuda externa.

Por estos motivos, solicito a los diputados y diputadas que acompañen este proyecto de declaración.