Escribe Mariana Scayola, secretaria general de Ademys, CABA

Está claro que, lamentablemente, Larreta y su ministra de Educación Acuña han tomado a la docencia y a la escuela pública porteña como uno de sus principales blancos de ataque. Escondidos detrás de un discurso sobre su preocupación por la educación (“primero la escuela”), los hechos son tan contundentes que desnudan abiertamente una realidad opuesta.

En estos diez últimos años el gobierno de Cambiemos ha avanzado en la privatización del sistema educativo al punto de que CABA tiene más porcentaje de alumnos en matrícula privada que Chile, país emblema mundial en la lucha social por el derecho a la educación pública.

Larreta impuso un sistema de inscripción online que deja a decenas de miles de alumnos sin matrícula ni opciones de reclamo, en la disyuntiva de quedar sin escuela o pagar en las privadas.

Con Acuña intentaron cerrar escuelas nocturnas y profesorados, atacaron la transparencia en el nombramiento para los cargos docentes disolviendo las juntas de clasificación, privatizaron la formación y capacitación docentes, todos los servicios educativos (desde la limpieza, hasta los comedores escolares, etcétera). Estos datos son contundentes para demostrar que lo que Cambiemos entiende por “prioridad educativa” es “prioricemos los negocios con la educación”.

En 2019 Acuña quedó al descubierto en un zoom donde decía que la docencia porteña era ignorante, pobre, sin capacidad de viajar y ofrecer cultura a estudiantes, que estaba controlada por la izquierda y otras barbaridades que, en cualquier lugar del mundo, habrían implicado su renuncia inmediata. Larreta la bancó.

En plena pandemia, Larreta y Acuña han tomado la falsa bandera de “defender la educación”, contraria a la “educación virtual”, medida elemental para evitar contagios y muertes por Covid. Han obligado a docentes, estudiantes y familias a presentarse en plena pandemia, contagiarse, contagiar y convivir cotidianamente con el peligro de la muerte. Como resultado de esta política ya han fallecido dieciséis docentes y auxiliares, la CABA tiene el mayor índice de mortalidad del país. Los datos son contundentes, como lo venimos denunciando desde Ademys, Docentes en Marcha e Izquierda Socialista. Los especialistas nos han dado la razón de la gravedad extrema de potenciar el contagio con la circulación social que implican las clases presenciales. Se lo hemos exigido a Larreta y al gobierno de Fernández también.

Fernández y todos los gobernadores debieron suspender la presencialidad. ¡Pero Larreta y Acuña, en vez de pedir disculpas y autocriticarse, decidieron dejar directamente sin clases a todos los alumnos porteños! ¡Se niegan a que, como en el resto del país, reciban clases virtuales!

Muchas escuelas, desoyendo a Acuña, ya estaban dando gran parte de sus clases de manera virtual, casi todo el sistema secundario. ¡Ahora hasta eso prohíben!

Larreta prefiere dejar sin clases a miles de estudiantes antes de desnudar que no han invertido nada en entrega de computadoras y en conectividad gratuita para estudiantes y docentes. ¡Y tampoco garantiza la entrega de alimentos cuando el hambre arrecia entre las familias de nuestros alumnos!

¿Qué hará Larreta si, como consideran tanto docentes como familias, el pase a virtualidad educativa sigue siendo una imperiosa necesidad? ¿Nos dejará sin educación lo que resta del año sosteniendo la presencialidad o la nada?

Exigimos al gobierno de Larreta el pase a la educación virtual y que se garanticen equipos y conectividad para docentes y estudiantes. Que se garanticen las canastas de alimentos para todas las familias. Y le exigimos al gobierno nacional la incautación de las vacunas de Garín para garantizar la vacunación para toda la población, única solución de fondo para el sistema educativo y la pandemia.

Escribe Daniela Vergara, secretaria de Cultura Amsafe Rosario

Juan Carlos Giordano y Nicolás del caño (PTS) convocaron una Audiencia Pública junto a las y los trabajadores despedidos del Frigorífico ArreBeef (en la localidad de Pérez Millán, Buenos Aires), a la que también asistió Romina del Plá (Diputada mandato cumplido PO). Giordano y Del Caño abrieron la Audiencia expresando el sentido de la misma, ya que las bancas del FITU están incondicionalmente al servicio de las causas obreras y populares.

Mónica Schlotthauer, diputada nacional electa por Izquierda Socialista y delegada ferroviaria, también presente, destacó la gran movilización de las y los trabajadores en Pérez Millán y la participación que tuvieron en la acción realizada por el Plenario Sindical Combativo en CABA.

Juan Carlos Giordano aclaró que, obviamente, habían sido convocados otros/as diputados y diputadas, pero era evidente que no habían querido estar, entre otras cosas, porque, “gobiernan con el doble discurso”, ya que mientras promueven la ley que prohíbe despidos y suspensiones, nada hacen frente a empresarios como Borrell, el dueño de ArreBeef.

Patronales como Arrebeef y los gobiernos que dejan hacer, son los responsables de que en un país productor de carne haya una alarmante pobreza estructural. Hoy los precios de la carne son un escándalo y frente a esto Alberto Fernández para las exportaciones pero no para los aumentos ¡prohibitiva para los salarios!

Los trabajadores de ArreBeef presentes denunciaron el rol de entrega de la burocracia sindical de la Federación de la Carne y la complicidad con Borrell, que tuvo a la vez el aval del Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, gobernada por Kicilloff. También repudiaron la represión de Berni en la puerta del frigorífico.

Dieron un detallado informe, relatando que sólo se les había ofrecido un 15% de aumento, cobrando 20.000 pesos. Todo en medio de pésimas condiciones de trabajo, donde se tuvieron que lamentar casos de Covid, bajo la total responsabilidad de la patronal. Una de las obreras, que hoy sostiene una olla popular como su único ingreso, denunció que “trabajábamos como esclavas”.

En la audiencia se hicieron presentes y expresaron su solidaridad, distintos dirigentes y referentes del sindicalismo combativo, entre ellos los de los sindicatos docentes, como Ademys, los Sutebas multicolores y Amsafe Rosario.

Se concluyó en seguir desplegando la más amplia unidad y solidaridad por la inmediata reincorporación de las compañeras y compañeros, el cese de las causas judiciales y el fortalecimiento de la campaña de solidaridad y los aportes al fondo de huelga.

Después de cinco meses de pedaleo, la burocracia de Fernández acordó un 37% muy por debajo de la inflación, estimada en 45/50%, además de ser un 37% mentiroso, ya que al no haber retroactivo a enero ese porcentaje baja mucho más. Otra vez los choferes perdemos con nuestro salario. No alcanza con que desde el primer día de la pandemia seamos esenciales , enfrentando día a día el peligro de contagiarse en uno de los focos que es el transporte público, sin vacunas y sin salario digno.

El aumento además es en cómodas cuotas, la totalidad se terminará de cobrar en septiembre, mientras nos dan un bono en negro mes por mes insuficiente, cuando la canasta básica, según ATE Indec, debería ser de 96.800 pesos. No llegamos siquiera a un salario básico.

¿Por qué se destrabó el acuerdo salarial?

El aumento llegó después de la tercera jornada de lucha que choferes autoconvocados de distintas líneas venían coordinando desde las zonas norte, oeste y sur del Gran Buenos Aires. Una verdadera rebelión que la mayoría de los choferes vio con simpatía. Está presión por abajo aceleró el acuerdo y demuestra que, cuando se sale a pelear, la plata aparece.

Debemos consolidar y extender este espacio de coordinación que no responde a ninguno de los dos sectores burocráticos (Fernández y Bustinduik-Dota), sumar a los choferes de Plusmar y de larga distancia que están en lucha, y también a los del interior, donde las patronales están amenazando con no pagar el aumento. Debemos recuperar los cuerpos de delegados que se planten ante el avance de las distintas patronales. Recuperemos UTA para los trabajadores, por 100.000 pesos de aumento y vacunación urgente para todos los choferes.

Corresponsal

Escribe Mariano Barba

Queremos recordar esa ejemplar lucha. Recién comenzaba la pandemia, cuando 60 mineros, en representación de los 238 trabajadores de la empresa yanqui Trident Southern Explorations, que explota oro, vinieron a la capital neuquina a buscar que les paguen los sueldos adeudados y reclamar la continuidad laboral. Libraron una lucha tremenda contra el gobierno del MPN, la empresa, la fiscalía y las fuerzas represivas. Cuando obtuvieron el acta que contemplaba estos reclamos festejaron frente a la Legislatura y se volvieron a sus pueblos, donde los recibió una interminable caravana de vecinos. Habían empezado el 29 de abril de 2020 ocupando la mina de oro y plata y cortando la ruta 40, que une el Norte con el Sur del país por la cordillera, y al no obtener respuesta se trasladaron en caravana a la capital.

Para llegar a Neuquén capital tuvieron que sortear varios obstáculos represivos a lo largo de los 500 kilómetros que recorrieron. Cruzaron la ciudad de Chos Malal, donde la policía provincial intentó detenerlos, pero pusieron una máquina topadora a la cabeza de la caravana que se abrió paso en la barrera policial y con camiones pesados, livianos y varias camionetas de la empresa se largaron a cruzar el desierto. La Gendarmería los detuvo a 50 kilómetros de la capital en la ruta nacional 22, allí acamparon, cortaron la ruta por veintiún días mientras recibían el apoyo con víveres de varias organizaciones sociales, sindicales y de la izquierda y recogían la simpatía y el apoyo masivo de la población. Transcurridos unos días, y para obtener respuesta, salieron a campo traviesa, por la meseta patagónica, logrando que treinta y tres mineros, en los vehículos de la empresa, acamparan frente a la fiscalía y rodeen la Legislatura. Allí se obtuvo una negociación que devino en un acta en la que se acordó un subsidio mensual para cada obrero, que dura hasta la actualidad, a la espera de una solución de fondo para su continuidad laboral. Una vez más, la combatividad de los trabajadores, sumada al apoyo del Plenario del Sindicalismo Combativo y la gran solidaridad desplegada, permitieron torcer el brazo del gobierno.

Los militantes de Izquierda Socialista guardamos en la retina momentos destacados de esa lucha, como cuando la policía quiso detener a un minero a quien defendimos y a los tirones lo rescatamos, y cuando peleamos para romper el cerco policial que permitió el ingreso de agua, comida y la instalación de baños.

Escribe Mercedes Trimarchi, diputada bonaerense (m.c.) Izquierda Socialista/FIT Unidad

En aquella jornada histórica, miles nos movilizamos hacia el Congreso hartas de la violencia patriarcal más extrema que se expresa en los femicidios y transtravesticidios. Gritamos que paren de matarnos y nos organizamos para exigirles a los gobiernos políticas públicas con presupuesto acorde para prevenir y erradicar la violencia de género en nuestro país. Desde aquella gesta hasta hoy pasaron tres presidentes, Cristina Fernández, Mauricio Macri y Alberto Fernández. Lamentablemente, a pesar de la visibilización que logramos con la movilización, a las muertas las seguimos contando todos los días.

Según la ONG La Casa del Encuentro, desde el 1º de enero de 2021 hasta el 30 de abril se produjeron 92 femicidios, 5 transfemicidios y 7 femicidios vinculados de varones adultos y niños. El informe preparado por el Observatorio de Femicidios en Argentina “Adriana Marisel Zambrano” da cuenta además de que 103 niñas y niños se quedaron sin su mamá este año. La provincia de Buenos Aires sigue siendo la que más casos tiene (29), seguida por Córdoba (10), Santiago del Estero (7) y Santa Fe (7). Otros datos que surgen del informe destacan que doce víctimas habían radicado denuncias, diez femicidas tenían dictadas medidas cautelares de prevención, diez femicidas eran agentes o ex agentes de fuerzas de seguridad, cinco víctimas tenían indicio de abuso sexual, cuatro estaban embarazadas, cinco eran mujeres trans, seis eran migrantes, una pertenecía a pueblos originarios, dos víctimas son de presunción de trata y once femicidas se suicidaron.

Es sabido, luego de un año y medio de pandemia, que el contexto de aislamiento agrava la situación de las víctimas que conviven con los violentos. Hasta la ONU declaró en 2020 que los gobiernos debían tomar medidas específicas para resguardar a las víctimas. Sin embargo, lejos de tomar medidas de prevención, los gobiernos, tanto el nacional como los provinciales, hacen oídos sordos. Por eso, desde Isadora e Izquierda Socialista decimos que los gobiernos son responsables de la situación de vulnerabilidad que sufrimos las mujeres, travestis y personas trans. Por eso exigimos presupuesto para combatir la violencia de género, basado el el no para el pago de la deuda externa.