El Senado y Cámara de Diputados...

Proyecto de ley de emergencia de Salud Pública

ARTÍCULO 1º: Creación del Sistema Nacional Único de Salud. Por la presente se crea el Sistema Nacional Único de Salud dependiente del Ministerio de Salud de la Nación que reunirá la totalidad de los establecimientos sanitarios estatales, incluyendo los provinciales y municipales, los cuales pasarán a la órbita del estado nacional. Esta medida incluye las instalaciones, recursos físicos y tecnológicos. Lo mismo será para todo el personal que presta servicios en estas dependencias que pasarán a ser empleados de planta permanente del Estado Nacional. Quedan derogadas la Ley de la Dictadura 17.102 que instituye los Servicios de Atención Médica Integrada para la Comunidad (SAMIC) y toda otra norma que se oponga a la presente.

ARTICULO 2º: Financiamiento. Se unificarán los presupuestos actuales de las distintas jurisdicciones en un fondo único. El mismo será inmediatamente duplicado proviniendo tal financiamiento de rentas generales y el no pago de la fraudulenta deuda externa.

ARTÍCULO 3º: Garantía de acceso y derecho a la salud para toda la población. Para garantizar el derecho a la salud a toda la población se establecerá la gratuidad absoluta de todas las prestaciones quedando abolidos los bonos de cooperadora y toda otra forma de “recupero” y copago. Se instaurará el boleto sanitario gratuito para ir y volver del establecimiento. Se extenderá el horario de atención desde las 7 a las 21 horas con la adecuada dotación de personal.

ARTÍCULO 4º: Distribución y organización del sistema. Los establecimientos, los recursos tecnológicos y los recursos humanos se distribuirán en base a criterios sanitarios y de complejidad creciente jerarquizando el primer nivel de atención como puerta de entrada y acceso al sistema. Los trabajadores de la salud participarán de la conducción de los establecimientos siendo elegidos por voto universal del personal.

ARTÍCULO 5º: Atención primaria de la salud. Se priorizará la Atención Primaria de la Salud (APS) a partir de los actuales Centros de Atención Primaria en Salud (CAPS) a los que se les dotarán los recursos físicos y humanos necesarios para su operación. Se adoptará el enfoque interdisciplinario para el funcionamiento de estos establecimientos como así también de las acciones territoriales del área programática.

ARTÍCULO 6º: Atención en Salud Mental con eje en la externación y recuperación social de los pacientes. La atención de la salud mental estará centrada en la externación y recuperación individual y social de los pacientes. A tal efecto se crearán bajo la jurisdicción del Estado nacional los dispositivos intermedios, como casas de medio camino y hospitales de día, que serán dotados del personal correspondiente a las distintas disciplinas que concurran a su funcionamiento. Los consumos problemáticos y/o abusivos de substancias y las adicciones, quedan en la órbita del Ministerio de Salud y no en la esfera de la Seguridad.

ARTÍCULO 7º: Medicamentos gratuitos para toda la población. La provisión de medicamentos a partir de la presente ley será de carácter gratuito y universal a cargo del Estado nacional. A tal efecto se implementará la producción estatal de medicamentos a partir de las instalaciones ya existentes en el ámbito estatal.

ARTÍCULO 8º: De la política de contratación de los trabajadores de la salud. Se procederá a cubrir las vacantes existentes a la fecha en todos los establecimientos. La plantilla de personal será determinada en base a criterios de necesidades sanitarias y no según la estadística de prestaciones. Quedan abolidas todas las formas de designación precaria de personal como becas, locaciones de servicios y otras. El personal que se hallare en esa situación pasará en forma inmediata a la planta permanente del Estado nacional. Se buscará la constitución de equipos estables que garanticen la continuidad y el mejoramiento de las prestaciones.

ARTÍCULO 9º: Condiciones laborales. Se implementará una política salarial que revierta el éxodo del Sistema Público y el pluriempleo de los trabajadores de salud. Una carga horaria de 36 horas semanales debe bastar para que puedan vivir dignamente. Para lograrlo se duplicará el salario actual de todos los trabajadores del Sistema Nacional Único de Salud. Se establece el 82% móvil para todos los trabajadores de salud jubilados.

ARTÍCULO 10º: Abolición de la tercerización. Queda abolida la tercerización de las prestaciones tanto de la atención sanitaria como de los servicios generales (limpieza, cocina, lavaderos, mantenimiento, administrativos, entre otros). Quedan disueltas las cooperadoras, fundaciones, organizaciones no gubernamentales y otras instituciones que actúen al interior de los establecimientos o que lo hagan en nombre de estos para recibir donaciones, ya que representan una forma encubierta de tercerización o de direccionamiento de la actividad sanitaria. En todos los casos mencionados el personal afectado pasará a la planta permanente. Se prohíbe el uso del nombre de los establecimientos públicos por parte de instituciones privadas para recibir donaciones.

ARTÍCULO 11º: De la educación permanente en salud. Se duplicarán las vacantes para residencias con igual salario que los trabajadores de planta permanente. Será obligatoria la capacitación del recurso humano dentro del horario laboral a tal efecto el Sistema Nacional proveerá la formación continua y la actualización de todos los trabajadores en forma gratuita.

ARTÍCULO 12º: De las Obras Sociales sindicales, estatales y el PAMI. Se establece el control por parte de trabajadores y afiliados de todas las Obras Sociales sindicales, de las estatales y del PAMI. Se procederá a la apertura inmediata de sus libros contables. Está prohibido a los dirigentes gremiales ser directivos de las obras sociales sindicales. Éstos últimos serán elegidos por voto universal de afiliados y trabajadores. La contabilidad será pública y de libre acceso.

ARTÍCULO 13º: Nacionalización del sistema. A partir de la sanción de la presente ley el sector privado de salud será nacionalizado (clínicas, sanatorios, institutos de diagnóstico y tratamiento, y la industria farmacéutica), sin indemnización alguna, incorporándose al Sistema Nacional Único de Salud, de propiedad estatal, gratuito y de excelencia para todos, con todo su personal, reconociéndose todos sus derechos laborales. Lo mismo valdrá para las Obras Sociales sindicales y el PAMI.

ARTÍCULO 14º: De forma.

Señor presidente:

Es de público conocimiento que el sistema de salud público padece una crisis creciente, evidenciada por los constantes y legítimos reclamos de la población y los trabajadores del sector. Está claro que el gobierno de Macri (Cambiemos-PRO-UCR-CC) y los anteriores (el peronismo kirchnerista y otros) han tenido el objetivo de desentenderse del sistema de salud estatal, con el objetivo de fomentar el negocio privado capitalista de la salud.

Para revertir esto es que presentamos este proyecto de ley, que busca, por un lado, preservar el derecho del pueblo a tener una atención sanitaria universal, gratuita y de excelencia para todos mediante un sistema nacional de salud igualitario, con consultas, tratamientos y medicamentos gratuitos pagados por el estado y administrado por los usuarios, médicos, trabajadores y profesionales del sector. Y, por otro, terminar con el negocio capitalista privado de los mercaderes de la salud, de los cuales son cómplices los gobiernos de turno.

En todos estos años de gobiernos patronales y pro empresarios se ha generado un doble estándar de salud. Por un lado, un hospital público cada vez más desmantelado y deficitario para atender a millones (a pesar de que debería ser garantizado por los impuestos que paga el pueblo, y no lo es), donde los fondos públicos se usan para pagar deuda externa y no para invertir en la salud de los más desprotegidos. Por eso es que vienen decayendo los presupuestos de salud (nacionales y provinciales) mientras crecen los compromisos para pagar deuda externa. A tal punto que en 2017 el presupuesto nacional destina el 10% para pagar deuda externa, cinco veces más de lo que se destina al ministerio de Salud. Y, por otro, existe una medicina privada (prepagas y obras sociales, por la cuales hay que pagar), donde se atienden desde sectores pudientes hasta aquellos que fueron empujados a hacerlo, entre ellos importantes franjas de trabajadores y de sectores medios. Una política consciente para financiar y fomentar con recursos de la población el negocio capitalista de clínicas, sanatorios y laboratorios privados.

El sector público-estatal cubre a quienes carecen de obra social o prepaga (34% de la población). También lo hace con una gran parte de la población que por distintas razones no llega a utilizar su cobertura. Este es el sector que está en continua decadencia, la cual se manifiesta en el deterioro de la infraestructura, la carencia de tecnologías modernas y el éxodo de recursos humanos en busca de mejores retribuciones.

En la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, se redujo el presupuesto provincial (del 6,3% en 2016 al 5,5% en 2017), hay falta de medicamentos oncológicos, servicios cerrados, fuga de profesionales, falta de nombramiento de 1500 de ellos, 1500 becarios precarizados (5.000 en total en el sector) y graves problemas edilicios que ponen en riesgo a pacientes y trabajadores. La crónica diaria habla del calvario que deben padecer miles y miles de pacientes para lograr su atención. Guardias de fines de semana vaciadas de profesionales, interminables listas de espera para cirugía, falta de insumos, inseguridad de pacientes y trabajadores, son solo una parte de los problemas que derrumban al sistema público. Esto se suma al aumento de la pobreza, desigualdad y marginalidad social, haciendo cada vez más fuerte la demanda en los hospitales públicos que los gobiernos desatienden.

A su vez, los profesionales nucleados en la Cicop reclaman un aumento salarial del 40% contra el miserable 18% y en cuotas que les otorgó la gobernadora María Eugenia Vidal. Siendo una vergüenza que un profesional que recién ingresa perciba $17.000 por 36 horas semanales, o $20.000 el de guardia. Queda claro que lejos de “combatir los males del kirchnerismo”, como dice el actual gobierno, los ha profundizado.

Por otra parte, se extiende una forma de privatización encubierta a través de la derivación cada vez mayor al sector privado de prácticas que el estado paga con fondos que son restados al equipamiento y sostenimiento del sistema público. Completando este cuadro de extinción progresiva de la gratuidad de la salud, las cooperadoras y fundaciones obligan al usuario a pagar de su bolsillo las prestaciones e insumos que el sistema público debiera proveer y no lo hace. Sin descuidar que numerosas fundaciones y ONGs reciben donaciones en nombre de establecimientos públicos, sin que estos puedan ejercer el mínimo control sobre los mismos.

Completa el cuadro la enorme fragmentación del sector público en tres jurisdicciones (nacional, provincial y municipal), contribuyendo no solo a la anarquía organizativa y despilfarro de recursos sino al desentendimiento del gobierno nacional al no destinar los fondos suficientes para una correcta y suficiente cobertura, dejando en muchos casos a las provincias o municipios asfixiados económicamente, a que lo hagan de manera aún más deficitaria, agravando la desprotección.

Una propaganda oficial falaz intenta responsabilizar de esta decadencia a los trabajadores y profesionales del sistema, cuando la realidad es a la inversa: son ellos quienes sostienen con su esfuerzo cotidiano el funcionamiento del mismo. La causa hay que buscarla en la escandalosa penuria presupuestaria en la que los sucesivos gobiernos han dejado y siguen dejando a la salud pública.

El sector privado de salud está constituido por las empresas de prepago, un subsector de la seguridad social integrado por las llamadas obras sociales y un subsector público estatal. A su vez, las obras sociales pueden ser sindicales, estatales y el PAMI, reconociendo de esta manera distintos criterios de funcionamiento.

El subsector que comprende a las llamadas prepagas constituye un sector privilegiado, creando una gran desigualdad. Cubre a un 10% de la población, pero consume el 30% del gasto total en salud. Este porcentaje del gasto total es el mismo que utiliza el sector público, pero para atender tres veces más gente, un 35% de la población. No acaba aquí la participación de la empresa privada en la salud.

Se calcula que la tercera parte del gasto en salud lo absorbe la industria farmacéutica y si a eso le sumamos los prestadores privados de la seguridad social nos encontramos que cerca del 70% de este gasto va a parar a la industria privada.

En cuanto al subsector de la seguridad social abarca a los afiliados a las obras sociales (56%). Éstas se financian enteramente con dos aportes que pone el trabajador. Uno, descontado del salario. El otro, aportado en forma indirecta también por el trabajador, pero bajo la forma de aporte patronal. Es decir que casi 26 millones de empleados y jubilados pagan de sus sueldos su propia atención. Esta enorme masa de dinero -administrada por los dirigentes sindicales y el gobierno nacional y los provinciales- va a parar a las empresas privadas de atención médica y a la industria farmacéutica, ya que la inmensa mayoría de las prestaciones se realizan a través de contratos entre los gremios, las obras sociales estatales (y el PAMI) con las clínicas privadas y no desde instalaciones propias. Se facilitan así negocios en perjuicio de la atención de la salud de los afiliados, generando corrupción y el “retorno”.

El deterioro del sector salud afecta también al recurso humano. Quienes trabajan para el estado padecen salarios ínfimos que los obligan al empleo múltiple y, de acuerdo a las jurisdicciones, sufren extremas desigualdades en su régimen de trabajo. En el ámbito privado los profesionales carecen de derechos laborales y el resto del personal está, en su mayoría, en relación de dependencia precaria mediante los llamados “contratos basura”.

Tanto en el ámbito privado como estatal no está prevista la formación de equipos permanentes y la capacitación continua, que es lo que corresponde para mantener una alta calidad de las prestaciones. Esta última carencia es compensada con el sobre esfuerzo de los trabajadores que, además de su pluriempleo, sostienen su actualización extendiendo la duración de su jornada laboral. El desgaste profesional prematuro de los trabajadores de la salud encuentra parte de su causa en esta sobre exigencia laboral inhumana.

El alto costo de los remedios, su uso irracional y el monopolio que ejerce la industria farmacéutica privada hace casi imposible el acceso a los mismos, sobre todo por parte de los jubilados. Se han dejado caer las instalaciones estatales aptas para la producción a bajo costo.

El concepto de Atención Primaria de la Salud nunca logró instalarse efectivamente en nuestro anárquico sistema de salud. La concepción abiertamente mercantil que promueve el gobierno actual (como parte de un gran negocio capitalista) lleva al abandono definitivo de este enfoque. En cuanto a la atención en Salud Mental no se han dado los pasos que permitan concretar los objetivos señalados para el tratamiento humanitario y digno de los pacientes.

El Decreto 908/2016 del presidente Macri, que instaura la pomposamente llamada Cobertura Universal de Salud, consolida la desigualdad en el goce del derecho a la salud al establecer la identificación de la población carente con el estigmatizante “carnet de pobre” y habilitar el establecimiento de las llamadas “canastas de servicios”, las cuales varían de acuerdo a la capacidad de pago de los presuntos beneficiarios. Este decreto presidencial, inscripto en las recomendaciones de los organismos financieros internacionales, es por ahora el último de una larga serie de leyes, decretos y resoluciones de distintas jurisdicciones que a lo largo de décadas han tratado de imponer que, la atención en salud, sea pagada por los propios usuarios de los servicios, los cuales han contado con la resistencia de los trabajadores del sistema y la comunidad. Durante el gobierno peronista de Carlos Menem se hicieron los intentos más severos en este sentido. La movilización de los trabajadores junto a la comunidad derrotó estas políticas. Así sucedió con el intento de privatización del Instituto Nacional de Microbiología Malbrán, los Hospitales de Morón y San Miguel, y muchos más.

La Ley N° 17.102/66 llamada Ley SAMIC promulgada por el Dictador Onganía en 1966, sienta las bases del hospital de autogestión, autofinanciado en base al cobro de las prestaciones y con funcionamiento de empresa comercial. Esa ley, que ningún gobierno constitucional derogó, es la que pretende aplicarse ahora como panacea para la crisis actual en combinación con el Decreto 908. Quienes impulsan esta política privatista esconden al pueblo que en aquellos países en que logró aplicarse, como Chile, llevó a un deterioro nunca visto del sistema de salud. Pero sobre todo eluden mencionar el ejemplo paradigmático de esta política: los EE.UU. Hoy mismo, en el país más poderoso del planeta, donde esta política se generó y planificó, se cuentan por millones los que no tienen acceso a ningún tipo de cobertura de salud.

Por todo lo expuesto consideramos que es necesario un instrumento legal radicalmente distinto al plan del Poder Ejecutivo Nacional, que no es más que una réplica de las recomendaciones de los organismos financieros internacionales que dependen del imperialismo. Necesitamos la presente ley que fomente el hospital público, facilite la reorganización y centralización de los recursos y esfuerzos en un sistema nacional de salud único para garantizar al pueblo el disfrute de una salud pública universal, gratuita y de excelencia para todos en base a los fondos que se destinan a los pagos de la deuda externa. Y para que se termine con el negocio privado de la salud, que ha llevado a que pululen grandes empresarios ligados en muchos casos a multinacionales imperialistas, con ganancias siderales a costa de la salud de millones.

Por todas estas consideraciones, solicitamos a las diputadas y diputados que acompañen este proyecto de ley.