Juan Carlos Giordano se reunió con Nicolás Del Caño y Gastón Remy en el Congreso. Hace once meses que el gobierno de Morales en Jujuy, en connivencia con el PJ, no acepta la renuncia del actual diputado Aldasoro, impidiendo así la rotación del Frente de Izquierda Unidad para que el compañero Remy asuma su banca en la Cámara de Diputados provincial.

Escribe Jorge Adaro, secretario adjunto de Ademys, Docentes en Marcha

El 29 de marzo falleció de Covid-19 el profesor de CABA Jorge Langone, afiliado de Ademys. El paro que convocamos puso en debate la grave situación que vivimos docentes, estudiantes y familias en este simulacro de clases presenciales. Llevamos nuestras denuncias a programas de radio y TV y en TN estuve defendiendo a la docencia ante los ataques reaccionarios de algunos invitados, como la funcionaria Guillermina Tiramonti.

Jorge no fue el primer docente en el país fallecido por Covid-19, lamentablemente esta semana ya son más, pero sí generó mucha indignación en la docencia porteña porque demostró trágicamente la veracidad de las denuncias que venimos realizando. Ante la muerte de un docente, los sindicatos de las provincias y la burocracia de Ctera deberían haber tomado la misma actitud que Ademys, pero sus conducciones kirchneristas mantienen un vergonzoso pacto con el gobierno de Alberto Fernández y permanecen inactivas y abandonan los reclamos docentes.

A cuatro semanas del retorno a la presencialidad se confirmó nuestra denuncia de que la política de Larreta-Acuña, que es la misma que nacionalmente aplican Fernández-Trotta y los gobernadores, es criminal. Crecieron exponencialmente los contagios y, aunque el gobierno quiere responsabilizar a las personas por sus “descuidos”, la única medida que puso en movimiento a millones al encuentro con el virus y su esparcimiento y que explica esta explosión de casos fue el regreso a la presencialidad escolar. Y si no han sido más los docentes contagiados y fallecidos es porque en ningún lugar se implementó realmente el absurdo protocolo gubernamental de las “burbujas cotidianas de treinta alumnos”, sino que en cada escuela docentes y muchos directivos han creado sus propios protocolos. Todos los que tienen hijos en edad escolar saben que las “clases presenciales normales” son un simulacro, no existen.

Esta “nueva ola” de la pandemia, que hizo saltar las mediciones de riesgo epidemiológico en todas las provincias, potencia los peligros de contagios en las escuelas y, ni hablar, en el transporte público. Es una minoría ínfima de docentes la que ha recibido la primera dosis de la vacuna. Y se confirma que hay un alto porcentaje de niños y adolescentes contagiados que tira por la borda otra de las mentiras gubernamentales, que los niños no contagian ni transmiten el virus.

Así no se puede seguir. Hay que frenar ya la presencialidad tal como está, retomando un sistema de virtualidad hasta que los docentes y estudiantes estemos vacunados. Para eso tenemos que exigir al gobierno que las millones de dosis que están en el laboratorio de Garín, en Buenos Aires, se incauten y se vacune a todos. Además, entregar ya computadoras y conectividad gratuita para docentes y estudiantes para retomar la virtualidad sin dejar a nadie por fuera del sistema educativo.

Para esto debemos reclamar a las conducciones sindicales docentes en cada provincia y a la burocracia de Ctera que rompan su pacto con Fernández y los gobernadores, tomen estos reclamos y llamen a un plan de acción para lograrlos.

Llamamos al conjunto de las conducciones docentes antiburocráticas y combativas a que retomemos la coordinación y resolvamos medidas de acción unificadas para defender la educación pública, la salud y la vida de docentes, estudiantes y familias.

Al cumplirse 14 años del asesinato del docente neuquino, se realizaron en todo el país diferentes acciones exigiendo cárcel a todos los responsables.

En CABA, Ademys y los Suteba multicolores organizaron un acto frente a la casa de Neuquén, donde hablaron entre otros dirigentes, nuestras compañeras de Docentes en Marcha Maríana Scayola y Graciela Calderón (foto)

Escribe Mariano Barba

Más de un mes de lucha llevan los trabajadores auto convocados de la salud pública. Su fuerza está intacta a pesar de las provocaciones del gobierno provincial que aplica a rajatabla el ajuste nacional en acuerdo con Alberto Fernández. La primera provocación fue cuando la burocracia de ATE encabezada por Carlos Quintriqueo firmó con el gobierno, al igual que UPCN, una paritaria salarial por solo el 12 % de incremento siendo que desde el 2019 no se tocan los salarios. Los hospitales rechazaron masivamente el acuerdo, igual la burocracia lo firmó. Allí estalló la bronca y comenzó la rebelión de la base. La Inter hospitalaria constituida con representantes de todos los hospitales va coordinando la lucha semanalmente según los mandatos de las asambleas de cada establecimiento. Exigen al menos el 40 % de incremento y el pase a planta permanente de los contratados con motivo de la pandemia.

Hasta ahora realizan todo tipo de actividades, paros, marchas, festivales y la última semana llevaron a cabo un corte de la ruta nacional 22, a la altura de Arroyito, lugar donde hace catorce años fusilaron al docente Carlos Fuentalba. En esta oportunidad los sanitaristas permanecieron cortando la ruta desde las 4 de la mañana hasta las 17 del jueves santo. Una acción de repercusión nacional dado la afluencia masiva de turistas. Un nutrido grupo de militantes de Izquierda Socialista acompañamos, desde el comienzo, esa fuerte acción. Al igual que seguimos acompañando el resto de sus acciones en las calles, como en la enorme caravana con cerca de mil autos que se llevó a cabo el último domingo, demostrando la gran adhesión popular. Al cierre de esta edición estamos, junto a los trabajadores de salud apostados en la ruta del petróleo, donde otra acción sobre las rutas está cerrando el circuito productivo. Se ha iniciado un fondo de huelga que deberá ser muy importante porque el gobierno atacó además la lucha con descuentos masivos de sueldos para quebrar la combatividad de miles de trabajadores hospitalarios. Con un agravante que aumentó la indignación, ya que los diputados de la provincia se incrementaron el sueldo en unos 70.000 pesos mensuales.

Los trabajadores de la clínica Constituyentes, junto con sus delegados, vienen impulsando asambleas en las que deciden medidas de fuerza para enfrentar los ataques de la patronal. La conducción burocrática de la seccional de ATSA (sanidad) no tuvo otra opción que hacerse presente debido a la presión de la base, aunque ha intentado distintas maniobras para desmovilizar. Tampoco existen controles por parte del gobierno ante estos hechos, que premió a estas patronales explotadoras pagando parte de los salarios con el ATP y no intercede ante los incumplimientos de los dueños de la clínica en el pago completo de los sueldos.

En la zona oeste hay varios conflictos en los que los trabajadores están llevando distintas acciones y hasta han llegado a ocupar los establecimientos. La clínica provincial de Merlo amenaza con despidos, el Instituto Médico Agüero, de Morón, escalona el pago de salarios, y las clínicas San Andrés y del Sagrado Corazón, de Caseros y Hurlingham, respectivamente, cerraron sus puertas.

Desde Izquierda Socialista/FIT Unidad venimos apoyando y llevando la solidaridad a estos conflictos. Además, en la clínica Constituyentes ya se hizo presente el secretario general de la Seccional Oeste de la Unión Ferroviaria, Rubén “Pollo” Sobrero, junto con una delegación de trabajadores del Sarmiento, para llevar la solidaridad del cuerpo de delegados. En el gremio de sanidad es hora de unir los conflictos y exigirle a la conducción un plan de lucha para que triunfen.                                              

Corresponsal