Escribe Pablo Almeida, delegado general Junta Interna ATE Ministerio de Economía
 
El ultraderechista de Milei ha comenzado el mes de abril con una tanda brutal de despidos en la administración pública nacional. Según dichos del vocero Adorni el número de despidos en esta oleada podría llegar a 15.000.  En todos los ministerios, organismos y reparticiones se están dando casos de despidos, o incluso cierres de organismos vía el desguace y el ahogo presupuestario. El primer blanco del ajuste del gobierno están siendo los sectores más precarizados, compañeros y compañeras con modalidades de contratación precarias como los contratos a término bajo convenio (conocidos como Ley Marco)  o directamente monotributistas. Y el propio vocero presidencial Adorni confirmó que esto es solo una primera tanda ya que los contratos se renovarán (como máximo) tres meses.

La lucha contra los despidos no se hizo esperar. En las principales dependencias el miércoles 3 de abril, primer día hábil del mes, se organizaron concentraciones para garantizar el ingreso de todas y todos los despedidos. Enfrentando una militarización tan desproporcionada como ridícula se logró el objetivo y comenzó a organizarse en muchas dependencias la pelea contra los despidos.

Lamentablemente las direcciones sindicales están lejos de lo que la situación demanda. UPCN en palabras de su eterno secretario general Andrés Rodríguez ha negado que exista un ataque que amerite un paro general de todos los estatales y se limita a acciones judiciales. No sorprende porque justamente Rodríguez es parte del ala de la CGT que se viene oponiendo al llamado a un segundo paro general contra el gobierno que ponga en jaque su plan de ajuste. Y ATE si bien ha convocado a un paro y movilización el 5 de abril que congregó en la calle a más de cinco mil estatales, no le da continuidad con medidas escalonadas para derrotar el plan motosierra contra los puestos de trabajo.

Desde Estatales en Marcha creemos que es imprescindible que desde cada sector comencemos a poner en pie una pelea a la altura del ataque que estamos recibiendo. Y que en la lucha busquemos la máxima confluencia de sectores para que la pelea no se de lugar por lugar. Por eso hemos sido impulsores desde las Juntas Internas de Ministerio de Economía e Indec de la gran acción unitaria del 26 de marzo frente al Ministerio de Economía que unificaron bajo cinco puntos básicos a más de una decena de juntas internas congregando a miles de compañeros para reclamar contra los despidos y exigirle a la CGT y a las CTA la necesidad de un paro nacional y plan de lucha.

Reclamamos a las conducciones de nuestra ATE que cesen las divisiones que sólo aportan confusión y debilitan la pelea. Necesitamos instancias democráticas para decidir entre todos y todas un verdadero plan de lucha. Exigimos que el Congreso de Memoria y Balance de la seccional Capital convocado para el próximo 18 de abril se convierta en una asamblea general de afiliadxs y no afiliadxs. Solo por ese camino se forjarán las imprescindibles unidad y masividad en la lucha para derrotar la motosierra que hoy busca dejar sin laburo a miles de compañeras y compañeros.

Escribe José Castillo

70% de inflación acumulada. Pulverización de salarios y jubilaciones. Cierres de organismos. Paralización de la obra pública. Decenas de miles de despidos. ¿Quién se beneficia?

El gobierno ultraderechista de Milei, el ministro de Economía y endeudador serial Nicolás “Toto” Caputo, sus periodistas adeptos y el ejército de trolls pagados por la Casa Rosada insisten en que estamos transitando un ajuste “necesario” y que, al final del camino, vendrá la recuperación que beneficiará a todos. Se trata de una vulgar y vil mentira.

Nos encontramos frente a un mega-ajuste, el más grande de la historia argentina, superior al realizado por Macri y aún al del menemismo, con efectos catastróficos sobre los bolsillos del pueblo trabajador sólo similares al ejecutado por Martínez de Hoz al comienzo de la dictadura genocida de 1976.

Los que pierden

La “licuadora”, léase una inflación desaforada provocada a propósito por el propio gobierno, pulverizó los salarios y las jubilaciones. Para poner un único ejemplo: en apenas tres meses, ya llevó los salarios al nivel adquisitivo que tenían en 2006. La consultora ABC, del ex secretario de industria de Macri, Dante Sica, calcula que los gastos fijos de una familia en términos de luz, gas, agua, transporte público y prepagas ya alcanza al 60% del total de los ingresos promedios. Las jubiladas y jubilados han sido tomados desvergonzadamente como principal variable de ajuste del gasto público, quedando la mayoría con ingresos de indigencia.

A todo esto tenemos que sumarle el nuevo drama que crece día a día: la ola de despidos. Decenas de miles en el sector público, que se suman a cierres o virtual congelamiento de oficinas y organismos del Estado, la mayoría de ellos que tenían como fin garantizar derechos de los sectores más vulnerables y empobrecidos de la sociedad.  A lo que hay que agregar los datos que crecen día a día de despidos, suspensiones, vacaciones anticipadas y ofrecimientos de “retiros voluntarios” en empresas del sector privado, claramente afectadas por la recesión.
Un dato no menor a agregar es la virtual asfixia presupuestaria sobre todo el sector de la salud, la educación, ciencia y técnica y políticas sociales.

Ley Ómnibus, DNU y reformas estructurales

Milei y sus cómplices van por más.  En su agenda inmediata están las privatizaciones de empresas públicas estratégicas, una reforma laboral antiobrera (que implica un retroceso de prácticamente un siglo en derechos conquistados), el desfinanciamiento (que está en curso) a las provincias. Y un vía libre para el saqueo y los negociados con nuestros recursos naturales, como el gas, el petróleo y el litio.

Los ganadores

Mientras el pueblo trabajador sufre cada día más, del otro lado están los que se están embolsando millonadas. Empecemos por los grandes empresarios de los monopolios de consumo masivo (Arcor, Molinos, Coca Cola, Pepsico, Quilmes, Ledesma, Procter&Gamble, Johnson, Unilever) que remarcaron desaforadamente aprovechando la eliminación de todos los controles y son los responsables directos (junto con los grandes supermercadistas como Coto, Carrefour, ChangoMás, La Anónima o Cencosud) de los abusos que vemos todos los días en las góndolas.

Sigamos con los dueños de las prepagas como OSDE o Swiss Medical, con Belocopitt a la cabeza, lanzados a aumentos mensuales que, de diciembre a esta parte, ya promedian el 158%.
A todo esto sumemos los dueños de las empresas de servicios públicos privatizados, que se embolsan los tarifazos en el gas, la electricidad o el agua.

Además de todos estos, que ganan por su facturación, están aquellos que se benefician por su ubicación estratégica en los negocios del gobierno. A la cabeza está el Grupo Techint, que se quedó con YPF y con nada menos que la secretaría de Trabajo. También hay lugar para el lobby, con decenas de sus gerentes en puestos claves en el gobierno.

Dentro del listado de ganadores, no podemos olvidar a los bancos, las fintech (con Galperín y Mercado Pago a la cabeza), los brokers y especuladores de bolsa y los buitres de la deuda externa, que siguen cobrando puntualmente sus vencimientos de miles de millones de dólares.

En síntesis, el pueblo trabajador sigue perdiendo. No hay “recuperación” que lo beneficie y esa es la razón por la que continúa luchando con el objetivo de derrotar el plan motosierra.

1. Aumento inmediato de salarios, para que nadie gane menos que el valor de la canasta familiar, calculada por las y los trabajadores de ATE Indec en 913.165 pesos (según la última actualización a fin de enero), ajustable mensualmente por inflación. Homologación automática de todas las paritarias, sin techo. Aumento de jubilaciones, llevando la mínima al valor de la canasta de la Tercera Edad, calculado según la Defensoría del mismo nombre en 685.041 pesos. 82% móvil para todas las jubilaciones y pensiones.

2. Reincorporación inmediata de las y los despedidos. Pase a planta permanente de los contratados. Prohibición por ley de suspensiones y despidos y expropiación y puesta en funcionamiento bajo gestión de las y los trabajadores de toda empresa que viole esta disposición.

3. Suspensión inmediata de todo pago en concepto de deuda externa. Impuesto de emergencia a las grandes empresas y fortunas para financiar un plan de construcción de viviendas populares que genere inmediatamente millones de puestos de trabajo genuino.

4. Nacionalización de la banca y el comercio exterior, para terminar con  la especulación, la fuga de capitales y el contrabando.

5. Restitución, indexadas por inflación, de todas las partidas presupuestarias sociales, de salud y educación, recortadas por el gobierno de Milei.

6. Precios máximos a los artículos de la canasta familiar y aplicación de fuertes sanciones a los especuladores, que incluyan multas, clausuras e incluso la expropiación.

7. Reestatización de las empresas públicas privatizadas. En los casos de las de servicios públicos (luz, gas, agua, ferrocarriles) para ponerlas a funcionar bajo gestión de sus propios trabajadores y usuarios, brindando servicios de calidad con tarifa social para quién la necesite. En los casos de las de recursos estratégicos no renovables (gas, petróleo) para, junto con la nacionalización de los yacimientos de minerales y litio, avanzar en un plan de desarrollo donde, respetando al ambiente y las comunidades locales, esos recursos puedan utilizarse estratégicamente, para terminar con el saqueo y la depredación.

Escribe Juan Carlos Giordano, diputado nacional electo Izquierda Socialista/FIT Unidad

En marzo se hizo el Congreso del PJ en medio de mucha crisis. Reapareció Cristina con un nuevo mensaje “contra el consignismo”. Pablo Moyano señaló que a los dirigentes del PJ les falta decisión para enfrentar a Milei y que hay que “reconstruir el PJ”. Miles de luchadores peronistas están enfrentando a Milei y otros lo quieren hacer y se preguntan con quién. ¿La salida pasa por reconfigurar el peronismo o hay que abandonarlo y cambiar por la izquierda?  
 
El peronismo salió derrotado de las elecciones y ahora está en la oposición patronal. ¿Hasta dónde se opone a Milei? Es cierto que hace críticas parciales al gobierno y votó en contra de la Ley Ómnibus en Diputados y el DNU en el Senado. ¿Pero con esto alcanza? Esto es lo que cuestiona su militancia, que se considera huérfana de su dirigencia.

También es cierto que la gran mayoría de los dirigentes de la CGT son peronistas, pero después del exitoso paro general del 24 de enero tras el cual cayó la Ley Ómnibus no convocó a otra medida, esperando que lo haga esta semana como se lo venimos exigiendo desde el sindicalismo combativo y la izquierda para derrotar el plan motosierra de Milei.

“El peronismo está en la boludez de discutir liderazgos y la gente se hinchó las pelotas de nosotros”, dijo Malena Galmarini, ex titular de Aysa y esposa de Sergio Massa. “Con las mismas caras y diciendo lo mismo no se puede ganar una elección”, sostuvo preocupado en el Congreso del PJ el intendente de Echeverría, Fernando Gray, críticas que también se escucharon en boca de Berni y Rodríguez Saá. Pura pelea electoralista en vistas a 2025 y las presidenciales de 2027.

Repasemos qué hacen los principales referentes del gobierno anterior. Alberto Fernández fue removido de la presidencia del PJ y ahora está investigado por dos imputaciones por administración fraudulenta ante la trama corrupta por la contratación de seguros que montó en perjuicio del Estado. Alberto la pasa mal políticamente, pero no en lo personal: acaba de ser beneficiado con una pensión honorífica de siete millones de pesos mensuales (cobrará catorce millones de retroactivo). Por su parte, Sergio Massa sigue escribiendo su libro donde dice que revelará “nombres del verdadero poder”, el que no enfrentó cuando fue ministro. Y Cristina Kirchner, siguiendo su conducta de comentarista de la realidad, envió un audio a la militancia reunida en el plenario de la Mesa Nacional de Nuevo Encuentro de Morón, el partido de Martín Sabbatella (alineado con Máximo Kirchner), diciendo “Nuestra oposición no debe ser desde el dogmatismo y el consignismo.” ¿Qué quiere decir?
 
Cristina sigue con los guiños al gobierno

Cristina reitera sus “preocupaciones” por la situación del país (deuda externa y aumento de tarifas) y dice que esto “nos debe obligar a repensar estrategias y políticas sin dogmatismo ni consignismo”, recordando las treinta y tres páginas que publicó en febrero de este año. En ese momento ya había deslizado que el peronismo tiene que volver a dar discusiones que antes había clausurado, como la “actualización laboral”, es decir, abrirse a una reforma laboral. El gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, dijo que “podía apoyar iniciativas de Milei”, como el régimen de inversiones mineras y una reforma laboral (Clarín, 23/3). También Cristina habla de rediscutir la “calidad de la Educación Pública”. En este punto se conoce su postura de culpar a los paros docentes por la pérdida de clases o que la docencia trabaja “solo cuatro horas”.

También Cristina había propuesto para las empresas del Estado “una asociación pública y privada”, con el ejemplo de YPF, donde si bien el Estado se quedó con el 51% de las acciones, la petrolera cotiza en bolsa como cualquier privada y la primera que perforó Vaca Muerta fue Chevron, tras un pacto secreto en el gobierno de Cristina. A esto el kirchnerismo del Instituto Patria llama “pragmatismo”.

“Ella ve que algunas de nuestras consignas están agotadas”, dicen desde su entorno. En concreto, “hasta ahora la postura de CFK y La Cámpora ha sido más de repliegue y cautela, de dejar que la resistencia y la bronca comience por abajo. Una postura que tiene desanimada a parte de la militancia” (Página12, 7/4).
 
¿Kicillof no ajusta?

Pablo Moyano dijo de Kicillof: “Si Dios quiere se convertirá en el futuro presidente de la Nación; tiene muchas posibilidades de ser el nuevo conductor de la reconstrucción del peronismo” (BA12, 8/4). Elogió al gobernador como si no estuviera aplicando un ajuste. Por ejemplo, Kicillof prorrogó por decreto el Presupuesto 2023 congelando las partidas en Educación, Salud y Vivienda. Dio un aumento del 13,5% a la docencia (avalado por los dirigentes sindicales peronistas) con lo cual un preceptor pasará a cobrar 332,640 pesos, un maestro de grado con un turno 394.081 y con más de veinticuatro años de antigüedad 539.032, todo por debajo de la línea de pobreza que alcanzó los 685.000 pesos sin contar el alquiler. Además, Kicillof sigue sin hacerse cargo del Fonid recortado por Milei, rebaja también aceptada por los sindicatos docentes. Ni qué hablar de la situación desesperante que hay en los barrios populares del conurbano o los faltantes en los hospitales públicos, lo mismo que se sufre en otras gobernaciones peronistas.

Pablo Moyano, igual que Grabois y distintos referentes peronistas, llaman a “reconstruir el peronismo”. Pero el PJ está demostrando que no está jugado a derrotar el ajustazo de Milei, quiere la reforma laboral y solo piensa en las elecciones del año que viene. Además, el peronismo ya gobernó durante los últimos cuatro años (veintiocho desde 1983) dejando un 45% de pobreza tras el pacto que selló con el FMI. Con el peronismo no hay salida, por eso te llamamos a sumarte a Izquierda Socialista y a fortalecer al Frente de Izquierda Unidad.