Escribe Pablo Montenegro, cuerpo de delegados Sarmiento

Y Milei metió la motosierra en el ferrocarril. Los 116 compañeros despedidos este lunes 8 pertenecientes a Adifse, representados por APDF y la UF, confirman la certeza de las resoluciones contra los despidos aprobadas en nuestra masiva asamblea del 26 de marzo en el Sarmiento cuando exigimos a la directiva nacional a convocar asambleas en todas las líneas para coordinar un plan de lucha en defensa de los puestos de trabajo. Ahora que se consumó el ataque, la directiva debe pasar a la acción para conseguir la reincorporación inmediata. No son ñoquis, como insinúa el gobierno en cada despido, son técnicos, ingenieros y personal especializado, que cumplen tareas esenciales para garantizar la seguridad del transporte ferroviario.

La iniciativa que tuvimos desde el cuerpo de delegados y la seccional Oeste del Ferrocarril Sarmiento de convocar a una gran asamblea para resolver un plan de acción contra los despidos anunciados por el gobierno, la privatización y repudiar el acuerdo salarial a la baja firmado por la burocracia, fue un gran paso adelante. La sede de la seccional desbordó con más de mil compañeros presentes contando las delegaciones de las líneas Mitre, Roca, Belgrano Norte, San Martín y del Banco Nación.

Al abrir la asamblea, Rubén “Pollo” Sobrero llamó a defender los puestos de trabajo. Informó que había sido invitado el secretario General de la UF Sergio Sasia a participar de la misma, pero no concurrió. Y dijo: “lo que no hace la Directiva lo tenemos que hacer nosotros. Pero le vamos a seguir exigiendo que se ponga al frente para frenar este ataque brutal”. Hubo decenas de intervenciones. Una delegada de Limpieza dijo “es la primera vez que hablo en una asamblea tan grande. Estoy contenta porque vinieron muchas compañeras que son madres solteras, a quienes les dijimos que pidan ayuda a sus familias para concurrir, y hoy están acá”, generando una gran emoción.

Mónica Schlotthauer graficó: “damos la vida por nuestro trabajo y ahora para Milei y Caputo somos trapos, nos quieren echar por viejos o enfermos, cuando quien nos enferma es la empresa y el gobierno. El 30% de achique de personal es para ir a la privatización con subsidios incluidos. Por eso estamos por la reestatización de todo el sistema ferroviario bajo control de trabajadores y usuarios. Acá no sobra nadie y el tren tiene que volver a todos lados”. Edgardo Reynoso comparó al plan de Milei con el de Menem en los ´90 que dejó 90 mil ferroviarios en la calle y 20 mil kilómetros de vías menos.

Se recordó a Mariano Ferreyra y a los familiares de la masacre de Once y un compañero de evasión hizo una importante reflexión: “Acá hay muchos compañeros que son de la Verde o votaron a Milei, y están en esta asamblea. Otros estuvieron con el Frente Renovador. Pido un aplauso para todos ellos porque estamos juntos defendiendo lo nuestro”. Cuando se votaron las resoluciones propuestas por Cristian Duarte de la Comisión de Reclamos, se palpó la satisfacción de haber dado un paso al frente en la unidad para enfrentar el plan motosierra de Milei contra el ferrocarril.

La asamblea votó un plan de lucha, concentraciones, el trabajo conjunto con las asambleas del Oeste a través de la Comisión Salvemos al Tren que programó actividades en General Rodriguez y Mercedes, un festival y la coordinación con otras organizaciones en lucha.

Ahora tenemos una tarea inmediata que es la lucha por la reincorporación de los compañeros despedidos y parar la motosierra de Milei en el ferrocarril. En un  comunicado de prensa, la Directiva de la UF critica la medida, pero no exige la reincorporación de los despedidos. Desde el cuerpo de delegados del Sarmiento vamos a insistir ante la Directiva de la UF en la realización de asambleas en todas las líneas para votar un plan de lucha unificado por la reincorporación de los despedidos, contra la privatización y el desmantelamiento del ferrocarril y por un acuerdo salarial que dignifique nuestro trabajo.

Escribe Pablo Almeida, delegado general Junta Interna ATE Ministerio de Economía
 
El ultraderechista de Milei ha comenzado el mes de abril con una tanda brutal de despidos en la administración pública nacional. Según dichos del vocero Adorni el número de despidos en esta oleada podría llegar a 15.000.  En todos los ministerios, organismos y reparticiones se están dando casos de despidos, o incluso cierres de organismos vía el desguace y el ahogo presupuestario. El primer blanco del ajuste del gobierno están siendo los sectores más precarizados, compañeros y compañeras con modalidades de contratación precarias como los contratos a término bajo convenio (conocidos como Ley Marco)  o directamente monotributistas. Y el propio vocero presidencial Adorni confirmó que esto es solo una primera tanda ya que los contratos se renovarán (como máximo) tres meses.

La lucha contra los despidos no se hizo esperar. En las principales dependencias el miércoles 3 de abril, primer día hábil del mes, se organizaron concentraciones para garantizar el ingreso de todas y todos los despedidos. Enfrentando una militarización tan desproporcionada como ridícula se logró el objetivo y comenzó a organizarse en muchas dependencias la pelea contra los despidos.

Lamentablemente las direcciones sindicales están lejos de lo que la situación demanda. UPCN en palabras de su eterno secretario general Andrés Rodríguez ha negado que exista un ataque que amerite un paro general de todos los estatales y se limita a acciones judiciales. No sorprende porque justamente Rodríguez es parte del ala de la CGT que se viene oponiendo al llamado a un segundo paro general contra el gobierno que ponga en jaque su plan de ajuste. Y ATE si bien ha convocado a un paro y movilización el 5 de abril que congregó en la calle a más de cinco mil estatales, no le da continuidad con medidas escalonadas para derrotar el plan motosierra contra los puestos de trabajo.

Desde Estatales en Marcha creemos que es imprescindible que desde cada sector comencemos a poner en pie una pelea a la altura del ataque que estamos recibiendo. Y que en la lucha busquemos la máxima confluencia de sectores para que la pelea no se de lugar por lugar. Por eso hemos sido impulsores desde las Juntas Internas de Ministerio de Economía e Indec de la gran acción unitaria del 26 de marzo frente al Ministerio de Economía que unificaron bajo cinco puntos básicos a más de una decena de juntas internas congregando a miles de compañeros para reclamar contra los despidos y exigirle a la CGT y a las CTA la necesidad de un paro nacional y plan de lucha.

Reclamamos a las conducciones de nuestra ATE que cesen las divisiones que sólo aportan confusión y debilitan la pelea. Necesitamos instancias democráticas para decidir entre todos y todas un verdadero plan de lucha. Exigimos que el Congreso de Memoria y Balance de la seccional Capital convocado para el próximo 18 de abril se convierta en una asamblea general de afiliadxs y no afiliadxs. Solo por ese camino se forjarán las imprescindibles unidad y masividad en la lucha para derrotar la motosierra que hoy busca dejar sin laburo a miles de compañeras y compañeros.

Escribe José Castillo

70% de inflación acumulada. Pulverización de salarios y jubilaciones. Cierres de organismos. Paralización de la obra pública. Decenas de miles de despidos. ¿Quién se beneficia?

El gobierno ultraderechista de Milei, el ministro de Economía y endeudador serial Nicolás “Toto” Caputo, sus periodistas adeptos y el ejército de trolls pagados por la Casa Rosada insisten en que estamos transitando un ajuste “necesario” y que, al final del camino, vendrá la recuperación que beneficiará a todos. Se trata de una vulgar y vil mentira.

Nos encontramos frente a un mega-ajuste, el más grande de la historia argentina, superior al realizado por Macri y aún al del menemismo, con efectos catastróficos sobre los bolsillos del pueblo trabajador sólo similares al ejecutado por Martínez de Hoz al comienzo de la dictadura genocida de 1976.

Los que pierden

La “licuadora”, léase una inflación desaforada provocada a propósito por el propio gobierno, pulverizó los salarios y las jubilaciones. Para poner un único ejemplo: en apenas tres meses, ya llevó los salarios al nivel adquisitivo que tenían en 2006. La consultora ABC, del ex secretario de industria de Macri, Dante Sica, calcula que los gastos fijos de una familia en términos de luz, gas, agua, transporte público y prepagas ya alcanza al 60% del total de los ingresos promedios. Las jubiladas y jubilados han sido tomados desvergonzadamente como principal variable de ajuste del gasto público, quedando la mayoría con ingresos de indigencia.

A todo esto tenemos que sumarle el nuevo drama que crece día a día: la ola de despidos. Decenas de miles en el sector público, que se suman a cierres o virtual congelamiento de oficinas y organismos del Estado, la mayoría de ellos que tenían como fin garantizar derechos de los sectores más vulnerables y empobrecidos de la sociedad.  A lo que hay que agregar los datos que crecen día a día de despidos, suspensiones, vacaciones anticipadas y ofrecimientos de “retiros voluntarios” en empresas del sector privado, claramente afectadas por la recesión.
Un dato no menor a agregar es la virtual asfixia presupuestaria sobre todo el sector de la salud, la educación, ciencia y técnica y políticas sociales.

Ley Ómnibus, DNU y reformas estructurales

Milei y sus cómplices van por más.  En su agenda inmediata están las privatizaciones de empresas públicas estratégicas, una reforma laboral antiobrera (que implica un retroceso de prácticamente un siglo en derechos conquistados), el desfinanciamiento (que está en curso) a las provincias. Y un vía libre para el saqueo y los negociados con nuestros recursos naturales, como el gas, el petróleo y el litio.

Los ganadores

Mientras el pueblo trabajador sufre cada día más, del otro lado están los que se están embolsando millonadas. Empecemos por los grandes empresarios de los monopolios de consumo masivo (Arcor, Molinos, Coca Cola, Pepsico, Quilmes, Ledesma, Procter&Gamble, Johnson, Unilever) que remarcaron desaforadamente aprovechando la eliminación de todos los controles y son los responsables directos (junto con los grandes supermercadistas como Coto, Carrefour, ChangoMás, La Anónima o Cencosud) de los abusos que vemos todos los días en las góndolas.

Sigamos con los dueños de las prepagas como OSDE o Swiss Medical, con Belocopitt a la cabeza, lanzados a aumentos mensuales que, de diciembre a esta parte, ya promedian el 158%.
A todo esto sumemos los dueños de las empresas de servicios públicos privatizados, que se embolsan los tarifazos en el gas, la electricidad o el agua.

Además de todos estos, que ganan por su facturación, están aquellos que se benefician por su ubicación estratégica en los negocios del gobierno. A la cabeza está el Grupo Techint, que se quedó con YPF y con nada menos que la secretaría de Trabajo. También hay lugar para el lobby, con decenas de sus gerentes en puestos claves en el gobierno.

Dentro del listado de ganadores, no podemos olvidar a los bancos, las fintech (con Galperín y Mercado Pago a la cabeza), los brokers y especuladores de bolsa y los buitres de la deuda externa, que siguen cobrando puntualmente sus vencimientos de miles de millones de dólares.

En síntesis, el pueblo trabajador sigue perdiendo. No hay “recuperación” que lo beneficie y esa es la razón por la que continúa luchando con el objetivo de derrotar el plan motosierra.

1. Aumento inmediato de salarios, para que nadie gane menos que el valor de la canasta familiar, calculada por las y los trabajadores de ATE Indec en 913.165 pesos (según la última actualización a fin de enero), ajustable mensualmente por inflación. Homologación automática de todas las paritarias, sin techo. Aumento de jubilaciones, llevando la mínima al valor de la canasta de la Tercera Edad, calculado según la Defensoría del mismo nombre en 685.041 pesos. 82% móvil para todas las jubilaciones y pensiones.

2. Reincorporación inmediata de las y los despedidos. Pase a planta permanente de los contratados. Prohibición por ley de suspensiones y despidos y expropiación y puesta en funcionamiento bajo gestión de las y los trabajadores de toda empresa que viole esta disposición.

3. Suspensión inmediata de todo pago en concepto de deuda externa. Impuesto de emergencia a las grandes empresas y fortunas para financiar un plan de construcción de viviendas populares que genere inmediatamente millones de puestos de trabajo genuino.

4. Nacionalización de la banca y el comercio exterior, para terminar con  la especulación, la fuga de capitales y el contrabando.

5. Restitución, indexadas por inflación, de todas las partidas presupuestarias sociales, de salud y educación, recortadas por el gobierno de Milei.

6. Precios máximos a los artículos de la canasta familiar y aplicación de fuertes sanciones a los especuladores, que incluyan multas, clausuras e incluso la expropiación.

7. Reestatización de las empresas públicas privatizadas. En los casos de las de servicios públicos (luz, gas, agua, ferrocarriles) para ponerlas a funcionar bajo gestión de sus propios trabajadores y usuarios, brindando servicios de calidad con tarifa social para quién la necesite. En los casos de las de recursos estratégicos no renovables (gas, petróleo) para, junto con la nacionalización de los yacimientos de minerales y litio, avanzar en un plan de desarrollo donde, respetando al ambiente y las comunidades locales, esos recursos puedan utilizarse estratégicamente, para terminar con el saqueo y la depredación.