Escribe Juan Carlos Giordano

Diputado nacional electo Izquierda Socialista/FIT

Lunes 10 de febrero de 2020

La deuda se ha transformado en el mal de los males del pueblo trabajador. El Congreso acaba de votar una ley para posibilidad su pago vía una renegociación y Alberto Fernández recibió el apoyo para ello de Trump, el Papa, Merkel, Netanyahu y otros gobiernos capitalistas. A todo esto se sumó el escandaloso hecho protagonizado por el gobernador Kicillof, quien pagó de contado 250 millones de dólares con plata de los docentes al negarle una actualización salarial. Siempre desde la izquierda sostuvimos que no hay que pagar esa deuda que viene desde la dictadura y creció exponencialmente con el pacto Macri-FMI. Pero la polémica vuelve, en este caso con distintas organizaciones y referentes que insisten en el viejo y equivocado planteo de que hay que investigarla o hacer una auditoría para determinar qué parte es “legítima” o “ilegítima”, desconociendo que el conjunto de la deuda es una estafa y un mecanismo de sometimiento para nuestros pueblos.

La semana pasada surgió un llamamiento bajo el nombre “Autoconvocatoria por la suspensión e investigación de la deuda”. El mismo está encabezado por Pérez Esquivel y firmado por diversas organizaciones (*).

El llamamiento, en primer lugar, le lava la cara al gobierno de Fernández al señalar que a pesar de haber reconocido que la deuda es impagable, ha entablado “negociaciones poco transparentes y sin adecuada información pública”. Pero lo determinante a denunciar contra este gobierno no son solo “las negociaciones poco transparentes”, sino que decidió reconocer el pacto Macri-FMI y empezó a pagar una deuda fraudulenta que hasta el mismo Fernández dijo que se usó para financiar la fuga de capitales. En segundo lugar dice: “creemos que antes de continuar con los pagos es necesario iniciar una auditoría integral y participativa […] investigar la legitimidad y legalidad de la deuda que se propone pagar y mientras no se haya completado esa investigación o auditoría integral hay que suspender todo pago”. Es decir, supedita la suspensión de los pagos a una auditoría o investigación.

Justo cuando el Congreso acaba de dar el aval al gobierno para pagar, y en momentos en que el propio Fernández reconoció que el endeudamiento de Macri fue para la timba financiera, el planteo de investigar pasa a ser funcional al gobierno.

La deuda actual, a la que se suma la contraída por Macri, tiene la particularidad que viene de la dictadura, se impuso con el genocidio de los 30.000 desaparecidos y es una estafa escandalosa (no había ni registros contables de la misma). Argentina fue obligada a pagar desde 1976 en adelante miles de millones de dólares de una deuda que el pueblo no contrajo ni fue en su beneficio. La deuda pasó de 45.000 millones de dólares en 1983 a los más de 400.000 millones de dólares actuales, luego de que se pagara varias veces y se aplicaran severos planes de ajustes con todos los gobiernos. Desde Alfonsín, pasando por el peronismo menemista de los años 90, el gobierno radical De la Rúa y los 12 años del kirchnerismo, donde se pagaron 200.000 millones de dólares dejando una deuda similar.

Plantear que hay que investigar para determinar cuál es la parte legal y cuál la ilegal, implica que podría haber una parte “buena” que habría que pagar. Esto lleva a negar que se trata de un mecanismo de explotación y sometimiento en beneficio de bancos, las multinacionales y el imperialismo.

Es equivocado insistir en que se debe investigar la deuda, además, cuando esto ya se hizo tras las investigaciones de Alejandro Olmos que culminó con un fallo histórico en el año 2000 del juez Ballesteros declarando que la deuda era ilegítima y fraudulenta. El fallo determinó que debía ser el Congreso quien tomara una decisión política, cosa que nunca ocurrió, y cuando lo hizo, como el pasado 29 de enero, el Congreso Nacional patronal avaló por unanimidad renegociar para pagar con el voto del Frente de Todos, Macri, la UCR, Carrió y los partidos provinciales, con la honrosa excepción del Frente de Izquierda Unidad. A esto hay que agregar que la rebelión del Argentinazo del 2001 impuso el no pago por varios años. Con todos estos antecedentes, el llamamiento desvía la atención cifrando esperanzas en la investigación.

Lamentablemente el MST-Nueva Izquierda, integrante del Frente de Izquierda Unidad con la firma de Bodart, Ripoll y Cele Fierro, firmó dicha autoconvocatoria poniendo el centro en la investigación (aunque la adornen diciendo que a la vez hay que suspender los pagos) diciendo: “proponemos una auditoria ciudadana que demuestre quiénes se han enriquecido con este mecanismo perverso”? ¿O acaso no sabemos que los que se han enriquecido son los usureros, los bancos, las multinacionales, el FMI y el imperialismo? Esta postura que criticamos es la histórica de la centroizquierda argentina y mundial, la que vino levantando Pino Solanas (hoy designado embajador a la Unesco por Alberto Fernández) o Claudio Lozano (recientemente designado director del Banco Nación por el Frente de Todos, quien a su vez es firmante del llamamiento).

Quienes firman el llamamiento llaman a movilizar. Estamos de acuerdo en la más amplia unidad para movilizar y en impulsar un gran movimiento amplio, pero por el no pago y la ruptura con el FMI, no por políticas que desvían ese camino.

Desde Izquierda Socialista ratificamos la línea del no pago, fundamentalmente porque Argentina está en un estado de necesidad que necesita esos fondos para combatir los males sociales, para dar trabajo, salario, salud y educación, no para seguir engordando a los usureros como acaba de hacer el ex ministro de Cristina y hoy gobernador de la provincia de Buenos Aires.

Este miércoles 12 viene una misión del Fondo Monetario. Mientras ese mismo día los movimientos sociales denominados “cayetanos” harán una marcha en apoyo al gobierno (como si el gobierno peronista estuviera librando “alguna pelea” contra el FMI), el Frente de Izquierda la va a repudiar con un acto en Plaza de Mayo desde las 17:30 por el no pago. Creemos que ese es el camino a seguir de la mano de los pueblos latinoamericanos como Chile y Ecuador que vienen enfrentando los planes de ajuste del FMI y de sus gobiernos capitalistas.

(*) Firman el llamamiento, entre otros: Nora Cortiñas, Serpaj, Claudio Lozano (Unidad Popular-CABA), Carlos del Frade (Diputado Provincial Santa Fe), Eduardo Gruner (profesor UBA), Eduardo Lucita (EDI), Enrique Gandolfo (Sec. Gral. CTA Bahía Blanca-Coronel Dorrego), Gustavo Teres (Sec. Gral. Amsafe y CTA-Rosario-Santa Fe), Luis Zamora, María del Carmen Verdú (Correpi), Norberto Señor (Sec.  Gremial ATE Sur), CTAA Capital, Diálogo 2000-Jubileo Sur Argentina, Ataac y Opinión Socialista.