La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Citar en forma inmediata, para su interpelación, de conformidad con el artículo 71 de la Constitución Nacional y los artículos 204, 205, 206 del Reglamento de la Cámara de Diputados de la Nación, a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y al jefe de gabinete de dicho Ministerio, Gustavo Nocetti, en una sesión abierta de la Cámara de Diputados, a fin de que informen públicamente y den explicaciones sobre la desaparición del joven Santiago Maldonado en Chubut, el martes 1 de agosto del corriente, durante la represión que ejecutó Gendarmería contra la comunidad mapuche, coordinada por funcionarios de alta jerarquía del Ministerio de Seguridad.

Señor presidente:

El día martes 1 de agosto del corriente, ocurrió un hecho de extrema gravedad. Santiago Maldonado, un joven de 28 años de edad, de oficio artesano, desapareció en momentos de perpetrarse una brutal represión por parte de la Gendarmería en el departamento de Cushamen, provincia de Chubut, contra la comunidad mapuche que reclama el derecho a ocupar sus tierras ancestrales. Desde comienzos de este año el gobierno de dicha provincia y el Gobierno Nacional han desplegado una cacería de brujas sobre el pueblo mapuche en defensa de quienes usurpan las tierras, apelando a títulos truchos, como el empresario Benetton.

El operativo represivo, que culminó con la desaparición de Santiago Maldonado, fue coordinado por el propio Ministerio de Seguridad nacional, lo que queda explícito con la presencia física en la zona del jefe de Gabinete de ese Ministerio, Gustavo Noceti, quien, además, declaró en la Radio Nacional de Esquel que “cada vez que se produzca un corte de ruta, que sepan que van a ser judicializados…”. Al mismo tiempo, Noceti justificó la represión y señaló que el gobierno consideraba a los integrantes de Resistencia Ancestral Mapuche, y a quienes los apoyen, como miembros de una organización terrorista y que iban a ser todos detenidos. Para completar su campaña reaccionaria, Noceti afirmó que la organización mapuche tenía lazos con extremistas kurdos.

Pero estas declaraciones de Noceti no fueron un exabrupto personal, sino que se referencian en afirmaciones de la propia ministra Patricia Bullrich. Para ella, la organización mapuche había incurrido en “hechos delictivos como usurpaciones de territorios, incendios, daños y amenazas. Se toman tierras en zonas petroleras o gasíferas impidiendo constantemente la normal explotación de los pozos. Estos delitos de usurpación, turbación en la posesión y extorsión afectan un servicio estratégico de los recursos del Estado”. La descripción de Bullrich apuntó a justificar la calificación de organización mapuche de terrorista, en la misma línea que el jefe de gabinete de su Ministerio. La desaparición en democracia de este joven artesano de 28 años, Santiago Maldonado, no deja escapar la responsabilidad de la ministra Bullrich, como responsable directa de la fuerza que actuó en el operativo, quien debe responder sobre el paradero del mismo y sobre las acciones represivas, como así también sobre el proceso de la búsqueda de Santiago.

Las pericias realizadas, confirmadas luego por el juez que sigue la causa, Otranto, indicaron que a Santiago lo detuvo la Gendarmería el pasado 1 de agosto en el departamento de Cushamen, Chubut, en el marco de la represión a la Comunidad Mapuche. Estos últimos denunciaron que la Gendarmería ingresó con balas de plomo y de goma, y que Santiago fue detenido, golpeado y trasladado en una camioneta de Gendarmería, que contó con una fila de oficiales para impedir la visualización de los acontecimientos.

Los abogados oficiales y de parte de la familia de Maldonado señalan que los miembros de la Gendarmería, que fueron parte del operativo represivo -y por lo tanto los principales sospechosos de la desaparición forzada de Santiago Maldonado- no fueron ni siquiera interrogados. Por el contrario, el rastrillaje realizado el viernes 4 y las pericias sobre los móviles del día 5 fueron atestiguados por miembros de Gendarmería, en una actitud intimidatoria ante los testigos y el cuerpo forense. El juez Otranto no removió al personal de Gendarmería sospechado de haber modificado pruebas, al haber lavado las camionetas en las que podrían haber detenido a Maldonado, sino que lo dejó permanecer vigilando cada acción de inspección que involucraba a la fuerza. La familia de Santiago juzgo la situación, a través de un comunicado, como “inadmisible” en tanto “en un Estado de derecho, fuerzas de seguridad no aporten pruebas, ni hablen, ni colaboren para que se esclarezca, siendo ellos mismos los que participaron en la detención y desaparición forzada de Santiago”.

El comunicado que emitió el juez actuante, acentúa una operación que pretende poner como responsables de la inacción judicial a las propias víctimas de la represión acusándolos de obstruir la investigación y el rastrillaje de búsqueda de Santiago. En el mismo sentido, el gobierno nacional, que permaneció en silencio hasta el dictado del comunicado, pretende quitarse responsabilidad deslindando a la GNA, poniendo en duda, incluso, la presencia de Santiago en el momento de la represión “porque todas las personas estaban encapuchadas”, intentando de esa manera, construir en el imaginario social la estigmatización de las organizaciones mapuches como organizaciones terroristas y violentas.

Esta nueva desaparición en democracia, sacó a la luz un entramado de espionaje estatal contra el pueblo mapuche ejecutado coordinadamente por los gobiernos de Chile y la Argentina. Se trata de un verdadero Plan Cóndor de ambos estados, que incluye acciones de espionaje de las fuerzas de seguridad y de inteligencia, declaraciones obtenidas bajo torturas a testigos y la orientación judicial para calificar de terroristas a las organizaciones de los pueblos originarios. La detención del líder mapuche Facundo Jones Huala, de quien se pedía la libertad cuando Santiago fue secuestrado por la Gendarmería, fue pactada de manera directa por los gobiernos de Argentina y Chile.

La desaparición de Santiago Maldonado lejos está de ser el resultado de una acción individual de uno o varios miembros de la Gendarmería, sino que se trata de una acción estatal que involucra a los gobiernos de Argentina y Chile, a sus fuerzas de seguridad y de espionaje.

La persecución contra el pueblo mapuche forma parte de la seguridad jurídica que reclaman los monopolios petroleros, mineros y los acaparadores de tierras a ambos lados de la cordillera. Patricia Bullrich ha transformado a la Gendarmería en un brazo ejecutor de estos intereses.

Nos sumamos al pedido público del Encuentro Memoria Verdad y Justicia, que nuclea a decenas de organizaciones de derechos humanos y sociales, junto a otros organismos a nivel nacional, que responsabilizan al gobierno nacional y al gobierno provincial por la desaparición de Santiago Maldonado y exige la Aparición con vida ya y el fin de la persecución sobre los pueblos originarios.