Escribe Daniel Vera 
Miembro de la Red de Sobrevivientes de Abusos Eclesiásticos de Argentina 
Militante de Izquierda Socialista en el FIT-U

La justicia tiene una política de clase irreconciliable y es patriarcal y clerical. Lo vemos todos los días cuando otorga impunidad en casos de abuso sexual o de trata de personas. En este caso en particular se manifiesta de parte del Estado, que dice ser "laico", pero cuyos gobiernos sostienen y defienden a la iglesia católica y además le conceden poder.

El caso del Próvolo tiene el agravante de tratarse de niñes vulnerables en una institución que les debería proteger. El abuso de poder y la impunidad muestran su cara más terrible y delictiva.

En esta ocasión los jueces Violini y Borinsky (de la Cámara de Casación de La Plata) dijeron que como los abusos y las torturas del caso en cuestión ocurrieron entre 1982 y 1993, no es posible juzgar a los acusados porque los delitos son previos a la promulgación de la ley de imprescriptibilidad de los crímenes sexuales. Y agregaron: “La aplicación retroactiva de la ley penal en contra del imputado violenta los principios de legalidad y debido proceso”, dándole total impunidad a los violadores, ya que no niegan los hechos, sólo fundamentan un formalismo jurídico, que tiene mucho de político, ya que encubren a la curia y a los abusadores que son parte de ella.

Sin embargo no debemos dejar de decir y denunciar: hay suficientes pruebas y testimonios que no dejan lugar a ninguna duda que los terribles delitos existieron y que les niñes víctimas ven cómo ante los desgarradores, crueles e infames ataques de los que fueron y son víctimas, la justicia les da la espalda y pretende dejar impune a los curas violadores.

Es oportuno recordar que el 30 de abril del presente año, el arzobispo de Buenos Aires y cardenal primado de la Argentina Mario Poli, entregó una nota firmada al Tribunal Oral N°3, donde debe ser enjuiciado el sacerdote Manuel Pascual (hoy preso en Ezeiza) imputado de abuso sexual con acceso carnal gravemente ultrajante, agravado por la condición de sacerdote católico (Infobae 26/05/2020), para que sea beneficiado con un trasladado a una propiedad de la iglesia.

Se reitera una vez más la imperiosa necesidad de cambiar esta situación de raíz. Es imprescindible la máxima unidad y movilización para terminar con los privilegios de la iglesia de parte de los gobiernos y la justicia.
Hay que exigir que los delitos de abuso sexual sean imprescriptibles y más aún en el caso de los abusos a menores y con mayor énfasis en el ámbito eclesiástico. Que la prescripción deje de ser puesta al servicio de la impunidad de los abusadores.

¡EL DOLOR NO PRESCRIBE!
¡SEPARACIÓN DE LAS IGLESIAS DEL ESTADO!
¡LOS GOBIERNOS SON RESPONSABLES!